SUMAS & restas
El Gobierno va bien, el país va mal…
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Concluido el periodo de gracia del actual Gobierno, comienzan los afanes para no defraudar a un país atrapado por el “embrujo santista”. La prueba de fuego es el comportamiento de la economía y la percepción de los colombianos. La última encuesta realizada por la firma Gallup a 1.200 entrevistados residentes en las cinco principales ciudades capitales, muestra la bipolaridad anímica de nuestros conciudadanos, en un país literalmente bajo el agua.
Entre octubre y diciembre de este año se dio un vuelco radical en la opinión ciudadana. Mientras en octubre el 46 por ciento de los encuestados declaró que la economía mejoraba, en diciembre esta proporción cayó a 37 por ciento. En el entretanto el nivel de desaprobación fue mayor: se elevó en 14 puntos. Contrasta lo anterior con lo referente al desempleo: el optimismo saltó del 20 al 30 por ciento de los entrevistados, lo que no logró contrarrestar que aumentara el grado de rechazo del manejo presidencial en esta área en tres puntos. Sin embargo, como los menguados ingresos son insuficientes, y, aún más, con el irrisorio incremento salarial para el año entrante, quienes declararon que la carestía ha rebrotado, y, por lo tanto ha empeorado su situación , pasó de 57 a 68 por ciento. Pero, paradójicamente, la percepción de que la lucha contra la pobreza, ha mejorado ascendió de 45 a 48 por ciento en los últimos tres meses. Como los contrastes son el denominador común, el nivel de aceptación en este ámbito, durante este corto intervalo presidencial, cayó siete puntos.
Los contradictorios síntomas de la economía han conducido a una caída de la favorabilidad del Presidente Santos, la cual se contrajo de 76 a 72 por ciento, siendo un buen guarismo si se compara con sus antecesores, cuya popularidad sucumbió ante los escándalos de corrupción y procesos de paz fallidos, salvo el pugnaz propietario de El Ubérrimo, quien, continúa con un incombustible teflón.
Pese a que las encuestas de opinión en la pasada contienda electoral fueron objeto de un meticuloso escrutinio, sus resultados hay que relativizarlos, pues son percepciones muy volubles que pueden verse alteradas por episodios económicos, políticos y sociales, pudiendo tener una resonancia mediática carente de neutralidad. El desastre invernal genera pesimismo y desesperanza con gobiernos indolentes (nacional y local) con un retórico discurso ambiental, pero con escasas o nulas acciones preventivas origen de un estado de emergencia permanente, en que los principales damnificados son los más de veinte millones de colombianos en condiciones de irredimible pobreza. Ante los incalculables costos humanos y materiales, las campañas humanitarias emprendidas por los medios de comunicación son tan sólo un paliativo; su principal valor es haber desatado la solidaridad en una sociedad aturdida por tantos conflictos de tan diversa intensidad.
OTROSÍ: Ante los cuestionamientos que se le han hecho a las corporaciones ambientales, ¿cuál ha sido la responsabilidad de Corpoboyacá, Corpochivor, y la CAR?
A mis fieles lectores UN PRÓSPERO AÑO 2011.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
domingo, 19 de diciembre de 2010
Plan de desarrollo: pensando con el deseo
SUMAS & restas
Plan de desarrollo: pensando con el deseo
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional anunció la “hoja de ruta” del plan cuatrienal de desarrollo cuyo nombre tiene un raro tufillo asociado a su antecesor: “Prosperidad democrática para todos”; el anterior se denominaba “Estado Comunitario: desarrollo para todos”. En el nuevo plan, aparte de las cinco “locomotoras” que jalonarán el crecimiento en los próximos cuatro años, se fijaron unas ambiciosas metas que tendrán que pasar por el filtro de la escueta realidad colombiana.
La jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha puesto en el horizonte del año 2014 una meta de crecimiento económico de 6,2 por ciento, una tasa de desempleo de un dígito (9 por ciento), la reducción de la pobreza en 2,5 millones de colombianos y un ingreso promedio de 7.200 dólares, siendo propósitos encomiables, que involucrarán una inversión pública de $ 485 billones –proviniendo el 58 por ciento del presupuesto nacional-, para que, realmente, la escurridiza prosperidad irrigue el tejido social del país. Sin embargo, sobra optimismo y falta realismo, a juzgar por los resultados que arrojó la ejecución del plan anterior, que propuso una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar el gobierno uribista de 5 por ciento y sólo logró un guarismo de 4,3 por ciento, derivado del mediocre desempeño de la economía el año pasado: 0,8 por ciento. Asimismo pretendió abatir la desocupación a un nivel de 8,8 por ciento y el deterioro del mercado laboral lo ha confinado a un 12 por ciento. Para rematar, buscó reducir la línea de pobreza a 39,6 por ciento y la brecha persiste tercamente en 45,5 por ciento.
Contraer la dramática pobreza que agobia a, alrededor, de 20 millones de colombianos que malviven con cerca de medio salario mínimo en los niveles planteados por el DNP es insistir en la incumplida meta del pasado Gobierno. Simultáneamente, alcanzar un ingreso por habitante de 7.200 dólares es caer en la trampa del voluntarista “realismo macondiano” de que está imbuido el Gobierno Santista, puesto que el nivel registrado el año pasado apenas bordea los 3.000 dólares.
No obstante que el Gobierno no ha vuelto a reiterar su pretensión de crear, durante este periodo presidencial, 2,5 millones de empleos, es pertinente subrayar que en los ocho años del propietario de “El Ubérrimo” sólo se crearon 2,8 millones de nuevas plazas de trabajo, en tanto que el subempleo se incrementó en 464.000 personas.
Pese a que la imagen del Presidente Santos, según la última encuesta de opinión de Napoleón Franco se encumbró al 73 por ciento; tal como ocurrió con su locuaz predecesor, los problemas económicos y sociales que más gravitan en la cotidianidad del colombiano de a pie son el crecimiento económico y el desempleo, ámbito en que el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, obtuvo una desaprobación del 39 y del 56 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Llama la atención que el Alcalde de Tunja haya sido designado nuevo integrante del Consejo Nacional de Planeación (CNP),-instancia responsable del análisis y desde allí formular recomendaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo-, cuando en la última encuesta de favorabilidad entre los alcaldes de las ciudades capitales ocupó el último lugar. La parafernalia mediática con la que celebró el mandatario local su designación no puede ocultar su pésima gestión la que ha desatado la justificada protesta ciudadana.
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Plan de desarrollo: pensando con el deseo
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional anunció la “hoja de ruta” del plan cuatrienal de desarrollo cuyo nombre tiene un raro tufillo asociado a su antecesor: “Prosperidad democrática para todos”; el anterior se denominaba “Estado Comunitario: desarrollo para todos”. En el nuevo plan, aparte de las cinco “locomotoras” que jalonarán el crecimiento en los próximos cuatro años, se fijaron unas ambiciosas metas que tendrán que pasar por el filtro de la escueta realidad colombiana.
La jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha puesto en el horizonte del año 2014 una meta de crecimiento económico de 6,2 por ciento, una tasa de desempleo de un dígito (9 por ciento), la reducción de la pobreza en 2,5 millones de colombianos y un ingreso promedio de 7.200 dólares, siendo propósitos encomiables, que involucrarán una inversión pública de $ 485 billones –proviniendo el 58 por ciento del presupuesto nacional-, para que, realmente, la escurridiza prosperidad irrigue el tejido social del país. Sin embargo, sobra optimismo y falta realismo, a juzgar por los resultados que arrojó la ejecución del plan anterior, que propuso una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar el gobierno uribista de 5 por ciento y sólo logró un guarismo de 4,3 por ciento, derivado del mediocre desempeño de la economía el año pasado: 0,8 por ciento. Asimismo pretendió abatir la desocupación a un nivel de 8,8 por ciento y el deterioro del mercado laboral lo ha confinado a un 12 por ciento. Para rematar, buscó reducir la línea de pobreza a 39,6 por ciento y la brecha persiste tercamente en 45,5 por ciento.
Contraer la dramática pobreza que agobia a, alrededor, de 20 millones de colombianos que malviven con cerca de medio salario mínimo en los niveles planteados por el DNP es insistir en la incumplida meta del pasado Gobierno. Simultáneamente, alcanzar un ingreso por habitante de 7.200 dólares es caer en la trampa del voluntarista “realismo macondiano” de que está imbuido el Gobierno Santista, puesto que el nivel registrado el año pasado apenas bordea los 3.000 dólares.
No obstante que el Gobierno no ha vuelto a reiterar su pretensión de crear, durante este periodo presidencial, 2,5 millones de empleos, es pertinente subrayar que en los ocho años del propietario de “El Ubérrimo” sólo se crearon 2,8 millones de nuevas plazas de trabajo, en tanto que el subempleo se incrementó en 464.000 personas.
Pese a que la imagen del Presidente Santos, según la última encuesta de opinión de Napoleón Franco se encumbró al 73 por ciento; tal como ocurrió con su locuaz predecesor, los problemas económicos y sociales que más gravitan en la cotidianidad del colombiano de a pie son el crecimiento económico y el desempleo, ámbito en que el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, obtuvo una desaprobación del 39 y del 56 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Llama la atención que el Alcalde de Tunja haya sido designado nuevo integrante del Consejo Nacional de Planeación (CNP),-instancia responsable del análisis y desde allí formular recomendaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo-, cuando en la última encuesta de favorabilidad entre los alcaldes de las ciudades capitales ocupó el último lugar. La parafernalia mediática con la que celebró el mandatario local su designación no puede ocultar su pésima gestión la que ha desatado la justificada protesta ciudadana.
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Un simulacro más
SUMAS & restas
Un simulacro más
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor Titular de la UPTC)
Concluyó en la UPTC un ciclo electoral con resultados predecibles. El prefabricado libreto no fue alterado. Sus protagonistas hicieron apuestas con las cartas marcadas. El resto, la accidentada sesión del Consejo Superior, era sólo un mero trámite. Así se aseguraba el continuismo de la actual administración y se ungía a su heredero. Un presupuesto de $ 150.000 millones y una bolsa de más de 400 de supernumerarios y contratos a término fijo de una nómina de cerca de 1.000 trabajadores y empleados -a los que se añaden los contratados por las empresas de servicios temporales encargadas de los servicios generales-, son un apetecido botín.
La elección del Rector de la UPTC, cuyo periodo se inaugura el primero de enero de 2011 y se prolonga hasta el 2014, ha evidenciado no sólo la fragilidad de la democracia universitaria, prisionera de micropoderes externos, sino de procesos electorales contaminados por el más burdo clientelismo. Las consultas a los estamentos para escoger la lista de candidatos elegibles fue sólo una parodia de democracia participativa, sin ningún carácter vinculante. Como muestra un botón: el Rector electo sólo obtuvo el 16 por ciento de la favorabilidad entre los estudiantes presenciales –por efecto del abstencionismo sólo el 27,3 por ciento concurrió a esta consulta-, el 15,8 por ciento de los profesores, el 14,8 por ciento de los empleados y trabajadores, pero, logró el 41,5 por ciento de una indeterminada población de ex alumnos, resultante de una frenética parafernalia de “trasteo de electores”, reproduciendo las censurables prácticas de cualquier elección pueblerina. La “minoría hegemónica” no le imprime legitimidad a elecciones de esta naturaleza y pone en jaque la gobernabilidad institucional.
De otro lado, es preocupante, que la misma composición del Consejo Superior no garantiza una escogencia imparcial: la minoritaria presencia de los estamentos universitarios, pone en manos de los sectores extrauniversitarios la decisión final. La apabullante injerencia gubernamental, a través de sus tres representantes de nueve integrantes, “alinea” a la de los de egresados y empresarios, y así tiene una mayoría relativa, que valida el proceso pero no lo legitima. Por ello, el retiro de la sesión de los representantes de profesores, estudiantes y ex rectores, fue un gesto de dignidad ante la ausencia de garantías para una transparente deliberación guiada solamente por el propósito común del fortalecimiento de nuestra universidad pública regional y no las soterradas componendas parlamentarias, aguijoneadas por la generosa oferta de puestos y contratos. La esperada neutralidad del Ministerio de Educación se trastrocó en la subordinación de la orientación de la universidad pública a los mezquinos intereses de la voraz casta política regional. Como se ha constatado en los últimos años, la integración del Consejo Superior, no refleja el entramado universitario, puesto que existe un manifiesto desequilibrio que desvirtúa la democracia interna, afianzando un estilo de verticalidad autoritaria.
Por una vez más la Comunidad Universitaria participó en un simulacro de democracia participativa, en que predominó la apariencia pero no la esencia, lo formal pero no lo real. La tenaza de los micropoderes extrauniversitarios estrangulará los intentos de autonomía institucional. Es gobernar en cuerpo ajeno.
OTROSÍ: Los parlamentarios boyacenses en lugar de estar atentos al zarpazo de las regalías provenientes del petróleo, carbón, caliza, esmeraldas y mineral de hierro, que pretende dar el Gobierno Nacional, se dedicaron a jugar póker con la elección de Rector de la UPTC.
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Un simulacro más
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor Titular de la UPTC)
Concluyó en la UPTC un ciclo electoral con resultados predecibles. El prefabricado libreto no fue alterado. Sus protagonistas hicieron apuestas con las cartas marcadas. El resto, la accidentada sesión del Consejo Superior, era sólo un mero trámite. Así se aseguraba el continuismo de la actual administración y se ungía a su heredero. Un presupuesto de $ 150.000 millones y una bolsa de más de 400 de supernumerarios y contratos a término fijo de una nómina de cerca de 1.000 trabajadores y empleados -a los que se añaden los contratados por las empresas de servicios temporales encargadas de los servicios generales-, son un apetecido botín.
La elección del Rector de la UPTC, cuyo periodo se inaugura el primero de enero de 2011 y se prolonga hasta el 2014, ha evidenciado no sólo la fragilidad de la democracia universitaria, prisionera de micropoderes externos, sino de procesos electorales contaminados por el más burdo clientelismo. Las consultas a los estamentos para escoger la lista de candidatos elegibles fue sólo una parodia de democracia participativa, sin ningún carácter vinculante. Como muestra un botón: el Rector electo sólo obtuvo el 16 por ciento de la favorabilidad entre los estudiantes presenciales –por efecto del abstencionismo sólo el 27,3 por ciento concurrió a esta consulta-, el 15,8 por ciento de los profesores, el 14,8 por ciento de los empleados y trabajadores, pero, logró el 41,5 por ciento de una indeterminada población de ex alumnos, resultante de una frenética parafernalia de “trasteo de electores”, reproduciendo las censurables prácticas de cualquier elección pueblerina. La “minoría hegemónica” no le imprime legitimidad a elecciones de esta naturaleza y pone en jaque la gobernabilidad institucional.
De otro lado, es preocupante, que la misma composición del Consejo Superior no garantiza una escogencia imparcial: la minoritaria presencia de los estamentos universitarios, pone en manos de los sectores extrauniversitarios la decisión final. La apabullante injerencia gubernamental, a través de sus tres representantes de nueve integrantes, “alinea” a la de los de egresados y empresarios, y así tiene una mayoría relativa, que valida el proceso pero no lo legitima. Por ello, el retiro de la sesión de los representantes de profesores, estudiantes y ex rectores, fue un gesto de dignidad ante la ausencia de garantías para una transparente deliberación guiada solamente por el propósito común del fortalecimiento de nuestra universidad pública regional y no las soterradas componendas parlamentarias, aguijoneadas por la generosa oferta de puestos y contratos. La esperada neutralidad del Ministerio de Educación se trastrocó en la subordinación de la orientación de la universidad pública a los mezquinos intereses de la voraz casta política regional. Como se ha constatado en los últimos años, la integración del Consejo Superior, no refleja el entramado universitario, puesto que existe un manifiesto desequilibrio que desvirtúa la democracia interna, afianzando un estilo de verticalidad autoritaria.
Por una vez más la Comunidad Universitaria participó en un simulacro de democracia participativa, en que predominó la apariencia pero no la esencia, lo formal pero no lo real. La tenaza de los micropoderes extrauniversitarios estrangulará los intentos de autonomía institucional. Es gobernar en cuerpo ajeno.
OTROSÍ: Los parlamentarios boyacenses en lugar de estar atentos al zarpazo de las regalías provenientes del petróleo, carbón, caliza, esmeraldas y mineral de hierro, que pretende dar el Gobierno Nacional, se dedicaron a jugar póker con la elección de Rector de la UPTC.
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Tunja: ¿una ciudad cara?
SUMAS & restas
Tunja: ¿una ciudad cara?
Recientemente divulgó el Dane su medición del nivel de precios de bienes y servicios y, contrario a lo esperado, el acumulado en lo corrido del año (2,31 por ciento), supera a la inflación con la que finalizó el 2009. En octubre la variación en los precios de la canasta familiar fue negativa situándose en -0,09 por ciento, atribuyéndole este resultado a la trepada de los precios de vivienda, salud y educación, que contrasta-¡quien lo creyera! con la merma, por quinto mes consecutivo –contrario a lo que se observa en Tunja-, en el precio de los alimentos, en el que las torrenciales lluvias e inundaciones no han hecho mella, según el Dane, en la siembra y en las cosechas. Resulta ilustrativo que uno de los renglones con mayores incrementos en ese mes fue el de las bebidas alcohólicas.
En el mes pasado Tunja fue la quinta ciudad con mayores incrementos, después de Pasto, Medellín, Pereira y Bucaramanga, con un acumulado de 1,18 por ciento ocupando el penúltimo lugar –sólo aventajada por Cúcuta en cuanto al nivel inflacionario –en el escalafón de las 24 ciudades incluidas por el Dane. Los más afectados con el aumento en los precios de la canasta familiar son los estratos ingreso bajo y medio, mientras que el alto compensa, mediante el crédito de consumo y el dinero plástico la liquidez inmediata.
De otro lado, es preocupante que el deterioro del mercado laboral en Tunja no cede. En el tercer trimestre de 2010 (julio-septiembre), la tasa de desempleo registrada (12,4 por ciento) fue casi idéntica a la encontrada en el mismo periodo de 2007: 12,6 por ciento, coincidiendo con lo transcurrido de la actual administración municipal. Quizá lo más dramático es que la tasa de subempleo (una versión del desempleo disfrazado) ascendió a 33,2 por ciento lo que contrasta con el nivel observado en 2007: 32,4 por ciento. Este guarismo se asemeja al comportamiento del desempleo y subempleo a escala nacional. Lo anterior significa que Tunja tiene 10.000 desempleados y 27.000 subempleados, equivalentes, respectivamente, al 12,5 y 33,7 por ciento de la población laboral tunjana. La carencia de oportunidades de trabajo agobia, día tras día, a muchos jóvenes. La existencia del trabajo temporal o angustioso rebusque es una azarosa búsqueda de precarias alternativas que sólo dejan desencanto y baja autoestima, puesto que la exclusión del circuito laboral genera frustración y marginalidad. Es inquietante que la política de empleo remunerado esté ausente de cualquier agenda de gobierno y los llamados “observatorios laborales” sólo sean escenarios para que algunos pocos empleados tengan “oficio”.
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. Tunja parece una ciudad destruida. La ampliación de los andenes de los andenes –en la que se invertirán $ 1.900 millones-, reduciendo el ancho de las vías, es una solución cosmética, ya que el deterioro seguirá acentuándose ante la desidia de la Alcaldía y la indiferencia de juntas de acción comunal. Capítulo aparte son las vías internas de las zonas residenciales que se han retrotraído a los caminos de herradura. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Tunja: ¿una ciudad cara?
Recientemente divulgó el Dane su medición del nivel de precios de bienes y servicios y, contrario a lo esperado, el acumulado en lo corrido del año (2,31 por ciento), supera a la inflación con la que finalizó el 2009. En octubre la variación en los precios de la canasta familiar fue negativa situándose en -0,09 por ciento, atribuyéndole este resultado a la trepada de los precios de vivienda, salud y educación, que contrasta-¡quien lo creyera! con la merma, por quinto mes consecutivo –contrario a lo que se observa en Tunja-, en el precio de los alimentos, en el que las torrenciales lluvias e inundaciones no han hecho mella, según el Dane, en la siembra y en las cosechas. Resulta ilustrativo que uno de los renglones con mayores incrementos en ese mes fue el de las bebidas alcohólicas.
En el mes pasado Tunja fue la quinta ciudad con mayores incrementos, después de Pasto, Medellín, Pereira y Bucaramanga, con un acumulado de 1,18 por ciento ocupando el penúltimo lugar –sólo aventajada por Cúcuta en cuanto al nivel inflacionario –en el escalafón de las 24 ciudades incluidas por el Dane. Los más afectados con el aumento en los precios de la canasta familiar son los estratos ingreso bajo y medio, mientras que el alto compensa, mediante el crédito de consumo y el dinero plástico la liquidez inmediata.
De otro lado, es preocupante que el deterioro del mercado laboral en Tunja no cede. En el tercer trimestre de 2010 (julio-septiembre), la tasa de desempleo registrada (12,4 por ciento) fue casi idéntica a la encontrada en el mismo periodo de 2007: 12,6 por ciento, coincidiendo con lo transcurrido de la actual administración municipal. Quizá lo más dramático es que la tasa de subempleo (una versión del desempleo disfrazado) ascendió a 33,2 por ciento lo que contrasta con el nivel observado en 2007: 32,4 por ciento. Este guarismo se asemeja al comportamiento del desempleo y subempleo a escala nacional. Lo anterior significa que Tunja tiene 10.000 desempleados y 27.000 subempleados, equivalentes, respectivamente, al 12,5 y 33,7 por ciento de la población laboral tunjana. La carencia de oportunidades de trabajo agobia, día tras día, a muchos jóvenes. La existencia del trabajo temporal o angustioso rebusque es una azarosa búsqueda de precarias alternativas que sólo dejan desencanto y baja autoestima, puesto que la exclusión del circuito laboral genera frustración y marginalidad. Es inquietante que la política de empleo remunerado esté ausente de cualquier agenda de gobierno y los llamados “observatorios laborales” sólo sean escenarios para que algunos pocos empleados tengan “oficio”.
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. Tunja parece una ciudad destruida. La ampliación de los andenes de los andenes –en la que se invertirán $ 1.900 millones-, reduciendo el ancho de las vías, es una solución cosmética, ya que el deterioro seguirá acentuándose ante la desidia de la Alcaldía y la indiferencia de juntas de acción comunal. Capítulo aparte son las vías internas de las zonas residenciales que se han retrotraído a los caminos de herradura. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Lwy de presupuesto y financiación universitaria
SUMAS & restas
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…
Las paradojas de la competitividad
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Las paradojas de la competitividad
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES)
La globalización económica ha empujado no sólo a los países a lanzarse en una desenfrenada competencia darwinista, sino también a las regiones, perfilándose regiones ganadoras y perdedoras. La clave de ello es la competitividad que puede ser auténtica o espuria, basada en la explotación de los recursos naturales-como el actual espejismo minero-energético- o en la innovación tecno-científica.
Recientemente la Comisión Económica para América Latina (Cepal), divulgó un estudio sobre el escalafón de la competitividad de los departamentos colombianos. Los factores escogidos fueron Fortaleza económica, Capital humano, Infraestructura, Ciencia & Tecnología, Finanzas y Gestión pública y Medio ambiente. Como era de preverse la dupleta Bogotá-Cundinamarca ocupa el primer lugar dentro de las 30 regiones clasificadas en 2009, en tanto que Chocó era el “colero”. Contrario a lo que podría suponerse Boyacá se situó en el nivel medio-alto con un puntaje de 57,4 de un tope de 100 puntos, fundamentado, paradójicamente, en su estrecha estructura económica y lenta apertura comercial, una las anclas de la competitividad. Sin embargo, evidencia un rezago en la infraestructura vial, en la transferencia tecnológica y en la preservación del medio ambiente, lo que es contrarrestado por su acervo de capital humano (salud y educación) y el manejo de sus finanzas. Resulta cuestionable que los avances en la competitividad no estén acompañados de una mejoría del mercado laboral, cuyo deterioro creciente es inocultable.
No obstante el repunte del departamento en su competitividad, según el estudio Doing Bussines Colombia 2010, Tunja revelaba notorias barreras para crear empresas. De 21 ciudades capitales incluidas, a pesar de que la ciudad ocupaba el 10º. puesto en las facilidades para hacer negocios, es la que mayor número de trámites requiere (15), el mayor número de días requeridos (43) y facilidades para montar una empresa (21º. lugar). Lo anterior parecería contradecir los hallazgos de la Cepal, al convertirse en un obstáculo para fortalecer el tejido empresarial. Esta situación debería alarmar a las cámaras de comercio, particularmente la de Tunja, polo de atracción de la inversión del centro del departamento. La tramitomanía no es un rasgo exclusivo de las entidades públicas. Los gremios privados padecen, también, la burocratización.
OTROSÍ: Pertenecer a la Administración y postularse a la Rectoría trae consigo ventajas que distorsionan la democracia representativa. Lo recomendable es renunciar para que exista igualdad de condiciones. Aunque no existan inhabilidades legales si existe un impedimento ético. No se puede jugar con los dados cargados, ni con las cartas marcadas. El engranaje burocrático se pone al servicio de los candidatos herederos del actual Rector de la UPTC. Ojalá que en la elección del 11 de noviembre, el Consejo Superior, que, indudablemente, está permeado por los grupos de poder de dentro y fuera de la Universidad, escoja una persona con capacidad de liderazgo y no alguien con la que se gobierne “en cuerpo ajeno”, para perpetuar el clientelismo al menudeo.
Las paradojas de la competitividad
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES)
La globalización económica ha empujado no sólo a los países a lanzarse en una desenfrenada competencia darwinista, sino también a las regiones, perfilándose regiones ganadoras y perdedoras. La clave de ello es la competitividad que puede ser auténtica o espuria, basada en la explotación de los recursos naturales-como el actual espejismo minero-energético- o en la innovación tecno-científica.
Recientemente la Comisión Económica para América Latina (Cepal), divulgó un estudio sobre el escalafón de la competitividad de los departamentos colombianos. Los factores escogidos fueron Fortaleza económica, Capital humano, Infraestructura, Ciencia & Tecnología, Finanzas y Gestión pública y Medio ambiente. Como era de preverse la dupleta Bogotá-Cundinamarca ocupa el primer lugar dentro de las 30 regiones clasificadas en 2009, en tanto que Chocó era el “colero”. Contrario a lo que podría suponerse Boyacá se situó en el nivel medio-alto con un puntaje de 57,4 de un tope de 100 puntos, fundamentado, paradójicamente, en su estrecha estructura económica y lenta apertura comercial, una las anclas de la competitividad. Sin embargo, evidencia un rezago en la infraestructura vial, en la transferencia tecnológica y en la preservación del medio ambiente, lo que es contrarrestado por su acervo de capital humano (salud y educación) y el manejo de sus finanzas. Resulta cuestionable que los avances en la competitividad no estén acompañados de una mejoría del mercado laboral, cuyo deterioro creciente es inocultable.
No obstante el repunte del departamento en su competitividad, según el estudio Doing Bussines Colombia 2010, Tunja revelaba notorias barreras para crear empresas. De 21 ciudades capitales incluidas, a pesar de que la ciudad ocupaba el 10º. puesto en las facilidades para hacer negocios, es la que mayor número de trámites requiere (15), el mayor número de días requeridos (43) y facilidades para montar una empresa (21º. lugar). Lo anterior parecería contradecir los hallazgos de la Cepal, al convertirse en un obstáculo para fortalecer el tejido empresarial. Esta situación debería alarmar a las cámaras de comercio, particularmente la de Tunja, polo de atracción de la inversión del centro del departamento. La tramitomanía no es un rasgo exclusivo de las entidades públicas. Los gremios privados padecen, también, la burocratización.
OTROSÍ: Pertenecer a la Administración y postularse a la Rectoría trae consigo ventajas que distorsionan la democracia representativa. Lo recomendable es renunciar para que exista igualdad de condiciones. Aunque no existan inhabilidades legales si existe un impedimento ético. No se puede jugar con los dados cargados, ni con las cartas marcadas. El engranaje burocrático se pone al servicio de los candidatos herederos del actual Rector de la UPTC. Ojalá que en la elección del 11 de noviembre, el Consejo Superior, que, indudablemente, está permeado por los grupos de poder de dentro y fuera de la Universidad, escoja una persona con capacidad de liderazgo y no alguien con la que se gobierne “en cuerpo ajeno”, para perpetuar el clientelismo al menudeo.
La trampa del subempleo
SUMAS & restas
La trampa del subempleo
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los fenómenos más preocupantes del mercado laboral es el subempleo. Este es una manifestación encubierta del desempleo, ya sea porque la persona considera que puede trabajar mayor tiempo, porque sus competencias laborales no son reconocidas o porque sus ingresos son insuficientes. En el mes de agosto se estimaba el subempleo en 7,3 millones de colombianos: un poco más del 38 por ciento de las personas ocupadas.
En la última medición del mercado laboral el Dane encontró que entre agosto del año pasado e igual periodo de este año el subempleo denominado subjetivo- por prevalecer la percepción del encuestado-, saltó de 29,7 a 34 por ciento, lo que significa que en este intervalo cerca de 1,2 millones adquirieron esta condición de precariedad laboral que gravita sobre bachilleres y profesionales, particularmente los más jóvenes y el género femenino, que buscan afanosamente quien los contrate con frustrantes resultados. Hoy por hoy tener un título profesional no garantiza un empleo seguro. Los desempleados y subempleados suman alrededor de 9 millones de personas.
En el trimestre junio-agosto de 2010, a pesar de la caída del desempleo en Tunja, cuya tasa descendió de 14,4 a 13,1 por ciento nivel muy similar al promedio nacional (12,8 por ciento), el subempleo se triplicó, comoquiera que se situó en 33 por ciento. La deserción estudiantil es uno de sus detonantes. Es revelador el hecho de que al finalizar agosto de este año 26.000 tunjanos se desempeñaban en trabajos temporales, ya sea en instituciones públicas, a través de las llamadas ordenes de prestación de servicios o en empresas con contratos a término fijo, en los que la intermediación la efectúan las agencias de servicios temporales o las cooperativas de trabajo asociado, que se han lucrado bajo la flexibilización laboral. Una tercera parte de los trabajadores y empleados se encuentran insatisfechos con sus ocupaciones; la escasez de oportunidades de trabajo induce la informalidad, el rebusque diario carente de seguridad social.
OTROSÍ: Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) divulgó el escalafón de departamentos y municipios según su desempeño fiscal. Un aspecto que pasó desapercibido es que, pese a que la Gobernación de Boyacá se mantuvo durante los dos últimos años (2008 y 2009) en el puesto 10, la dependencia del presupuesto departamental de los giros del Gobierno Nacional pasó de 50,5 a 70,4 por ciento, lo que muestra un lento crecimiento de los recursos propios. A la administración municipal de Tunja no le fue mejor. Durante los últimos dos años retrocedió un largo trecho: luego de ocupar en 2008 el lugar 83 en 2009 se alejó al puesto 106, debido a un menor recaudo de ingresos, y, por consiguiente, mayor dependencia de las transferencias (54,4 por ciento). El tamaño de las vallas publicitarias es directamente proporcional al tamaño de la mediocridad institucional.
Posdata: Nada ataja el caos del tráfico en Tunja. De nada sirvió el refuerzo de la Policía a los agentes de tránsito. Cualquier partido de fútbol, cortejo fúnebre, caravana, cabalgata o competencia ciclística paraliza el tráfico, provocando trancones y accidentes aquí y allá, sin vías alternas. Los semáforos dejan de parpadear después de la 10 de la noche. Es increíble que una ciudad de 164.000 habitantes tolere costumbres pueblerinas.
Colofón: Inscritos los candidatos a la Rectoría de la UPTC, se inician las consultas estamentarias. Estas no tienen un carácter vinculante. El designado no siempre es el que ha obtenido la mayor favorabilidad. Así ocurrió con el actual Rector. ¡Esa es la democracia universitaria!
La trampa del subempleo
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los fenómenos más preocupantes del mercado laboral es el subempleo. Este es una manifestación encubierta del desempleo, ya sea porque la persona considera que puede trabajar mayor tiempo, porque sus competencias laborales no son reconocidas o porque sus ingresos son insuficientes. En el mes de agosto se estimaba el subempleo en 7,3 millones de colombianos: un poco más del 38 por ciento de las personas ocupadas.
En la última medición del mercado laboral el Dane encontró que entre agosto del año pasado e igual periodo de este año el subempleo denominado subjetivo- por prevalecer la percepción del encuestado-, saltó de 29,7 a 34 por ciento, lo que significa que en este intervalo cerca de 1,2 millones adquirieron esta condición de precariedad laboral que gravita sobre bachilleres y profesionales, particularmente los más jóvenes y el género femenino, que buscan afanosamente quien los contrate con frustrantes resultados. Hoy por hoy tener un título profesional no garantiza un empleo seguro. Los desempleados y subempleados suman alrededor de 9 millones de personas.
En el trimestre junio-agosto de 2010, a pesar de la caída del desempleo en Tunja, cuya tasa descendió de 14,4 a 13,1 por ciento nivel muy similar al promedio nacional (12,8 por ciento), el subempleo se triplicó, comoquiera que se situó en 33 por ciento. La deserción estudiantil es uno de sus detonantes. Es revelador el hecho de que al finalizar agosto de este año 26.000 tunjanos se desempeñaban en trabajos temporales, ya sea en instituciones públicas, a través de las llamadas ordenes de prestación de servicios o en empresas con contratos a término fijo, en los que la intermediación la efectúan las agencias de servicios temporales o las cooperativas de trabajo asociado, que se han lucrado bajo la flexibilización laboral. Una tercera parte de los trabajadores y empleados se encuentran insatisfechos con sus ocupaciones; la escasez de oportunidades de trabajo induce la informalidad, el rebusque diario carente de seguridad social.
OTROSÍ: Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) divulgó el escalafón de departamentos y municipios según su desempeño fiscal. Un aspecto que pasó desapercibido es que, pese a que la Gobernación de Boyacá se mantuvo durante los dos últimos años (2008 y 2009) en el puesto 10, la dependencia del presupuesto departamental de los giros del Gobierno Nacional pasó de 50,5 a 70,4 por ciento, lo que muestra un lento crecimiento de los recursos propios. A la administración municipal de Tunja no le fue mejor. Durante los últimos dos años retrocedió un largo trecho: luego de ocupar en 2008 el lugar 83 en 2009 se alejó al puesto 106, debido a un menor recaudo de ingresos, y, por consiguiente, mayor dependencia de las transferencias (54,4 por ciento). El tamaño de las vallas publicitarias es directamente proporcional al tamaño de la mediocridad institucional.
Posdata: Nada ataja el caos del tráfico en Tunja. De nada sirvió el refuerzo de la Policía a los agentes de tránsito. Cualquier partido de fútbol, cortejo fúnebre, caravana, cabalgata o competencia ciclística paraliza el tráfico, provocando trancones y accidentes aquí y allá, sin vías alternas. Los semáforos dejan de parpadear después de la 10 de la noche. Es increíble que una ciudad de 164.000 habitantes tolere costumbres pueblerinas.
Colofón: Inscritos los candidatos a la Rectoría de la UPTC, se inician las consultas estamentarias. Estas no tienen un carácter vinculante. El designado no siempre es el que ha obtenido la mayor favorabilidad. Así ocurrió con el actual Rector. ¡Esa es la democracia universitaria!
El agujero negro de las regalías
SUMAS & restas
EL AGUJERO NEGRO DE LAS REGALÍAS
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional está empeñado en reformar el sistema de distribución de las regalías. Estos recursos provienen de la producción y transporte de hidrocarburos y minerales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Ingeominas recaudaron cerca de $ 34 billones en el periodo 2004-2010. El reparto de estas regalías se hace de manera directa, a departamentos –los mayores receptores- y municipios productores, y, de manera indirecta, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por intermedio del Fondo Nacional de Regalías. El año pasado el 25 por ciento de los recursos se canalizaron a través de este organismo: alrededor de un billón de pesos.
La trayectoria observada es errática, por ejemplo, en las rentas petroleras, las de mayor gravitación –comoquiera que en 2009 representaron el 68 por ciento, seguido del carbón con el 24 por ciento- tuvieron en 2009 un nivel similar al de 2004: un poco menos de $ 4 billones. A junio de 2010 la ANH había girado $ 3,3 billones.
La mayor preocupación del Gobierno Central es la concentración de estas rentas minero-energéticas en unos pocos departamentos: de los 18 departamentos productores siete acaparan el 60 por ciento (Arauca, Casanare, La Guajira, Huila, Meta, Santander y Tolima). En el caso del carbón de los 12 departamentos carboníferos tres –La Guajira, Cesar y Magdalena- fueron beneficiarios del 73 por ciento. No es irrelevante el hecho de que Ingeominas y el DNP administren el 25 por ciento de estas regalías. El primer bloque de departamentos albergaba el 15 por ciento de la población, en tanto que el segundo 6,4 por ciento. Este es el primer cuestionamiento que se formula: la excesiva concentración geográfica desencadenante de una inequidad geográfica subproducto de una desigual dotación de recursos naturales. El segundo cuestionamiento es la incidencia sobre la inequidad social, al sostenerse que el abundante flujo de recursos públicos no ha disminuido la brecha social, persistiendo la marginalidad, la pobreza y la exclusión. Un indicador ilustrativo es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que en 2008 se situó, en promedio para el país, en 27,78. Mientras para Arauca y Casanare era de 35,91 y 35,55, respectivamente, para el Meta y Santander se estimaba en 25,03 y 17,29. Ello revela que no es una evidencia concluyente. Quizá el cuestionamiento más severo –no obstante, que ello es extensivo a toda la contratación pública en que se comprometen, por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – es que el DNP reportado 21.000 irregularidades, dando pie a una abrumadora corrupción, ante una congénita incapacidad de rigurosa supervisión y vigilancia de los organismos de control.
El Gobierno está haciendo cuentas alegres. La producción es incierta y los precios internacionales son volátiles. La bonanza es un espejismo. El argumento de que la corrupción es una enfermedad endémica de las entidades territoriales es falso. Las finanzas nacionales son drenadas por contratistas inescrupulosos con cercanía al Gobierno.
El Fondo de Compensación Regional reemplazará al Fondo Nacional de Regalías y no mitigará la brecha regional si no se concerta su distribución y se preserva la omnipotencia centralista.
OTROSÍ: En 2009 Boyacá fue receptora del 0,5 por ciento de las regalías carboníferas, 80 por ciento de esmeraldas, 88 por ciento de de caliza, y 71 por ciento de hierro. En el periodo 2004-2010 se giraron $ 650.000 millones a la Gobernación de Boyacá y a los municipios productores. ¿En qué se gastaron?
Posdata: Una vez se inscriban los candidatos a la Rectoría de la UPTC, se iniciarán las consultas estamentarias. Desgraciadamente, estas no tienen un carácter vinculante. El designado no siempre es el que ha obtenido la mayor favorabilidad. ¡Esa es la democracia universitaria!
EL AGUJERO NEGRO DE LAS REGALÍAS
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional está empeñado en reformar el sistema de distribución de las regalías. Estos recursos provienen de la producción y transporte de hidrocarburos y minerales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Ingeominas recaudaron cerca de $ 34 billones en el periodo 2004-2010. El reparto de estas regalías se hace de manera directa, a departamentos –los mayores receptores- y municipios productores, y, de manera indirecta, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por intermedio del Fondo Nacional de Regalías. El año pasado el 25 por ciento de los recursos se canalizaron a través de este organismo: alrededor de un billón de pesos.
La trayectoria observada es errática, por ejemplo, en las rentas petroleras, las de mayor gravitación –comoquiera que en 2009 representaron el 68 por ciento, seguido del carbón con el 24 por ciento- tuvieron en 2009 un nivel similar al de 2004: un poco menos de $ 4 billones. A junio de 2010 la ANH había girado $ 3,3 billones.
La mayor preocupación del Gobierno Central es la concentración de estas rentas minero-energéticas en unos pocos departamentos: de los 18 departamentos productores siete acaparan el 60 por ciento (Arauca, Casanare, La Guajira, Huila, Meta, Santander y Tolima). En el caso del carbón de los 12 departamentos carboníferos tres –La Guajira, Cesar y Magdalena- fueron beneficiarios del 73 por ciento. No es irrelevante el hecho de que Ingeominas y el DNP administren el 25 por ciento de estas regalías. El primer bloque de departamentos albergaba el 15 por ciento de la población, en tanto que el segundo 6,4 por ciento. Este es el primer cuestionamiento que se formula: la excesiva concentración geográfica desencadenante de una inequidad geográfica subproducto de una desigual dotación de recursos naturales. El segundo cuestionamiento es la incidencia sobre la inequidad social, al sostenerse que el abundante flujo de recursos públicos no ha disminuido la brecha social, persistiendo la marginalidad, la pobreza y la exclusión. Un indicador ilustrativo es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que en 2008 se situó, en promedio para el país, en 27,78. Mientras para Arauca y Casanare era de 35,91 y 35,55, respectivamente, para el Meta y Santander se estimaba en 25,03 y 17,29. Ello revela que no es una evidencia concluyente. Quizá el cuestionamiento más severo –no obstante, que ello es extensivo a toda la contratación pública en que se comprometen, por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – es que el DNP reportado 21.000 irregularidades, dando pie a una abrumadora corrupción, ante una congénita incapacidad de rigurosa supervisión y vigilancia de los organismos de control.
El Gobierno está haciendo cuentas alegres. La producción es incierta y los precios internacionales son volátiles. La bonanza es un espejismo. El argumento de que la corrupción es una enfermedad endémica de las entidades territoriales es falso. Las finanzas nacionales son drenadas por contratistas inescrupulosos con cercanía al Gobierno.
El Fondo de Compensación Regional reemplazará al Fondo Nacional de Regalías y no mitigará la brecha regional si no se concerta su distribución y se preserva la omnipotencia centralista.
OTROSÍ: En 2009 Boyacá fue receptora del 0,5 por ciento de las regalías carboníferas, 80 por ciento de esmeraldas, 88 por ciento de de caliza, y 71 por ciento de hierro. En el periodo 2004-2010 se giraron $ 650.000 millones a la Gobernación de Boyacá y a los municipios productores. ¿En qué se gastaron?
Posdata: Una vez se inscriban los candidatos a la Rectoría de la UPTC, se iniciarán las consultas estamentarias. Desgraciadamente, estas no tienen un carácter vinculante. El designado no siempre es el que ha obtenido la mayor favorabilidad. ¡Esa es la democracia universitaria!
lunes, 5 de julio de 2010
Profesionales en la olla
SUMAS & restas
Profesionales en la olla
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La Ley de Okun no es válida en Colombia. Esta hipótesis sostiene que el crecimiento económico va acompañado de una caída simultánea del desempleo. Así lo evidencia el comportamiento reciente de la economía colombiana que, incluso no se desvirtúa con el repunte observado en el primer trimestre de este año: pese a que el PIB creció en 4,4 por ciento el desempleo se ha remontado en más del 12 por ciento.
Asimismo, no obstante que el empleo sea elevado levemente, ni su ritmo ni su composición ni su calidad son las deseables. Desde mayo de 2009 sólo se ha incrementado en 2,5 por ciento mientras que la fuente de este crecimiento han sido los servicios de baja productividad pertenecientes a actividades informales en que la categoría predominante son los llamados “trabajadores por cuenta propia” (43 por ciento). La economía ha sido incapaz de absorber la creciente oferta de mano de obra, lo que se ve acentuado por los estímulos gubernamentales hacia procesos intensivos en capital fijo, tal como lo ejemplifican las zonas francas. Por ello el desempleo en mayo de 2010 es casi idéntico al de 2003: 12,1 por ciento.
El deterioro del mercado laboral está articulado a la compresión salarial lo que ahonda la brecha social. El Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional divulgó recientemente cómo entre 2001-2009 el número de graduados en las diversas modalidades de Instituciones de Educación Superior (IES) se situó en un poco más de 1,5 millones –guarismo similar a la matrícula actual- encontrándose que más del 35 por ciento de los egresados en los últimos dos años duraron más de seis meses en conseguir un empleo. Es ilustrativo que el salario de enganche en los últimos tres años (2006-2009) registró un sensible declive, en lo profesionales hombres cayó de $ 1.837.740 a $ 1.742.706; en contraste fue mayor este descenso en los hombres (-5,2 por ciento) que en las mujeres (-1,1 por ciento), existiendo algunas carreras, como las licenciaturas, contrario a Medicina y Derecho, que tienen menores remuneraciones.
De manera reiterada se ha señalado –ahora lo declaró el ambiguo Director del SENA, entidad que se aproxima a la cobertura que tienen las universidades públicas (455.000 cupos)- que la vocación laboral está desfasado del perfil académico de los graduados, reclamándose un mayor énfasis en las carreras técnicas y tecnológicas; sin embargo, el documento del MEN revela un nivel de insatisfacción superior en estos dos últimos segmentos que en la educación universitaria en la que, paradójicamente, el 83,8 por ciento de los entrevistados se mostró satisfecho con los estudios realizados y el empleo desempeñado.
El subempleo que afecta a una tercera parte de la población laboral del país incide análogamente en los profesionales colombianos, quienes expresan su inconformidad porque las oportunidades ofrecidas son de bajos salarios que no corresponden a sus competencias laborales. El panorama se ensombrece más cuando se observa cómo los contratos de prestación de servicios y a término fijo han aumentado, mientras que a término indefinido se han reducido, representado alrededor de la mitad, lo que denota la inestabilidad y precarización derivada de la mal denominada flexibilidad laboral.
OTROSÍ: ¡Aleluya! Tunja –a pesar del escepticismo de las amas de casa- fue la ciudad que experimentó la menor variación en el nivel de precios de la canasta familiar en mayo, quien lo creyera: - 0,30 por ciento. El acumulado en lo corrido del año es inferior al promedio nacional: 1,42 frente a 2,47 por ciento. ¿Cuál fue la clave? ¿Mayor oferta de bienes y servicios o menor capacidad de compra?
Profesionales en la olla
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La Ley de Okun no es válida en Colombia. Esta hipótesis sostiene que el crecimiento económico va acompañado de una caída simultánea del desempleo. Así lo evidencia el comportamiento reciente de la economía colombiana que, incluso no se desvirtúa con el repunte observado en el primer trimestre de este año: pese a que el PIB creció en 4,4 por ciento el desempleo se ha remontado en más del 12 por ciento.
Asimismo, no obstante que el empleo sea elevado levemente, ni su ritmo ni su composición ni su calidad son las deseables. Desde mayo de 2009 sólo se ha incrementado en 2,5 por ciento mientras que la fuente de este crecimiento han sido los servicios de baja productividad pertenecientes a actividades informales en que la categoría predominante son los llamados “trabajadores por cuenta propia” (43 por ciento). La economía ha sido incapaz de absorber la creciente oferta de mano de obra, lo que se ve acentuado por los estímulos gubernamentales hacia procesos intensivos en capital fijo, tal como lo ejemplifican las zonas francas. Por ello el desempleo en mayo de 2010 es casi idéntico al de 2003: 12,1 por ciento.
El deterioro del mercado laboral está articulado a la compresión salarial lo que ahonda la brecha social. El Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional divulgó recientemente cómo entre 2001-2009 el número de graduados en las diversas modalidades de Instituciones de Educación Superior (IES) se situó en un poco más de 1,5 millones –guarismo similar a la matrícula actual- encontrándose que más del 35 por ciento de los egresados en los últimos dos años duraron más de seis meses en conseguir un empleo. Es ilustrativo que el salario de enganche en los últimos tres años (2006-2009) registró un sensible declive, en lo profesionales hombres cayó de $ 1.837.740 a $ 1.742.706; en contraste fue mayor este descenso en los hombres (-5,2 por ciento) que en las mujeres (-1,1 por ciento), existiendo algunas carreras, como las licenciaturas, contrario a Medicina y Derecho, que tienen menores remuneraciones.
De manera reiterada se ha señalado –ahora lo declaró el ambiguo Director del SENA, entidad que se aproxima a la cobertura que tienen las universidades públicas (455.000 cupos)- que la vocación laboral está desfasado del perfil académico de los graduados, reclamándose un mayor énfasis en las carreras técnicas y tecnológicas; sin embargo, el documento del MEN revela un nivel de insatisfacción superior en estos dos últimos segmentos que en la educación universitaria en la que, paradójicamente, el 83,8 por ciento de los entrevistados se mostró satisfecho con los estudios realizados y el empleo desempeñado.
El subempleo que afecta a una tercera parte de la población laboral del país incide análogamente en los profesionales colombianos, quienes expresan su inconformidad porque las oportunidades ofrecidas son de bajos salarios que no corresponden a sus competencias laborales. El panorama se ensombrece más cuando se observa cómo los contratos de prestación de servicios y a término fijo han aumentado, mientras que a término indefinido se han reducido, representado alrededor de la mitad, lo que denota la inestabilidad y precarización derivada de la mal denominada flexibilidad laboral.
OTROSÍ: ¡Aleluya! Tunja –a pesar del escepticismo de las amas de casa- fue la ciudad que experimentó la menor variación en el nivel de precios de la canasta familiar en mayo, quien lo creyera: - 0,30 por ciento. El acumulado en lo corrido del año es inferior al promedio nacional: 1,42 frente a 2,47 por ciento. ¿Cuál fue la clave? ¿Mayor oferta de bienes y servicios o menor capacidad de compra?
domingo, 27 de junio de 2010
El fetiche de la Tercera Vía
Tunja, junio 28 de 2010
Doctor
FIDEL CANO CORREA
Director El Espectador
CARTA DE LOS LECTORES
Bogotá D.C.
Respetado señor Director:
Hace tres años Tony Blair, después de diez años de legislatura, salió por la puerta de atrás de su despacho. El otrora aventajado discípulo del ideólogo de la Tercera Vía, el sociólogo inglés Anthony Giddens, hoy, sin el menor pudor político, es un exitoso asesor de fondos de inversión y compañías petroleras.
La Tercera Vía es una corriente finisecular centrista dentro del espectro político que buscó remontar la dicotomía izquierda-derecha, Estado-mercado y socialismo-capitalismo, y situarse “más allá”, haciendo prevalecer el pragmatismo electoral en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, con el trasfondo de una globalización tentacular, en donde las firmas transnacionales se han instalado como un hegemónico gobierno corporativo.
El Presidente electo, Juan Manuel Santos ha declarado “voy por la tercera vía”, cuando se le interrogó si su gobierno será liberal, conservador o de “estirpe uribista”, una respuesta evasiva, que la resume en una fórmula ecléctica: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, que, antes se mezclaba con expresiones como competencia (mercado) y regulación (Estado), frase que no es de su cosecha, sino que pertenece al evangelio de la Tercera Vía, con la cual se pretendía, después del colapso del denominado “socialismo real” , encontrar un irreconocible pastiche de un capitalismo con “rostro humano”, sin alternativa posible, pues las utopías igualitarias y libertarias habían quedado sepultadas bajo la lápida del “fin de la historia” anunciada por Francis Fukuyama.
La coalición burocrática de la unidad nacional, en donde convergen liberales conversos y conservadores mutantes –y hasta izquierdistas vergonzantes-, es para el nuevo Presidente, la apoteosis de la Tercera Vía, la amalgama donde se diluyen las identidades ideológicas, sin extremos excluyentes; ni izquierda ni derecha, sólo un etéreo centro en el que se traslaparían todas las vertientes políticas, con sus plataformas programáticas, bajo el pretexto de desterrar cualquier expresión de fundamentalismo dogmático. Hace una década, coincidiendo con el boom de la Tercera Vía, Santos lanzó, a los cuatro vientos, su versión criolla la que obtuvo escasa acogida, “hibernando” para ser redescubierta ahora. Después del fracaso de sus practicantes como Clinton, Schroeder, Cardoso, Lagos, Rodríguez Zapatero, etc., sólo queda como un fetiche neoliberal, una etiqueta más despojada de sustancia real en su modelo económico productivista jalonado por las eficientísimas “cinco locomotoras del crecimiento” santistas (con un crecimiento esperado de 6 por ciento), pero con los lastres de una sociedad desigual, sin igualdad de oportunidades, con un pluralismo político amortajado por el “pensamiento dominante” del mascarón de proa de la unidad nacional en que la oposición será una especie naufraga. La Tercera Vía tendrá su prueba de fuego cuando intente, por ejemplo, redistribuir su “prosperidad democrática” afectando la gran propiedad rural y urbana engendrada por el narcoparamilitarismo y así revertir la iniquidad que ha arrojado a cerca de cuatro millones de colombianos al desplazamiento forzado.
Al nuevo Presidente hay que recordarle la advertencia de Giddens a Blair en que ojalá su Tercera Vía “no sea tan sólo una astucia mediática”.
Cordialmente,
EDILBERTO RODRÍGUEZ ARAÚJO
Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja
Doctor
FIDEL CANO CORREA
Director El Espectador
CARTA DE LOS LECTORES
Bogotá D.C.
Respetado señor Director:
Hace tres años Tony Blair, después de diez años de legislatura, salió por la puerta de atrás de su despacho. El otrora aventajado discípulo del ideólogo de la Tercera Vía, el sociólogo inglés Anthony Giddens, hoy, sin el menor pudor político, es un exitoso asesor de fondos de inversión y compañías petroleras.
La Tercera Vía es una corriente finisecular centrista dentro del espectro político que buscó remontar la dicotomía izquierda-derecha, Estado-mercado y socialismo-capitalismo, y situarse “más allá”, haciendo prevalecer el pragmatismo electoral en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, con el trasfondo de una globalización tentacular, en donde las firmas transnacionales se han instalado como un hegemónico gobierno corporativo.
El Presidente electo, Juan Manuel Santos ha declarado “voy por la tercera vía”, cuando se le interrogó si su gobierno será liberal, conservador o de “estirpe uribista”, una respuesta evasiva, que la resume en una fórmula ecléctica: “el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, que, antes se mezclaba con expresiones como competencia (mercado) y regulación (Estado), frase que no es de su cosecha, sino que pertenece al evangelio de la Tercera Vía, con la cual se pretendía, después del colapso del denominado “socialismo real” , encontrar un irreconocible pastiche de un capitalismo con “rostro humano”, sin alternativa posible, pues las utopías igualitarias y libertarias habían quedado sepultadas bajo la lápida del “fin de la historia” anunciada por Francis Fukuyama.
La coalición burocrática de la unidad nacional, en donde convergen liberales conversos y conservadores mutantes –y hasta izquierdistas vergonzantes-, es para el nuevo Presidente, la apoteosis de la Tercera Vía, la amalgama donde se diluyen las identidades ideológicas, sin extremos excluyentes; ni izquierda ni derecha, sólo un etéreo centro en el que se traslaparían todas las vertientes políticas, con sus plataformas programáticas, bajo el pretexto de desterrar cualquier expresión de fundamentalismo dogmático. Hace una década, coincidiendo con el boom de la Tercera Vía, Santos lanzó, a los cuatro vientos, su versión criolla la que obtuvo escasa acogida, “hibernando” para ser redescubierta ahora. Después del fracaso de sus practicantes como Clinton, Schroeder, Cardoso, Lagos, Rodríguez Zapatero, etc., sólo queda como un fetiche neoliberal, una etiqueta más despojada de sustancia real en su modelo económico productivista jalonado por las eficientísimas “cinco locomotoras del crecimiento” santistas (con un crecimiento esperado de 6 por ciento), pero con los lastres de una sociedad desigual, sin igualdad de oportunidades, con un pluralismo político amortajado por el “pensamiento dominante” del mascarón de proa de la unidad nacional en que la oposición será una especie naufraga. La Tercera Vía tendrá su prueba de fuego cuando intente, por ejemplo, redistribuir su “prosperidad democrática” afectando la gran propiedad rural y urbana engendrada por el narcoparamilitarismo y así revertir la iniquidad que ha arrojado a cerca de cuatro millones de colombianos al desplazamiento forzado.
Al nuevo Presidente hay que recordarle la advertencia de Giddens a Blair en que ojalá su Tercera Vía “no sea tan sólo una astucia mediática”.
Cordialmente,
EDILBERTO RODRÍGUEZ ARAÚJO
Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja
La destorcida agrícola
EL ÁBACO
La destorcida agrícola
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El sector agrícola de Boyacá es uno de los sectores que más ha resistido a los embates de la recesión económica, comoquiera que su crecimiento el año pasado superó ligeramente el comportamiento de la economía agregada: 1,0 contra 0,4 por ciento. Los multimillonarios créditos concedidos, de manera fraudulenta, a tutiplén, por el anterior Ministro de Agricultura –tristemente conocido por su mitomanía y oportunismo político-, a palmicultores y cañicultores, no lograron sacar del estancamiento crónico a este sector.
Recientemente el Banco de la República divulgó, a través del Informe de Coyuntura Económica Regional, más conocido por su sigla de ICER, el desempeño de los principales cultivos de la campiña boyacense. El documento evidencia una caída dramática en el 2009 de la producción de hortalizas (-95,2 por ciento), particularmente de remolacha, zanahoria, cebolla junca y haba, entre otros. Simultáneamente la producción de frutales colapsó al desplomarse en -83,2 por ciento, siendo los cultivos más afectados la papaya, el tomate de árbol, la uchuva y la pera. De esta severa contracción que, en parte fue inducida por la disminución del área cosechada, no se excluye a los llamados cultivos transitorios, tales como cebada, frijol, maíz, tabaco rubio y trigo. Quizá los cultivos que estuvieron a salvo de esta destorcida fueron los denominados cultivos anuales que elevaron su producción en 53,9 por ciento y el producto emblemático del departamento, la papa, cuya producción pasó de 766.439 toneladas en 2008 a 825.310 en 2009, pese a la baja en el rendimiento por hectárea.
Este mediocre comportamiento de la producción agrícola ha sido uno de los factores que condujeron a que el año pasado la inflación acumulada de Tunja, rebasara el promedio nacional: 2,23 contra 2,00 por ciento.
PUNTO FINAL:
La muy próspera firma contratista Solarte y Solarte se ha dedicado a fresar, reciclar y repavimentar las dos principales avenidas de la capital boyacense, Norte y Oriental, infartando la movilidad por estas vías arterias, con trancones a las horas pico los que ponen a prueba la paciencia de quienes transitan por esos corredores viales. En el entretanto la muy publicitadas megavías de la administración municipal sólo se ven en las gigantescas vallas instaladas aquí y allá, mientras las destartaladas vías urbanas compiten por tener los cráteres de mayor profundidad y diámetro. A año y medio de concluir su periodo esta nefasta administración no puede exhibir sino promesas incumplidas; sus resultados son irrisorios.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
La destorcida agrícola
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El sector agrícola de Boyacá es uno de los sectores que más ha resistido a los embates de la recesión económica, comoquiera que su crecimiento el año pasado superó ligeramente el comportamiento de la economía agregada: 1,0 contra 0,4 por ciento. Los multimillonarios créditos concedidos, de manera fraudulenta, a tutiplén, por el anterior Ministro de Agricultura –tristemente conocido por su mitomanía y oportunismo político-, a palmicultores y cañicultores, no lograron sacar del estancamiento crónico a este sector.
Recientemente el Banco de la República divulgó, a través del Informe de Coyuntura Económica Regional, más conocido por su sigla de ICER, el desempeño de los principales cultivos de la campiña boyacense. El documento evidencia una caída dramática en el 2009 de la producción de hortalizas (-95,2 por ciento), particularmente de remolacha, zanahoria, cebolla junca y haba, entre otros. Simultáneamente la producción de frutales colapsó al desplomarse en -83,2 por ciento, siendo los cultivos más afectados la papaya, el tomate de árbol, la uchuva y la pera. De esta severa contracción que, en parte fue inducida por la disminución del área cosechada, no se excluye a los llamados cultivos transitorios, tales como cebada, frijol, maíz, tabaco rubio y trigo. Quizá los cultivos que estuvieron a salvo de esta destorcida fueron los denominados cultivos anuales que elevaron su producción en 53,9 por ciento y el producto emblemático del departamento, la papa, cuya producción pasó de 766.439 toneladas en 2008 a 825.310 en 2009, pese a la baja en el rendimiento por hectárea.
Este mediocre comportamiento de la producción agrícola ha sido uno de los factores que condujeron a que el año pasado la inflación acumulada de Tunja, rebasara el promedio nacional: 2,23 contra 2,00 por ciento.
PUNTO FINAL:
La muy próspera firma contratista Solarte y Solarte se ha dedicado a fresar, reciclar y repavimentar las dos principales avenidas de la capital boyacense, Norte y Oriental, infartando la movilidad por estas vías arterias, con trancones a las horas pico los que ponen a prueba la paciencia de quienes transitan por esos corredores viales. En el entretanto la muy publicitadas megavías de la administración municipal sólo se ven en las gigantescas vallas instaladas aquí y allá, mientras las destartaladas vías urbanas compiten por tener los cráteres de mayor profundidad y diámetro. A año y medio de concluir su periodo esta nefasta administración no puede exhibir sino promesas incumplidas; sus resultados son irrisorios.
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¿ Vigencias futuras, para qué?
EL ÁBACO
¿Vigencias futuras para qué?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ante la caída de los recaudos tributario, la búsqueda de fuentes de financiación alternativos agobia a los gobiernos, sobre todo como ocurre con el actual Gobierno que no sólo está “raspando la olla”, sino que quiere “amarrar” al próximo Gobierno con las llamadas “vigencias futuras”. En efecto, el propietario de El Ubérrimo y de la gallinita “Rumbo”, en las postrimerías de su prolongado mandato, ha querido comprometer un poco más de $ 27 billones de los ingresos presupuestales que abarcan cuatro administraciones presidenciales, comoquiera que estos recursos se descontarán de las vigencias fiscales correspondientes al periodo 2011-2027, para financiar proyectos de infraestructura de transporte .
Para no quedarse a la zaga, el Gobierno departamental decidió acudir a este expedito dispositivo de financiación, sin onerosos costos financieros como el endeudamiento con la banca comercial, y logró que la Asamblea departamental, sin mayores reparos, aprobara “atar” ingresos presupuestales de los próximos 10 años, por $ 298.000 millones, cuya destinación es la modernización de la infraestructura hospitalaria de la red pública en Boyacá, la infraestructura vial y la dotación de vivienda a la población más vulnerable. La fuente de estos recursos serán los ingresos de la sobretasa a la gasolina (90 por ciento) y de las regalías (21 por ciento), cuya volatilidad, particularmente la primera, es notoria: entre 2008 y 2009 cayeron de $ 111.983 a $ 57.793 millones, mientras que el segundo redujo sus recaudos de $ 11.193 a $ 10.272 millones.
Explorar nuevas fuentes de financiamiento no tiene cuestionamiento. Lo cuestionable es que los gobiernos acudan a esta alternativa, primero, cuando ya tienen “el sol a las espaldas”, y, segundo, cuando pregona a los cuatro vientos una situación financiera boyante, comprometiendo el gasto de dos o tres administraciones futuras –reduciendo su margen de maniobra presupuestal-, y, lo que es más, incorporando cierto grado de inflexibilidad en la programación del plan de inversiones de los planes de desarrollo, sin que sean evidentes las prioridades de dicho gasto, salvo que el sector que recibirá más de la mitad de la inversión prevista, la infraestructura vial, esté al borde del colapso, como si lo está la infraestructura hospitalaria departamental.
Lo sintomático de esta falta de planeación de mediano y largo plazo, es que, según los anuncios del gobierno departamental, la contratación y ejecución de las obras requeridas se efectuarán, de manera maratónica, en año y medio, con una discutible calidad e impacto regional; como dice el refranero popular “del afán no queda sino el cansancio”, el que es complementado con “amanecerá y veremos”. La improvisación es enemiga de la planeación. Aquí no sólo cabe control fiscal sino también control social.
PUNTO FINAL: Definitivamente al presidente Uribe le salió a flote su origen de arriero paisa. La analogía de la cacareada “prosperidad democrática” con la gallinita “Rumbo”, la de los tres huevitos que esperan ser empollados por el gallo “Rambo”, entrará en la antología del imaginario colectivo de la cursilería presidencial. Recurriendo al adagio popular habría que decirle al personaje inventado por la febril imaginación de acosado (o ¿acusado?) mandatario que “en pico cerrado”… “gallinero seguro”.
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¿Vigencias futuras para qué?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ante la caída de los recaudos tributario, la búsqueda de fuentes de financiación alternativos agobia a los gobiernos, sobre todo como ocurre con el actual Gobierno que no sólo está “raspando la olla”, sino que quiere “amarrar” al próximo Gobierno con las llamadas “vigencias futuras”. En efecto, el propietario de El Ubérrimo y de la gallinita “Rumbo”, en las postrimerías de su prolongado mandato, ha querido comprometer un poco más de $ 27 billones de los ingresos presupuestales que abarcan cuatro administraciones presidenciales, comoquiera que estos recursos se descontarán de las vigencias fiscales correspondientes al periodo 2011-2027, para financiar proyectos de infraestructura de transporte .
Para no quedarse a la zaga, el Gobierno departamental decidió acudir a este expedito dispositivo de financiación, sin onerosos costos financieros como el endeudamiento con la banca comercial, y logró que la Asamblea departamental, sin mayores reparos, aprobara “atar” ingresos presupuestales de los próximos 10 años, por $ 298.000 millones, cuya destinación es la modernización de la infraestructura hospitalaria de la red pública en Boyacá, la infraestructura vial y la dotación de vivienda a la población más vulnerable. La fuente de estos recursos serán los ingresos de la sobretasa a la gasolina (90 por ciento) y de las regalías (21 por ciento), cuya volatilidad, particularmente la primera, es notoria: entre 2008 y 2009 cayeron de $ 111.983 a $ 57.793 millones, mientras que el segundo redujo sus recaudos de $ 11.193 a $ 10.272 millones.
Explorar nuevas fuentes de financiamiento no tiene cuestionamiento. Lo cuestionable es que los gobiernos acudan a esta alternativa, primero, cuando ya tienen “el sol a las espaldas”, y, segundo, cuando pregona a los cuatro vientos una situación financiera boyante, comprometiendo el gasto de dos o tres administraciones futuras –reduciendo su margen de maniobra presupuestal-, y, lo que es más, incorporando cierto grado de inflexibilidad en la programación del plan de inversiones de los planes de desarrollo, sin que sean evidentes las prioridades de dicho gasto, salvo que el sector que recibirá más de la mitad de la inversión prevista, la infraestructura vial, esté al borde del colapso, como si lo está la infraestructura hospitalaria departamental.
Lo sintomático de esta falta de planeación de mediano y largo plazo, es que, según los anuncios del gobierno departamental, la contratación y ejecución de las obras requeridas se efectuarán, de manera maratónica, en año y medio, con una discutible calidad e impacto regional; como dice el refranero popular “del afán no queda sino el cansancio”, el que es complementado con “amanecerá y veremos”. La improvisación es enemiga de la planeación. Aquí no sólo cabe control fiscal sino también control social.
PUNTO FINAL: Definitivamente al presidente Uribe le salió a flote su origen de arriero paisa. La analogía de la cacareada “prosperidad democrática” con la gallinita “Rumbo”, la de los tres huevitos que esperan ser empollados por el gallo “Rambo”, entrará en la antología del imaginario colectivo de la cursilería presidencial. Recurriendo al adagio popular habría que decirle al personaje inventado por la febril imaginación de acosado (o ¿acusado?) mandatario que “en pico cerrado”… “gallinero seguro”.
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Un incierto legado económico
SUMAS & restas
UN INCIERTO LEGADO ECONÓMICO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a que Juan Manuel Santos se ha proclamado heredero natural del Alvaro Uribe, el legado económico de este último, no puede enarbolarse como rutilantes éxitos, sino como incógnitas a despejar por parte del nuevo Gobierno, el que deberá conjurar los excesos de la “economía vudú” – recetario de fallidas fórmulas mágicas ensayadas hace treinta años por Ronald Reagan, de recorte de impuestos y aumento simultáneo del gasto militar- que practicó su antecesor, con la prédica de la “confianza inversionista” adobada con generosas exenciones tributarias y contratos de estabilidad jurídica, cuyo oneroso costo ha incidido en la persistencia de un abultado déficit fiscal.
El legado económico de los dos últimos cuatrienios no es plenamente satisfactorio. Los referentes lo constituyen las metas fijadas en los dos planes de desarrollo (“Hacia un Estado Comunitario”, 2002-2006, y “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, 2006-2010).
Si los resultados de crecimiento económico obtenidos en el primer tramo superaron las metas establecidas, situándose en un promedio de 4,4 por ciento, no ocurrió igual en el segundo periodo, en el que la meta propuesta de 5,0 por ciento no fue alcanzada, comoquiera que los guarismos observados, fluctuaron entre el 7,0 por ciento de 2006 y el 0,4 por ciento de 2009. Simultáneamente, se preveía –con la “vuvuzela” del masivo y bien lubricado programa asistencialista de “Familias en Acción”- reducir la pobreza a 39,2 por ciento para este año; sin embargo, el último reporte del Dane, la situaba en 2009 en 45,5 por ciento: alrededor de 20 millones de colombianos. Aún más, la indigencia o pobreza extrema se apostaba disminuirla a 8,0 por ciento, pero, contrario al optimismo gubernamental, este indicador social registró un preocupante nivel de 16,4 por ciento, lo que evidencia la inequidad existente. En los últimos dos años el PIB per cápita se contrajo, encontrándose que el nivel registrado el año pasado (2.997 dólares) es casi idéntico al de 2007: 2.985 dólares
Como si fuera poco, contrastan el desempeño del desempleo con las metas consignadas en el plan de desarrollo: El Gobierno Nacional pretendía abatir la desocupación hasta confinarla en un 8,8 por ciento finalizado este último cuatrienio; empero el deterioro del mercado laboral y la creciente informalización a que ha conducido la desaforada flexibilización, y la consiguiente tercerización, ha inducido una tasa de desempleo que bordea el 12 por ciento, por encima del promedio para América Latina: 8,1 por ciento. Los desempleados y subempleados son la mitad de los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en Colombia.
A pesar de la abrumadora popularidad que rodea al presidente saliente, subproducto de su relativamente exitosa estrategia de seguridad democrática, el mandatario entrante hereda una economía convaleciente, cuyo crecimiento en el 2010 se anticipa que será moderada, 3 por ciento, acompañada de una escasa oferta de empleo como lo refleja el comportamiento de la industria manufacturera y del comercio minorista en el corte del mes de abril, mostrando la paradoja de recuperación en la producción y en las ventas coexistiendo con una caída en el empleo generado.
OTROSÍ: ¡No ha y cama p’a tanta gente! A raíz del arrollador triunfo electoral de Santos en Boyacá, los camaleónicos exponentes de las distintas vertientes políticas que se adhirieron a su candidatura, se atropellan para reclamar participación burocrática en el nuevo Gobierno. Las presuntas identidades ideológicas se desvanecieron. Es la feria de puestos. Hoy solo existe el partido Ú(nico) de Gobierno. Es la nueva Arca de Noé.
UN INCIERTO LEGADO ECONÓMICO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a que Juan Manuel Santos se ha proclamado heredero natural del Alvaro Uribe, el legado económico de este último, no puede enarbolarse como rutilantes éxitos, sino como incógnitas a despejar por parte del nuevo Gobierno, el que deberá conjurar los excesos de la “economía vudú” – recetario de fallidas fórmulas mágicas ensayadas hace treinta años por Ronald Reagan, de recorte de impuestos y aumento simultáneo del gasto militar- que practicó su antecesor, con la prédica de la “confianza inversionista” adobada con generosas exenciones tributarias y contratos de estabilidad jurídica, cuyo oneroso costo ha incidido en la persistencia de un abultado déficit fiscal.
El legado económico de los dos últimos cuatrienios no es plenamente satisfactorio. Los referentes lo constituyen las metas fijadas en los dos planes de desarrollo (“Hacia un Estado Comunitario”, 2002-2006, y “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”, 2006-2010).
Si los resultados de crecimiento económico obtenidos en el primer tramo superaron las metas establecidas, situándose en un promedio de 4,4 por ciento, no ocurrió igual en el segundo periodo, en el que la meta propuesta de 5,0 por ciento no fue alcanzada, comoquiera que los guarismos observados, fluctuaron entre el 7,0 por ciento de 2006 y el 0,4 por ciento de 2009. Simultáneamente, se preveía –con la “vuvuzela” del masivo y bien lubricado programa asistencialista de “Familias en Acción”- reducir la pobreza a 39,2 por ciento para este año; sin embargo, el último reporte del Dane, la situaba en 2009 en 45,5 por ciento: alrededor de 20 millones de colombianos. Aún más, la indigencia o pobreza extrema se apostaba disminuirla a 8,0 por ciento, pero, contrario al optimismo gubernamental, este indicador social registró un preocupante nivel de 16,4 por ciento, lo que evidencia la inequidad existente. En los últimos dos años el PIB per cápita se contrajo, encontrándose que el nivel registrado el año pasado (2.997 dólares) es casi idéntico al de 2007: 2.985 dólares
Como si fuera poco, contrastan el desempeño del desempleo con las metas consignadas en el plan de desarrollo: El Gobierno Nacional pretendía abatir la desocupación hasta confinarla en un 8,8 por ciento finalizado este último cuatrienio; empero el deterioro del mercado laboral y la creciente informalización a que ha conducido la desaforada flexibilización, y la consiguiente tercerización, ha inducido una tasa de desempleo que bordea el 12 por ciento, por encima del promedio para América Latina: 8,1 por ciento. Los desempleados y subempleados son la mitad de los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en Colombia.
A pesar de la abrumadora popularidad que rodea al presidente saliente, subproducto de su relativamente exitosa estrategia de seguridad democrática, el mandatario entrante hereda una economía convaleciente, cuyo crecimiento en el 2010 se anticipa que será moderada, 3 por ciento, acompañada de una escasa oferta de empleo como lo refleja el comportamiento de la industria manufacturera y del comercio minorista en el corte del mes de abril, mostrando la paradoja de recuperación en la producción y en las ventas coexistiendo con una caída en el empleo generado.
OTROSÍ: ¡No ha y cama p’a tanta gente! A raíz del arrollador triunfo electoral de Santos en Boyacá, los camaleónicos exponentes de las distintas vertientes políticas que se adhirieron a su candidatura, se atropellan para reclamar participación burocrática en el nuevo Gobierno. Las presuntas identidades ideológicas se desvanecieron. Es la feria de puestos. Hoy solo existe el partido Ú(nico) de Gobierno. Es la nueva Arca de Noé.
La bola de nieve del desempleo
SUMAS & restas
La bola de nieve del desempleo
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
A pesar de los síntomas alentadores de reactivación económica en los inicios de 2010 –quizá por el alto remanente de capacidad instalada ociosa en las actividades productivas-, el mercado laboral se mantiene aletargado. Tanto el desempleo como el subempleo han tendido a elevarse poniendo en jaque el optimismo del equipo económico del Gobierno Nacional. En abril de este año 123.000 personas fueron expulsadas del mercado de trabajo, con respecto al mismo mes de 2009; mientras que la mitad de la población ocupada expresaba su insatisfacción por la calidad del empleo desempeñado, debatiéndose en las precarias condiciones del rebusque diario de la informalidad que va desde la venta callejera de minutos de celular hasta la “degustación” de merengón en cada esquina, pasando por la venta de cosméticos por catálogo a domicilio. El nivel de desempleo y subempleo existente es similar al registrado hace cinco años: 12,2 por ciento y 31,9 por ciento, respectivamente, como si se pedaleara sobre una “bicicleta estática”. Contra toda evidencia, mientras el desempleo urbano se ha recrudecido la pérdida de oportunidades de empleo es inferior en la zona rural: 8,8 frente a 13,2 por ciento en las ciudades encuestadas, lo que parecería ignorar las duras condiciones que rodean la contratación de mano de obra en el campo como es el conflicto armado y el desplazamiento forzado que agobia a más de cuatro millones de colombianos.
Además, como si fuera poco, por la apabullante informalidad que prevalece en el mercado laboral, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el 60 por ciento de los empleados no está afiliado a la seguridad social, estando, por consiguiente, desprotegido de la cobertura de salud y pensión, la cual sólo cobija al 23 por ciento de la población empleada.
En el trimestre febrero-abril de 2010, no obstante que el desempleo en Tunja (14, 4 por ciento), superaba al promedio nacional (12,8 por ciento), extrañamente el subempleo por ingresos esperados, por competencias laborales o tiempo disponible, se situaba en el nivel más bajo del resto de las 24 ciudades en las que el Dane mide el comportamiento del mercado laboral. La persistencia de la desocupación, coincidencialmente se remonta a hace dos años, lo que contrasta con la pérdida de puestos de trabajo que data del año pasado.
OTROSÍ:
Llama la atención la frase pronunciada por Esteban Piedrahita, Director del DNP, al hacer una balance de los dos últimos cuatrienios, quien afirmó “un mito que hace carrera es que este gobierno ha dedicado más recursos al sector defensa que a los sectores sociales, lo que no ningún asidero en la realidad, ya que mientras la inversión del sector defensa totaliza 2,8 billones de pesos en 2010, el presupuesto de inversión social alcanza los 13,5 billones de este año, es decir, casi cinco veces más”. Lo cierto es que el presupuesto para defensa y policía en 2010 ($ 23 billones) supera a los recursos transferidos a los departamentos y municipios para financiar la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, cuya cuantía asciende a $ 21 billones. De igual forma, si de comparar se trata, los recursos presupuestales asignados a los diferentes niveles educativos en este año bordean los 21 billones. Contrario a lo que sostiene el máximo jerarca de la planeación en Colombia, si la inversión bélica prevista para este año es de $ 3,4 billones en educación básica, media y universitaria sólo es de $ 1 billón. Tres veces, lo que no es un mito más…
http://palimpsesto21.blogspot.com/
La bola de nieve del desempleo
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
A pesar de los síntomas alentadores de reactivación económica en los inicios de 2010 –quizá por el alto remanente de capacidad instalada ociosa en las actividades productivas-, el mercado laboral se mantiene aletargado. Tanto el desempleo como el subempleo han tendido a elevarse poniendo en jaque el optimismo del equipo económico del Gobierno Nacional. En abril de este año 123.000 personas fueron expulsadas del mercado de trabajo, con respecto al mismo mes de 2009; mientras que la mitad de la población ocupada expresaba su insatisfacción por la calidad del empleo desempeñado, debatiéndose en las precarias condiciones del rebusque diario de la informalidad que va desde la venta callejera de minutos de celular hasta la “degustación” de merengón en cada esquina, pasando por la venta de cosméticos por catálogo a domicilio. El nivel de desempleo y subempleo existente es similar al registrado hace cinco años: 12,2 por ciento y 31,9 por ciento, respectivamente, como si se pedaleara sobre una “bicicleta estática”. Contra toda evidencia, mientras el desempleo urbano se ha recrudecido la pérdida de oportunidades de empleo es inferior en la zona rural: 8,8 frente a 13,2 por ciento en las ciudades encuestadas, lo que parecería ignorar las duras condiciones que rodean la contratación de mano de obra en el campo como es el conflicto armado y el desplazamiento forzado que agobia a más de cuatro millones de colombianos.
Además, como si fuera poco, por la apabullante informalidad que prevalece en el mercado laboral, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el 60 por ciento de los empleados no está afiliado a la seguridad social, estando, por consiguiente, desprotegido de la cobertura de salud y pensión, la cual sólo cobija al 23 por ciento de la población empleada.
En el trimestre febrero-abril de 2010, no obstante que el desempleo en Tunja (14, 4 por ciento), superaba al promedio nacional (12,8 por ciento), extrañamente el subempleo por ingresos esperados, por competencias laborales o tiempo disponible, se situaba en el nivel más bajo del resto de las 24 ciudades en las que el Dane mide el comportamiento del mercado laboral. La persistencia de la desocupación, coincidencialmente se remonta a hace dos años, lo que contrasta con la pérdida de puestos de trabajo que data del año pasado.
OTROSÍ:
Llama la atención la frase pronunciada por Esteban Piedrahita, Director del DNP, al hacer una balance de los dos últimos cuatrienios, quien afirmó “un mito que hace carrera es que este gobierno ha dedicado más recursos al sector defensa que a los sectores sociales, lo que no ningún asidero en la realidad, ya que mientras la inversión del sector defensa totaliza 2,8 billones de pesos en 2010, el presupuesto de inversión social alcanza los 13,5 billones de este año, es decir, casi cinco veces más”. Lo cierto es que el presupuesto para defensa y policía en 2010 ($ 23 billones) supera a los recursos transferidos a los departamentos y municipios para financiar la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, cuya cuantía asciende a $ 21 billones. De igual forma, si de comparar se trata, los recursos presupuestales asignados a los diferentes niveles educativos en este año bordean los 21 billones. Contrario a lo que sostiene el máximo jerarca de la planeación en Colombia, si la inversión bélica prevista para este año es de $ 3,4 billones en educación básica, media y universitaria sólo es de $ 1 billón. Tres veces, lo que no es un mito más…
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domingo, 23 de mayo de 2010
Cuentas en rojo
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CUENTAS EN ROJO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
A pesar del esfuerzo fiscal las finanzas públicas están maltrechas. En efecto, el año pasado, no obstante que los ingresos recaudados por la Gobernación y la Alcaldía de Tunja crecieron en cerca del 12,8 por ciento, los gastos doblaron este nivel, situándose en 24,8 y 23,4 por ciento, respectivamente. Como resultado de este desbordamiento del gasto las dos administraciones exhibieron un saldo en rojo. El presupuesto de Tunja se descuadró en $ 1.476 millones, lo que contrasta con el boquete presupuestal de la administración departamental que fue de $ 68.857 millones (distinto al superávit reportado por la Gobernación por $ 78.505 millones), según el último Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del Banco de la República.
La ocurrencia de este déficit simultáneo en las cuentas, al parecer, es atribuible, en el caso del municipio capital, al estancamiento de los ingresos tributarios, originado por la caída del impuesto predial, los recaudos por industria y comercio, así como de la sobretasa a la gasolina, que no pudo compensarse con las transferencias de la Nación destinadas a financiar el gasto social. Aparentemente, la expansión del gasto municipal provino de dos fuentes: el aumento de los correspondientes al funcionamiento, particularmente, el crecimiento de la nómina, y, de otro lado, la inversión, que se duplicó, pero, con la paradoja de que, a dos año y medio de iniciada esta administración, los ambiciosos megaproyectos ni siquiera son modestos microproyectos.
En el plano del gobierno departamental –en que las cifras del Banco de la República y de la Secretaría de Hacienda no coinciden ni en su valor ni en su composición-, pese a que los recursos propios se han elevado, por cuenta del “impuesto al vicio”, excepto al cigarrillo que disminuyó –no tanto como lo señala el reciente informe de gestión porque “el Gobierno Nacional no permitió fumar en recintos cerrados”- las finanzas departamentales siguen dependiendo de los giros del Gobierno Nacional, los cuales representan alrededor del 60 por ciento. Como en el caso del municipio los causantes del desbarajuste presupuestal son los incontrolables gastos de funcionamiento –siendo una de sus manifestaciones la frondosa burocracia-, de una parte y, de otra la cuantiosa inversión, de por sí deseable, a través de la cual se canaliza una quinta parte del presupuesto ejecutado el año pasado. En el manejo de los recursos públicos no basta con aumentar los recaudos o diversificar las fuentes de ingresos, es clave la calidad del gasto, y, lo que es más importante, el impacto del mismo, que sólo puede medirse mediante indicadores de desempeño, los cuales, desafortunadamente, están ausentes en las evaluaciones de los gobiernos departamental y municipal.
OTROSÍ: Uno de los problemas más críticos de la economía colombiana es el desempleo. Por ello resulta preocupante que, a pesar de la supuesta reactivación de sectores como el industrial y el comercio, que crecieron durante el primer trimestre del año , en 3,8 y 7,3 por ciento, respectivamente, el empleo haya caído, en su orden, en -3,5 y - 1,1 por ciento, en particular la mano de obra temporal. Según los estimativos de Fedesarrollo la economía colombiana se expandirá en 2010 a un ritmo de 2,7 por ciento, nivel que dependerá de la agenda económica del próximo gobierno, cuyo manejo deberá ser prudente, para corregir los desaciertos e improvisaciones del funesto legado uribista, cuyo mutante heredero quiere continuar.
CUENTAS EN ROJO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
A pesar del esfuerzo fiscal las finanzas públicas están maltrechas. En efecto, el año pasado, no obstante que los ingresos recaudados por la Gobernación y la Alcaldía de Tunja crecieron en cerca del 12,8 por ciento, los gastos doblaron este nivel, situándose en 24,8 y 23,4 por ciento, respectivamente. Como resultado de este desbordamiento del gasto las dos administraciones exhibieron un saldo en rojo. El presupuesto de Tunja se descuadró en $ 1.476 millones, lo que contrasta con el boquete presupuestal de la administración departamental que fue de $ 68.857 millones (distinto al superávit reportado por la Gobernación por $ 78.505 millones), según el último Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del Banco de la República.
La ocurrencia de este déficit simultáneo en las cuentas, al parecer, es atribuible, en el caso del municipio capital, al estancamiento de los ingresos tributarios, originado por la caída del impuesto predial, los recaudos por industria y comercio, así como de la sobretasa a la gasolina, que no pudo compensarse con las transferencias de la Nación destinadas a financiar el gasto social. Aparentemente, la expansión del gasto municipal provino de dos fuentes: el aumento de los correspondientes al funcionamiento, particularmente, el crecimiento de la nómina, y, de otro lado, la inversión, que se duplicó, pero, con la paradoja de que, a dos año y medio de iniciada esta administración, los ambiciosos megaproyectos ni siquiera son modestos microproyectos.
En el plano del gobierno departamental –en que las cifras del Banco de la República y de la Secretaría de Hacienda no coinciden ni en su valor ni en su composición-, pese a que los recursos propios se han elevado, por cuenta del “impuesto al vicio”, excepto al cigarrillo que disminuyó –no tanto como lo señala el reciente informe de gestión porque “el Gobierno Nacional no permitió fumar en recintos cerrados”- las finanzas departamentales siguen dependiendo de los giros del Gobierno Nacional, los cuales representan alrededor del 60 por ciento. Como en el caso del municipio los causantes del desbarajuste presupuestal son los incontrolables gastos de funcionamiento –siendo una de sus manifestaciones la frondosa burocracia-, de una parte y, de otra la cuantiosa inversión, de por sí deseable, a través de la cual se canaliza una quinta parte del presupuesto ejecutado el año pasado. En el manejo de los recursos públicos no basta con aumentar los recaudos o diversificar las fuentes de ingresos, es clave la calidad del gasto, y, lo que es más importante, el impacto del mismo, que sólo puede medirse mediante indicadores de desempeño, los cuales, desafortunadamente, están ausentes en las evaluaciones de los gobiernos departamental y municipal.
OTROSÍ: Uno de los problemas más críticos de la economía colombiana es el desempleo. Por ello resulta preocupante que, a pesar de la supuesta reactivación de sectores como el industrial y el comercio, que crecieron durante el primer trimestre del año , en 3,8 y 7,3 por ciento, respectivamente, el empleo haya caído, en su orden, en -3,5 y - 1,1 por ciento, en particular la mano de obra temporal. Según los estimativos de Fedesarrollo la economía colombiana se expandirá en 2010 a un ritmo de 2,7 por ciento, nivel que dependerá de la agenda económica del próximo gobierno, cuyo manejo deberá ser prudente, para corregir los desaciertos e improvisaciones del funesto legado uribista, cuyo mutante heredero quiere continuar.
¿ Cuántos pobres somos?
SUMAS & restas
¿Cuántos pobres somos?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Recientemente el Dane y el Departamento Nacional de Planeación divulgaron los resultados consolidados de la pobreza e indigencia en Colombia durante el periodo 2002-2009. El hallazgo central es que entre 2008 y 2009 el número de pobres se elevó en 48.423 personas, manteniéndose la línea de pobreza casi invariable: 45,5 por ciento, afectando a cerca de 20 millones de conciudadanos. Lo sorprendente es que la pobreza extrema, según estos organismo gubernamentales, descendió-¡Oh, sorpresa!- de 17,8 a 16,4 por ciento, representando 534.066 colombianos menos de los más de 7 millones que malviven con $ 120.000 mensuales. No encaja el hecho que la economía tuvo en 2009 un desempeño mediocre (0,4 por ciento) y la brecha social no se haya ensanchado dramáticamente. De persistir esta tendencia, acentuada por el rebrote de la inflación cuyo acumulado en abril fue de 2,24 por ciento siendo Tunja – ¡por fin, un buen augurio!-, la ciudad que en el pasado mes registró la menor variación de precios, la esquiva equidad se alejaría cada vez más.
Según los estimativos difundidos, en pesos constantes y sonantes, el ingreso familiar se contrajo en los últimos dos años, al caer de $ 570.258 a $ 560.309, cifra que ilustra las difíciles condiciones de los hogares colombianos – con mayor agudeza en las zonas rurales azotadas por múltiples violencias- que sobreviven con un poco más de un salario mínimo, lo que induce, cada vez más, a un número mayor del núcleo familiar a buscar empleo para acceder a una canasta básica de consumo.
Simultáneamente a la constatación de que la pobreza no cede, pese a los triunfalistas anuncios gubernamentales, el desempleo en el trimestre enero-marzo se situó en 13 por ciento, incrementándose en 6,6 por ciento, lo que contrasta con el empleo que creció en 5,5 por ciento en el año corrido. Como si fuera poco el subempleo sigue trepándose hasta alcanzar el 31,6 por ciento, lo que refleja el grado de insatisfacción de la mitad de los que tienen un empleo que se mueve entre la informalidad y la precarización laboral, con inicuas formas de contratación que degradan el trabajo de la población colombiana.
No obstante que Tunja se encuentra en la franja intermedia del mercado laboral, no se puede subestimar el deterioro del mismo, comoquiera que la tasa de desempleo en el primer tramo del año, superó el nivel registrado en el país, estimándose en 14,8 por ciento, lo que se ve aguijoneado por la racha de despidos en empresas y entidades, lo que ha hecho metástasis en toda la economía regional.
OTROSÍ: Colombia vive el frenesí mediático de las encuestas. A pocas semanas del día “D”, la revelación del pulso sobre favorabilidad entre los diferentes candidatos presidenciales, a partir de una reducida muestra y una restringida cobertura geográfica, va perfilando preferencias electorales que, ni siquiera se alteran con los monótonos debates televisivos. Sin embargo, la “marea verde” ha desplazado de la agenda diaria el maniqueo discurso furibista. La esperanza vence el miedo.
Es tan sensible la crisis del empleo en Colombia, que la firma encuestadora Gallup preguntó a los 1.200 entrevistados, “cara a cara”, cual era el principal problema y el 39,4 por ciento respondió que era disminuir el desempleo.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
¿Cuántos pobres somos?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Recientemente el Dane y el Departamento Nacional de Planeación divulgaron los resultados consolidados de la pobreza e indigencia en Colombia durante el periodo 2002-2009. El hallazgo central es que entre 2008 y 2009 el número de pobres se elevó en 48.423 personas, manteniéndose la línea de pobreza casi invariable: 45,5 por ciento, afectando a cerca de 20 millones de conciudadanos. Lo sorprendente es que la pobreza extrema, según estos organismo gubernamentales, descendió-¡Oh, sorpresa!- de 17,8 a 16,4 por ciento, representando 534.066 colombianos menos de los más de 7 millones que malviven con $ 120.000 mensuales. No encaja el hecho que la economía tuvo en 2009 un desempeño mediocre (0,4 por ciento) y la brecha social no se haya ensanchado dramáticamente. De persistir esta tendencia, acentuada por el rebrote de la inflación cuyo acumulado en abril fue de 2,24 por ciento siendo Tunja – ¡por fin, un buen augurio!-, la ciudad que en el pasado mes registró la menor variación de precios, la esquiva equidad se alejaría cada vez más.
Según los estimativos difundidos, en pesos constantes y sonantes, el ingreso familiar se contrajo en los últimos dos años, al caer de $ 570.258 a $ 560.309, cifra que ilustra las difíciles condiciones de los hogares colombianos – con mayor agudeza en las zonas rurales azotadas por múltiples violencias- que sobreviven con un poco más de un salario mínimo, lo que induce, cada vez más, a un número mayor del núcleo familiar a buscar empleo para acceder a una canasta básica de consumo.
Simultáneamente a la constatación de que la pobreza no cede, pese a los triunfalistas anuncios gubernamentales, el desempleo en el trimestre enero-marzo se situó en 13 por ciento, incrementándose en 6,6 por ciento, lo que contrasta con el empleo que creció en 5,5 por ciento en el año corrido. Como si fuera poco el subempleo sigue trepándose hasta alcanzar el 31,6 por ciento, lo que refleja el grado de insatisfacción de la mitad de los que tienen un empleo que se mueve entre la informalidad y la precarización laboral, con inicuas formas de contratación que degradan el trabajo de la población colombiana.
No obstante que Tunja se encuentra en la franja intermedia del mercado laboral, no se puede subestimar el deterioro del mismo, comoquiera que la tasa de desempleo en el primer tramo del año, superó el nivel registrado en el país, estimándose en 14,8 por ciento, lo que se ve aguijoneado por la racha de despidos en empresas y entidades, lo que ha hecho metástasis en toda la economía regional.
OTROSÍ: Colombia vive el frenesí mediático de las encuestas. A pocas semanas del día “D”, la revelación del pulso sobre favorabilidad entre los diferentes candidatos presidenciales, a partir de una reducida muestra y una restringida cobertura geográfica, va perfilando preferencias electorales que, ni siquiera se alteran con los monótonos debates televisivos. Sin embargo, la “marea verde” ha desplazado de la agenda diaria el maniqueo discurso furibista. La esperanza vence el miedo.
Es tan sensible la crisis del empleo en Colombia, que la firma encuestadora Gallup preguntó a los 1.200 entrevistados, “cara a cara”, cual era el principal problema y el 39,4 por ciento respondió que era disminuir el desempleo.
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Prevención versus prohibicin
EL ÁBACO
Represión versus prevención
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Dentro de su oscurantista cruzada prohibicionista el Gobierno actual no se detiene ante nada. El miedo es su principal arma ideológica. En víspera del último debate sobre la penalización de la dosis mínima, el Ministro del Interior y el Director Nacional de Estupefacientes, han desengavetado un refrito para desatar el tremendismo mediático y la alarma social. Una investigación denominada “Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas sintéticas en la población universitaria de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, elaborado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y auspiciado por la Unión Europea (UE), divulgado en Lima, sede de la CAN, el 24 de noviembre del año pasado, se pretende presentar como una primicia, buscando, de paso, estigmatizar a los jóvenes universitarios.
Nadie desconoce la magnitud que ha asumido el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la población universitaria, pero, de allí a convertir esta lacerante problemática en “caballo de Troya”, de la represión a los consumidores ocasionales –tratándolos como enfermos que deben ser recluidos y sometidos a terapias de rehabilitación-, en lugar de controlar la producción y distribución de drogas ilícitas y lícitas, es una descomunal muestra de la propensión punitiva de los modernos torquemadas, para avasallar los derechos individuales. Por ello no es casual que recurran a este estudio, divulgado hace seis meses, de manera oportunista, manipulando sus conclusiones.
Las principales conclusiones de este análisis comparativo es que Colombia lidera el consumo, destacándose los siguientes resultados, entre otros:
1) El 29,6 por ciento de los jóvenes universitarios colombianos alguna vez han utilizado drogas;
2) El 27,5 por ciento de este segmento de la población exhiben signos de abuso o dependencia a drogas ilícitas, particularmente, a la marihuana, basuco o cocaína;
3) El 90 por ciento de los estudiantes declararon haber ingerido alcohol, por menos una vez en la vida, habiéndose iniciado a los 15 años;
4) El 4,6 por ciento de los encuestados manifestaron haber usado una droga de síntesis, en particular el éxtasis;
5) El 26,7 por ciento de los universitarios revelaron haber fumado marihuana, alguna vez en la vida;
6) El 6,4 por ciento de los 7.803 estudiantes entrevistados declararon haber inhalado cocaína.
El denominado común del patrón de consumo de drogas es que los jóvenes tienen una percepción clara acerca del elevado riesgo de los perjuicios de contraer una adicción, lo que se ve neutralizado por las facilidades existentes para conseguirla a través del clandestino circuito del microtráfico de los jíbaros.
Los crecientes niveles de drogadicción evidencian el fracaso de la política gubernamental de control de “la mata que mata”, basada en la criminalización y no en la prevención. El cuestionado Ministro del Interior ha hecho énfasis en su errónea concepción de fundamentalismo moralista y políticas de orden público y no de salud pública. El acto legislativo de reforma a la Constitución para penalizar el porte y consumo de la dosis mínima es creer que “la calentura está en las sabanas”.
PUNTO FINAL: En el contexto de Tunja, no se puede ignorar la prevalencia en el consumo de drogas lícitas, como el alcohol, que corre a litros en los alrededores de los centros universitarios los fines de semana desde el “juernes”, siendo inocuas las demagógicas campañas de “rumba sana”. Sin embargo, ¿Qué hacer con el tiempo libre?
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Represión versus prevención
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Dentro de su oscurantista cruzada prohibicionista el Gobierno actual no se detiene ante nada. El miedo es su principal arma ideológica. En víspera del último debate sobre la penalización de la dosis mínima, el Ministro del Interior y el Director Nacional de Estupefacientes, han desengavetado un refrito para desatar el tremendismo mediático y la alarma social. Una investigación denominada “Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas sintéticas en la población universitaria de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, elaborado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y auspiciado por la Unión Europea (UE), divulgado en Lima, sede de la CAN, el 24 de noviembre del año pasado, se pretende presentar como una primicia, buscando, de paso, estigmatizar a los jóvenes universitarios.
Nadie desconoce la magnitud que ha asumido el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la población universitaria, pero, de allí a convertir esta lacerante problemática en “caballo de Troya”, de la represión a los consumidores ocasionales –tratándolos como enfermos que deben ser recluidos y sometidos a terapias de rehabilitación-, en lugar de controlar la producción y distribución de drogas ilícitas y lícitas, es una descomunal muestra de la propensión punitiva de los modernos torquemadas, para avasallar los derechos individuales. Por ello no es casual que recurran a este estudio, divulgado hace seis meses, de manera oportunista, manipulando sus conclusiones.
Las principales conclusiones de este análisis comparativo es que Colombia lidera el consumo, destacándose los siguientes resultados, entre otros:
1) El 29,6 por ciento de los jóvenes universitarios colombianos alguna vez han utilizado drogas;
2) El 27,5 por ciento de este segmento de la población exhiben signos de abuso o dependencia a drogas ilícitas, particularmente, a la marihuana, basuco o cocaína;
3) El 90 por ciento de los estudiantes declararon haber ingerido alcohol, por menos una vez en la vida, habiéndose iniciado a los 15 años;
4) El 4,6 por ciento de los encuestados manifestaron haber usado una droga de síntesis, en particular el éxtasis;
5) El 26,7 por ciento de los universitarios revelaron haber fumado marihuana, alguna vez en la vida;
6) El 6,4 por ciento de los 7.803 estudiantes entrevistados declararon haber inhalado cocaína.
El denominado común del patrón de consumo de drogas es que los jóvenes tienen una percepción clara acerca del elevado riesgo de los perjuicios de contraer una adicción, lo que se ve neutralizado por las facilidades existentes para conseguirla a través del clandestino circuito del microtráfico de los jíbaros.
Los crecientes niveles de drogadicción evidencian el fracaso de la política gubernamental de control de “la mata que mata”, basada en la criminalización y no en la prevención. El cuestionado Ministro del Interior ha hecho énfasis en su errónea concepción de fundamentalismo moralista y políticas de orden público y no de salud pública. El acto legislativo de reforma a la Constitución para penalizar el porte y consumo de la dosis mínima es creer que “la calentura está en las sabanas”.
PUNTO FINAL: En el contexto de Tunja, no se puede ignorar la prevalencia en el consumo de drogas lícitas, como el alcohol, que corre a litros en los alrededores de los centros universitarios los fines de semana desde el “juernes”, siendo inocuas las demagógicas campañas de “rumba sana”. Sin embargo, ¿Qué hacer con el tiempo libre?
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sábado, 17 de abril de 2010
Tunja: ¿una ciudad cara?
EL ÁBACO
Tunja: ¿una ciudad cara?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los factores responsables del mediocre desempeño de la economía colombiana en el 2009(0,4 por ciento) fue la caída de la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares, acentuado por el desempleo registrado en el último trimestre el cual bordea el 14 por ciento.
De allí que, en esa perspectiva, la reducción de la inflación en marzo, la que se situó en 0,25 por ciento para un acumulado en lo corrido del año del 1,78 por ciento –engulléndose la mitad del pírrico incremento del salario mínimo-, no es el resultado de un control estricto sobre el nivel de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar sino de la deprimida capacidad de compra de los colombianos –especialmente de trabajadores y empleados-, que ni siquiera se ha reanimado con el señuelo de “consuma ahora y pague después” de las tarjetas de crédito.
Como era de esperarse, por la incidencia de los fenómenos climáticos en que se han alternado sequía con lluvias torrenciales, la escasa oferta de alimentos tienen una gravitación determinante en el encarecimiento de la canasta familiar, ya que junto a la vivienda representa alrededor del 60 por ciento de dicha canasta.
Llama la atención que en la medición del comportamiento de precios de marzo, Tunja ocupe el nada irrelevante tercer lugar, después de Cúcuta y San Andrés, con una tasa de inflación de 0,47 por ciento, 22 puntos por encima del nivel nacional. La ciudad fue la segunda localidad con los alimentos más caros del país, doblando el nivel observado para el resto del país, lo que se evidencia, pese a la aparición en los últimos años de canales alternativos de distribución de los productos agrícolas distintos a las plazas de mercado que no logran contrarrestar los elevados precios de legumbres, hortalizas y frutas que mercadean las llamadas grandes superficies de los supermercados, como lo pueden constatar los consumidores, de a pie, que semanalmente ven disminuida su capacidad adquisitiva. La variación porcentual acumulada del primer trimestre de 2009 en Tunja supera el agregado del país: 1,92 frente a 1,78 por ciento.
Resulta preocupante que en los principales grupos que integran la canasta familiar, tales como alimentos, vestuario, salud, diversión y transporte, entre otros, Tunja se encuentre entre las diez ciudades en que la tendencia alcista de precios es incontenible.
PUNTO APARTE: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane para medir el mercado laboral, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”, no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento. Surge la pregunta obligada: ¿Cuáles programas de estímulo a la generación de empleo están desplegando los gremios y la Alcaldía?
PUNTO FINAL: En la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Gobernación, en que se recurrió a toda la pirotecnia estadística, ante la ausencia de indicadores de seguimiento del plan de desarrollo, al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y del consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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Tunja: ¿una ciudad cara?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los factores responsables del mediocre desempeño de la economía colombiana en el 2009(0,4 por ciento) fue la caída de la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares, acentuado por el desempleo registrado en el último trimestre el cual bordea el 14 por ciento.
De allí que, en esa perspectiva, la reducción de la inflación en marzo, la que se situó en 0,25 por ciento para un acumulado en lo corrido del año del 1,78 por ciento –engulléndose la mitad del pírrico incremento del salario mínimo-, no es el resultado de un control estricto sobre el nivel de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar sino de la deprimida capacidad de compra de los colombianos –especialmente de trabajadores y empleados-, que ni siquiera se ha reanimado con el señuelo de “consuma ahora y pague después” de las tarjetas de crédito.
Como era de esperarse, por la incidencia de los fenómenos climáticos en que se han alternado sequía con lluvias torrenciales, la escasa oferta de alimentos tienen una gravitación determinante en el encarecimiento de la canasta familiar, ya que junto a la vivienda representa alrededor del 60 por ciento de dicha canasta.
Llama la atención que en la medición del comportamiento de precios de marzo, Tunja ocupe el nada irrelevante tercer lugar, después de Cúcuta y San Andrés, con una tasa de inflación de 0,47 por ciento, 22 puntos por encima del nivel nacional. La ciudad fue la segunda localidad con los alimentos más caros del país, doblando el nivel observado para el resto del país, lo que se evidencia, pese a la aparición en los últimos años de canales alternativos de distribución de los productos agrícolas distintos a las plazas de mercado que no logran contrarrestar los elevados precios de legumbres, hortalizas y frutas que mercadean las llamadas grandes superficies de los supermercados, como lo pueden constatar los consumidores, de a pie, que semanalmente ven disminuida su capacidad adquisitiva. La variación porcentual acumulada del primer trimestre de 2009 en Tunja supera el agregado del país: 1,92 frente a 1,78 por ciento.
Resulta preocupante que en los principales grupos que integran la canasta familiar, tales como alimentos, vestuario, salud, diversión y transporte, entre otros, Tunja se encuentre entre las diez ciudades en que la tendencia alcista de precios es incontenible.
PUNTO APARTE: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane para medir el mercado laboral, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”, no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento. Surge la pregunta obligada: ¿Cuáles programas de estímulo a la generación de empleo están desplegando los gremios y la Alcaldía?
PUNTO FINAL: En la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Gobernación, en que se recurrió a toda la pirotecnia estadística, ante la ausencia de indicadores de seguimiento del plan de desarrollo, al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y del consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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La reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
SUMAS & restas
Reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El 12 de abril la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó en el Senado el proyecto de ley que reforma, parcialmente, la Ley 30 de 1992. El foco de la reforma es el financiamiento de las 32 universidades públicas, consignado en los artículos 86 y 87, y con el cual se aspira a incrementar los giros de $2 a $6 billones entre 2011 y 2019 (el presupuesto de defensa y policía, $ 23 billones, sobrepasa al de educación: $ 20 billones). Este proyecto, según Ascun, la asociación que agrupa a 82 universidades colombiana, presuntamente, fue concertado con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE).
De los nueve artículos propuestos, tres son los que inciden en las sostenibilidad financiera. Si se parte de la premisa que desde la expedición de la ley la cobertura se ha expandido exponencialmente (entre 2002 y 2009 fue de 112 por ciento), mientras que los recursos transferidos lo hicieron de manera inercial (61 por ciento), lo que ha forzado a elevar el autofinanciamiento a través del cobro de matrículas. Resulta ilustrativo de la inequidad que si el aporte por estudiante de la Nación a la UPTC en 1993 fue de 6,5 millones en 2008 haya sido de $ 3,7 millones. El Ministerio de Educación (MEN) desistió desmontar el artículo 86, que prevé la asignación de aportes incrementales –en pesos constantes, según el IPC-a estas instituciones, preservando el esquema anterior. Lo novedoso de este proyecto es que modifica el artículo 87, que suponía una “bolsa concursable” repartida por el MEN –que se convierte en un todopoderoso asignador de recursos-, reemplazándola por recursos adicionales que dependerían del desempeño de la economía colombiana: a mayor crecimiento del PIB mayores recursos, que cubre un rango del 30 a 50 por ciento. Además se adicionarían otras partidas, que estarían condicionadas a indicadores como ampliación de cobertura con calidad –que saltaría de 35 a 50 por ciento-, cualificación docente, productividad académica y proyectos institucionales de investigación e innovación.
Simultáneo a lo anterior, el proyecto deroga el descuento del 2 por ciento de los aportes estatales y que se transfería al Icfes, que en la UPTC el año pasado fue de $ 1.683 millones. Dentro de la poda que se le hizo al articulado de la propuesta inicial se encuentra el intento –dentro de la pretensión gubernamental de promover la educación técnica y tecnológica a expensas de la formación universitaria- de equiparar al Sena con las demás instituciones educativas.
La aparente unanimidad de esta reforma fue rota por la posición asumida por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien el proyecto de ley “no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior”. La estructura de costos está rezagada de los restringidos ingresos, lo que ha derivado en un modelo de creciente autofinanciamiento y subsidio a la demanda, vía créditos educativos del Icetex y de instituciones bancarias, que no se compensa con el Fondo de permanencia estudiantil, que buscaría contrarrestar la deserción la cual supera el 45 por ciento.
OTROSÍ: La Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación afirma que no es cierto que el cumplimiento del programa de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2009, sea del 14,7 por ciento. Estamos de acuerdo. Hubo un gazapo estadístico. Este fue menor. El cumplimiento acumulado fue tan solo de 6,5 por ciento (página 174 del Balance de Gestión). El referente es el plan de cuatrienal de inversiones consolidado no el POAI.
POSDATA: Hay que desuribizar la campaña presidencial. A pesar de la neurósis furibista es inatajable la ola verde. Los $ 22.000 millones malgastados en los 305 consejos comunales no pueden desvirtuar –como lo revelan las encuestas- que la esperanza vencerá al miedo.
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Reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El 12 de abril la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó en el Senado el proyecto de ley que reforma, parcialmente, la Ley 30 de 1992. El foco de la reforma es el financiamiento de las 32 universidades públicas, consignado en los artículos 86 y 87, y con el cual se aspira a incrementar los giros de $2 a $6 billones entre 2011 y 2019 (el presupuesto de defensa y policía, $ 23 billones, sobrepasa al de educación: $ 20 billones). Este proyecto, según Ascun, la asociación que agrupa a 82 universidades colombiana, presuntamente, fue concertado con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE).
De los nueve artículos propuestos, tres son los que inciden en las sostenibilidad financiera. Si se parte de la premisa que desde la expedición de la ley la cobertura se ha expandido exponencialmente (entre 2002 y 2009 fue de 112 por ciento), mientras que los recursos transferidos lo hicieron de manera inercial (61 por ciento), lo que ha forzado a elevar el autofinanciamiento a través del cobro de matrículas. Resulta ilustrativo de la inequidad que si el aporte por estudiante de la Nación a la UPTC en 1993 fue de 6,5 millones en 2008 haya sido de $ 3,7 millones. El Ministerio de Educación (MEN) desistió desmontar el artículo 86, que prevé la asignación de aportes incrementales –en pesos constantes, según el IPC-a estas instituciones, preservando el esquema anterior. Lo novedoso de este proyecto es que modifica el artículo 87, que suponía una “bolsa concursable” repartida por el MEN –que se convierte en un todopoderoso asignador de recursos-, reemplazándola por recursos adicionales que dependerían del desempeño de la economía colombiana: a mayor crecimiento del PIB mayores recursos, que cubre un rango del 30 a 50 por ciento. Además se adicionarían otras partidas, que estarían condicionadas a indicadores como ampliación de cobertura con calidad –que saltaría de 35 a 50 por ciento-, cualificación docente, productividad académica y proyectos institucionales de investigación e innovación.
Simultáneo a lo anterior, el proyecto deroga el descuento del 2 por ciento de los aportes estatales y que se transfería al Icfes, que en la UPTC el año pasado fue de $ 1.683 millones. Dentro de la poda que se le hizo al articulado de la propuesta inicial se encuentra el intento –dentro de la pretensión gubernamental de promover la educación técnica y tecnológica a expensas de la formación universitaria- de equiparar al Sena con las demás instituciones educativas.
La aparente unanimidad de esta reforma fue rota por la posición asumida por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien el proyecto de ley “no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior”. La estructura de costos está rezagada de los restringidos ingresos, lo que ha derivado en un modelo de creciente autofinanciamiento y subsidio a la demanda, vía créditos educativos del Icetex y de instituciones bancarias, que no se compensa con el Fondo de permanencia estudiantil, que buscaría contrarrestar la deserción la cual supera el 45 por ciento.
OTROSÍ: La Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación afirma que no es cierto que el cumplimiento del programa de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2009, sea del 14,7 por ciento. Estamos de acuerdo. Hubo un gazapo estadístico. Este fue menor. El cumplimiento acumulado fue tan solo de 6,5 por ciento (página 174 del Balance de Gestión). El referente es el plan de cuatrienal de inversiones consolidado no el POAI.
POSDATA: Hay que desuribizar la campaña presidencial. A pesar de la neurósis furibista es inatajable la ola verde. Los $ 22.000 millones malgastados en los 305 consejos comunales no pueden desvirtuar –como lo revelan las encuestas- que la esperanza vencerá al miedo.
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sábado, 3 de abril de 2010
Desempleo: de mal en peor
SUMAS & restas
Desempleo: de mal en peor
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las declaraciones triunfalistas de gremios empresariales y de funcionarios gubernamentales, en torno a la recuperación de la economía colombiana, aún es muy prematuro anunciar su reactivación. El mediocre desempeño de 2009, que se situó en 0,4 por ciento, fue inducido por la caída de sectores emblemáticos como la industria manufacturera, el comercio y el transporte, actividades que copan el 48 por ciento de la población ocupada.
Uno de los componentes de la economía agregada es la demanda final que tiene como una de sus fuentes el consumo de las familias, que, a duras penas, aumentó en 0,1 por ciento. La disminución del consumo de bienes y servicios se ve aguijoneada por el drástico deterioro del mercado laboral, con el consiguiente aumento de los niveles de desempleo y rebrote de la informalidad.
En el último reporte del Dane, correspondiente a febrero de este año, se observa que, en términos absolutos, en el mes pasado, 271.000 colombianos perdieron su empleo, y, lo que es más preocupante, el 49,2 por ciento de los 18,7 millones que están ocupados se encuentran insatisfechos, ya sea porque su actual puesto de trabajo no se corresponde con su formación profesional y competencias, la remuneración es inferior a sus expectativas o podrían laborar un mayor tiempo, a pesar del auge del trabajo temporal o a destajo, fenómeno que ha proliferado desde comienzos de la década, por obra y gracia de la flexibilización y tercerización laboral. Llama la atención el incremento de la población “inactiva” (cerca de 965.000 estudiantes, amas de casa, pensionados, rentistas, discapacitados, etc.), que actúa como un “termostato” donde se refugian las personas que no pudieron emplearse ante la incapacidad de la economía de absorberlos.
Siendo el desempleo una de las preocupaciones más agobiantes de las familias colombianas, no parece estar en los brumosos programas de los candidatos presidenciales, particularmente los herederos de la “(in)seguridad democrática”. Durante el actual gobierno, la política económica ha otorgado multimillonarios subsidios a las empresas que inviertan en capital fijo (equipo, maquinaria e instalaciones fabriles) y no en la creación de nuevas oportunidades de empleo. Por ello, las tecnologías intensivas en capital han desplazado la mano de obra, o, en el peor de los casos, han generado empleo de mala calidad y baja remuneración. De esto no se excluyen los esporádicos proyectos de autoempleabilidad, a través de los publicitados programas de emprendimiento, que no es otra cosa distinta a promover los llamados “trabajadores por cuenta propia” o independientes profesionales, en detrimento de los trabajadores asalariados.
Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, sostiene que no es conveniente desmontar las exenciones y deducciones tributarias –remember zonas francas-; contrario a lo que plantean estudios recientes que han demostrado que la desgravación tributaria al capital no ha favorecido el crecimiento económico, ni la creación de empleo; por el contrario, ha fortalecido el modelo plutocrático colombiano.
OTROSÍ: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”,no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento.
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Desempleo: de mal en peor
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las declaraciones triunfalistas de gremios empresariales y de funcionarios gubernamentales, en torno a la recuperación de la economía colombiana, aún es muy prematuro anunciar su reactivación. El mediocre desempeño de 2009, que se situó en 0,4 por ciento, fue inducido por la caída de sectores emblemáticos como la industria manufacturera, el comercio y el transporte, actividades que copan el 48 por ciento de la población ocupada.
Uno de los componentes de la economía agregada es la demanda final que tiene como una de sus fuentes el consumo de las familias, que, a duras penas, aumentó en 0,1 por ciento. La disminución del consumo de bienes y servicios se ve aguijoneada por el drástico deterioro del mercado laboral, con el consiguiente aumento de los niveles de desempleo y rebrote de la informalidad.
En el último reporte del Dane, correspondiente a febrero de este año, se observa que, en términos absolutos, en el mes pasado, 271.000 colombianos perdieron su empleo, y, lo que es más preocupante, el 49,2 por ciento de los 18,7 millones que están ocupados se encuentran insatisfechos, ya sea porque su actual puesto de trabajo no se corresponde con su formación profesional y competencias, la remuneración es inferior a sus expectativas o podrían laborar un mayor tiempo, a pesar del auge del trabajo temporal o a destajo, fenómeno que ha proliferado desde comienzos de la década, por obra y gracia de la flexibilización y tercerización laboral. Llama la atención el incremento de la población “inactiva” (cerca de 965.000 estudiantes, amas de casa, pensionados, rentistas, discapacitados, etc.), que actúa como un “termostato” donde se refugian las personas que no pudieron emplearse ante la incapacidad de la economía de absorberlos.
Siendo el desempleo una de las preocupaciones más agobiantes de las familias colombianas, no parece estar en los brumosos programas de los candidatos presidenciales, particularmente los herederos de la “(in)seguridad democrática”. Durante el actual gobierno, la política económica ha otorgado multimillonarios subsidios a las empresas que inviertan en capital fijo (equipo, maquinaria e instalaciones fabriles) y no en la creación de nuevas oportunidades de empleo. Por ello, las tecnologías intensivas en capital han desplazado la mano de obra, o, en el peor de los casos, han generado empleo de mala calidad y baja remuneración. De esto no se excluyen los esporádicos proyectos de autoempleabilidad, a través de los publicitados programas de emprendimiento, que no es otra cosa distinta a promover los llamados “trabajadores por cuenta propia” o independientes profesionales, en detrimento de los trabajadores asalariados.
Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, sostiene que no es conveniente desmontar las exenciones y deducciones tributarias –remember zonas francas-; contrario a lo que plantean estudios recientes que han demostrado que la desgravación tributaria al capital no ha favorecido el crecimiento económico, ni la creación de empleo; por el contrario, ha fortalecido el modelo plutocrático colombiano.
OTROSÍ: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”,no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento.
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El triunfalismo gremial
EL ÁBACO
Triunfalismo gremial
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Recientemente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) anunció que la recesión económica había llegado a su fin. La fuente de su inocultable euforia fue el aparente buen comportamiento del sector industrial. En este país de bipolaridad anímica el optimismo desbordante de ciertos dirigentes empresariales no es ajeno a la coyuntura política, ni desconocidas sus afinidades con el gobierno de turno; pues ellos son “gobiernistas” cualquiera sea el gobernante. Ese parece ser el caso del máximo jerarca de la poderosa agremiación. Divulgada la cifra de un modesto crecimiento del PIB de 0,4 por ciento, el optimismo gremial es desvirtuado ya que fue la industria manufacturera el sector con el peor desempeño: -6,3 por ciento.
Según la Andi en el mes de enero de este año se revirtió la tendencia declinante de la industria manufacturera la que creció en 5,1 por ciento, en tanto que las ventas hacia el mercado interno se elevaron en 5,5 por ciento. En contravía de este estimativo, el Dane reportó un aumento de la producción industrial en enero de 1,6 por ciento y de las ventas de 2,7 por ciento, evidenciándose una brecha notoria. La posible explicación es que el número de establecimientos incluidos en uno y otro caso son diferentes: el Dane dobla, aproximadamente, en el número de encuestados a la Andi, que entrevista alrededor de 800 empresas.
Es sintomático de que los coletazos de la recesión no han desaparecido como lo evidencia el hecho de que el empleo industrial sigue aletargado: cayó en - 5,0 por ciento. Es decir, la producción repuntó como resultado de un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada - ante la ampliación de la demanda de fin de año- que no requirió contratación de mano de obra adicional, usualmente, a término fijo o temporal.
PUNTO APARTE: El Gobierno departamental se encuentra en la mitad de su periodo. Mañana presentará su balance de gestión. En el profuso, difuso y confuso documento que resume sus logros están ausentes indicadores de resultado o de producto que revelen si se han cumplido las metas de sus programas y proyectos. Uno de los referentes para medir los aciertos de la Administración departamental es el plan de inversión contenido en el plan de desarrollo.
La inversión prevista en el plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo! 2007-2012” se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en el acumulado del periodo 2008-2009, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. Contrariamente, el programa de “Desarrollo Humano”, punta de lanza del desarrollo social, tuvo un exiguo cumplimiento de 6,5 por ciento. A juzgar por esto, el monótono discurso guerrerista contagió al Gobierno departamental.
PUNTO FINAL: En la encuesta Gallup, contratada por la prensa nacional y regional, sobre la intención de voto de los colombianos, sorprende que de los 1.200 entrevistados en las 51 ciudades, se hayan incluido a Tunja y a…Ramiriquí. Los resultados son sorprendentes porque, parecería, que la prefabricada opinión pública favoreciera a los descoloridos herederos ideológicos (Santos y Noemí) del mesiánico propietario de El Ubérrimo, quien quiere seguir gobernando en cuerpo ajeno. Los candidatos renovadores (Mockus, Fajardo, Petro y, parcialmente, Pardo)) son vistos como románticos soñadores que desvelan a los micropoderes clientelistas. La “democracia mediática” no podrá apabullar la “democracia real”.
Triunfalismo gremial
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Recientemente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) anunció que la recesión económica había llegado a su fin. La fuente de su inocultable euforia fue el aparente buen comportamiento del sector industrial. En este país de bipolaridad anímica el optimismo desbordante de ciertos dirigentes empresariales no es ajeno a la coyuntura política, ni desconocidas sus afinidades con el gobierno de turno; pues ellos son “gobiernistas” cualquiera sea el gobernante. Ese parece ser el caso del máximo jerarca de la poderosa agremiación. Divulgada la cifra de un modesto crecimiento del PIB de 0,4 por ciento, el optimismo gremial es desvirtuado ya que fue la industria manufacturera el sector con el peor desempeño: -6,3 por ciento.
Según la Andi en el mes de enero de este año se revirtió la tendencia declinante de la industria manufacturera la que creció en 5,1 por ciento, en tanto que las ventas hacia el mercado interno se elevaron en 5,5 por ciento. En contravía de este estimativo, el Dane reportó un aumento de la producción industrial en enero de 1,6 por ciento y de las ventas de 2,7 por ciento, evidenciándose una brecha notoria. La posible explicación es que el número de establecimientos incluidos en uno y otro caso son diferentes: el Dane dobla, aproximadamente, en el número de encuestados a la Andi, que entrevista alrededor de 800 empresas.
Es sintomático de que los coletazos de la recesión no han desaparecido como lo evidencia el hecho de que el empleo industrial sigue aletargado: cayó en - 5,0 por ciento. Es decir, la producción repuntó como resultado de un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada - ante la ampliación de la demanda de fin de año- que no requirió contratación de mano de obra adicional, usualmente, a término fijo o temporal.
PUNTO APARTE: El Gobierno departamental se encuentra en la mitad de su periodo. Mañana presentará su balance de gestión. En el profuso, difuso y confuso documento que resume sus logros están ausentes indicadores de resultado o de producto que revelen si se han cumplido las metas de sus programas y proyectos. Uno de los referentes para medir los aciertos de la Administración departamental es el plan de inversión contenido en el plan de desarrollo.
La inversión prevista en el plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo! 2007-2012” se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en el acumulado del periodo 2008-2009, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. Contrariamente, el programa de “Desarrollo Humano”, punta de lanza del desarrollo social, tuvo un exiguo cumplimiento de 6,5 por ciento. A juzgar por esto, el monótono discurso guerrerista contagió al Gobierno departamental.
PUNTO FINAL: En la encuesta Gallup, contratada por la prensa nacional y regional, sobre la intención de voto de los colombianos, sorprende que de los 1.200 entrevistados en las 51 ciudades, se hayan incluido a Tunja y a…Ramiriquí. Los resultados son sorprendentes porque, parecería, que la prefabricada opinión pública favoreciera a los descoloridos herederos ideológicos (Santos y Noemí) del mesiánico propietario de El Ubérrimo, quien quiere seguir gobernando en cuerpo ajeno. Los candidatos renovadores (Mockus, Fajardo, Petro y, parcialmente, Pardo)) son vistos como románticos soñadores que desvelan a los micropoderes clientelistas. La “democracia mediática” no podrá apabullar la “democracia real”.
martes, 23 de marzo de 2010
El cuento de las cuentas
SUMAS & restas
El cuento de las cuentas
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa, que posibilita el control ciudadano. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. La Gobernación de Boyacá convocó para el día 30 de marzo una audiencia pública cuyo núcleo es el Balance de Gestión de 2009.
A lo largo de las 177 páginas que conforman este documento se desgranan cifras que giran alrededor de los llamados cuatro ejes estratégicos del plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” 2008-2011, (desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente, infraestructura para la competitividad y buen gobierno), mencionándose programas, actividades y eventos, muchos de ellos con sonoros nombres. Sin embargo, pese a que en el documento se enuncia la conveniencia de utilizar indicadores –como línea base, resultados (productos) esperados y nivel de cumplimiento- para monitorear la ejecución de los objetivos y metas de los planes y programas de acción sectoriales, estos están ausentes. Al carecerse de indicadores cuantitativos o cualitativos, no hay parámetros de comparación, invocándose sólo datos puntuales, que muestran un comportamiento inercial, en el que se muestra un aparente éxito en la gestión pero que no evidencia relaciones de causalidad entre los diferentes eslabones del accionar gubernamental. Son cifras descontextualizadas sin un hilo conductor que facilite el seguimiento, la evaluación del desempeño del Gobierno departamental, y lo que es más relevante, el control social.
Desafortunadamente el documento no hace referencia alguna al contexto económico y social, comoquiera que su propósito central, el crecimiento (económico) con equidad, inclusión, sostenibilidad y gobernabilidad, no se sustenta en la trayectoria reciente seguida por la economía departamental ni del mercado laboral y la distribución del ingreso.
A juzgar por la ejecución del plan de inversiones, los resultados son paradójicos. No obstante que en los dos últimos años las finanzas departamentales han arrojado un saldo positivo: $ 236.279 y $78.505 millones, respectivamente, y se hayan sobrecumplido los recaudos, el superávit es un espejismo. Así lo reconoce la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda cuando afirma que la holgura fiscal es producto del aplazamiento del gasto en cada vigencia, a través de los denominados recursos del balance. Al excluirse estos se obtiene un superávit presupuestal real en 2008 de$ 55.664 millones y no de $ 236.279 millones.
El Gobierno actual se encuentra en la mitad de su periodo. La inversión prevista en el plan de desarrollo se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en los dos últimos años, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. En contraste, el desarrollo humano sólo ha avanzado el 14,7 por ciento de lo programado.
OTROSÍ: Al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y por el consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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El cuento de las cuentas
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa, que posibilita el control ciudadano. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. La Gobernación de Boyacá convocó para el día 30 de marzo una audiencia pública cuyo núcleo es el Balance de Gestión de 2009.
A lo largo de las 177 páginas que conforman este documento se desgranan cifras que giran alrededor de los llamados cuatro ejes estratégicos del plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” 2008-2011, (desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente, infraestructura para la competitividad y buen gobierno), mencionándose programas, actividades y eventos, muchos de ellos con sonoros nombres. Sin embargo, pese a que en el documento se enuncia la conveniencia de utilizar indicadores –como línea base, resultados (productos) esperados y nivel de cumplimiento- para monitorear la ejecución de los objetivos y metas de los planes y programas de acción sectoriales, estos están ausentes. Al carecerse de indicadores cuantitativos o cualitativos, no hay parámetros de comparación, invocándose sólo datos puntuales, que muestran un comportamiento inercial, en el que se muestra un aparente éxito en la gestión pero que no evidencia relaciones de causalidad entre los diferentes eslabones del accionar gubernamental. Son cifras descontextualizadas sin un hilo conductor que facilite el seguimiento, la evaluación del desempeño del Gobierno departamental, y lo que es más relevante, el control social.
Desafortunadamente el documento no hace referencia alguna al contexto económico y social, comoquiera que su propósito central, el crecimiento (económico) con equidad, inclusión, sostenibilidad y gobernabilidad, no se sustenta en la trayectoria reciente seguida por la economía departamental ni del mercado laboral y la distribución del ingreso.
A juzgar por la ejecución del plan de inversiones, los resultados son paradójicos. No obstante que en los dos últimos años las finanzas departamentales han arrojado un saldo positivo: $ 236.279 y $78.505 millones, respectivamente, y se hayan sobrecumplido los recaudos, el superávit es un espejismo. Así lo reconoce la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda cuando afirma que la holgura fiscal es producto del aplazamiento del gasto en cada vigencia, a través de los denominados recursos del balance. Al excluirse estos se obtiene un superávit presupuestal real en 2008 de$ 55.664 millones y no de $ 236.279 millones.
El Gobierno actual se encuentra en la mitad de su periodo. La inversión prevista en el plan de desarrollo se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en los dos últimos años, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. En contraste, el desarrollo humano sólo ha avanzado el 14,7 por ciento de lo programado.
OTROSÍ: Al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y por el consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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¿ Rendición de cuentas o de cuentos?
¿RENDICIÓN DE CUENTAS O DE CUENTOS?
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
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La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. Los ejes de referencia, para identificar los avances y retrocesos, la distancia entre lo prometido y lo ejecutado, lo constituyen los planes y programas, que suponen todo un instrumental convencional de indicadores de desempeño y resultados, los que permiten medir la eficacia y el impacto de las actuaciones de los administradores públicos. La Administración Universitaria convocó a una audiencia pública para el 25 de marzo. Tal como está concebida parece un inocuo simulacro.
El núcleo de la audiencia es el Informe de Gestión de la Rectoría de la UPTC, correspondiente al 2009, año en que concluye esta Administración. De lo anterior afloran varias inquietudes:
1. Las 106 diapositivas que estructuran el informe, integrado por la escueta descripción de los 7 lineamientos y 16 programas, aparte de incluir información de los últimos dos años no hace una referencia explícita de los indicadores de resultados o de producto que, se presume, revelarían el presunto éxito de la gestión rectoral, porque en el plan de desarrollo cuatrienal sólo se enunciaron acciones sin sustento en proyectos puntuales. De entrada no se incluyen las metas, los indicadores de (línea) base, los resultados esperados, el cumplimiento de las metas fijadas, ni los posibles factores que incidieron en su (in)cumplimiento. En esas condiciones las explicaciones caen en el fangoso terreno de la casuística, de la autocomplaciente tautología, del estilo de: “se desarrolló la visita de los pares académicos, se recibió el informe de evaluación, se elaboró la respuesta a los pares académicos”. Describe un procedimiento, pero no ahonda en el proceso de acreditación de los 54 programas académicos de pregrado. Son números fuera de contexto. Se ve el árbol pero no se divisa el bosque;
2. Al citarse sólo estadísticas parciales de la planta docente del 2009 , sin mencionarse la de años anteriores, no se evidencia cómo ésta se ha reducido, entre 2008 y 2009, de 533 a 511 profesores de planta –distante de los 558 que es el nivel establecido en el Acuerdo 065 de 2005 que “descongela” la planta docente-, en contraste con el salto observado de 590 a 637 profesores ocasionales, mientras que los catedráticos externos descendieron de 481 a 452 personas. La expansión de la oferta de programas requiere el fortalecimiento de la planta de personal docente; lo que se ha hecho es no “reponer” los profesores que se retiran o renuncian, diluyéndose los concursos en el evasivo discurso de la “planta global”, lo que ha debilitado la calidad de la enseñanza en muchos programas. A lo anterior se agrega que las reformas curriculares, recién implantadas, prevén la disminución de los requerimientos docentes por la drástica compresión del número de asignaturas de los planes de estudios, como efecto de la imposición de los arbitrarios topes de créditos y de las áreas curriculares;
3. Pese a todos los programas de apoyo socioeconómico que desarrolla la Unidad de Política Social –en el 2009 se beneficiaron 34.765 estudiantes (¿?), con recursos que superan los $ 8.600 millones- es inexplicable el elevado nivel de deserción estudiantil . Nuevamente, como no se incluyen estadísticas históricas, inquieta que los 2.158 estudiantes, mayormente de programas no presenciales y presenciales como educación, ingeniería, economía, administración, etc., que abandonaron las aulas por causas económicas o extraeconómicas, representen cerca del 10 % de la población universitaria. Es tan sólo una hoja en medio del espeso follaje. Sorprende, que a pesar de que el año pasado no se realizaron comicios electorales, se hayan beneficiado del certificado electoral 23.512 estudiantes, por encima del universo estudiantil: 23.285 ¿Cuál ha sido el verdadero impacto de la política de bienestar estudiantil para retener a los estudiantes y contrarrestar el éxodo estudiantil? ¿Inducirá el eventual reajuste del pago de matrículas, según el perfil socioeconómico del estudiante, una mayor deserción?
4. A juzgar por la información presupuestal que se incluye en el informe, los déficits son cosas del pasado, y, por el contrario, la situación es boyante, con un superávit que podría ser de $ 3.428 millones o de $ 8.046 millones , según sea el prisma con el que se examinen las cuentas. ¿Por qué se registra un saldo positivo en lugar del saldo en rojo que había puesto en jaque la sostenibilidad financiera de la Universidad en los últimos años? La respuesta la proporciona el último boletín de la Dirección Administrativa y Financiera que anota que esta “suma debe entenderse no como un superávit presupuestal sino como recursos no ejecutados durante la vigencia, con destinación específica para inversión y convenios”. En otros términos, son los compromisos de gasto que se arrastran de un año a otro (recursos del balance, tales como reservas presupuestales, cuentas por pagar y otras obligaciones) y con los cuales se taponan las posibles fuentes de desfinanciamiento, mostrando un ficticio equilibrio financiero. No sobra recordar que en el 2007 la Administración recurrió al pago anticipado de matrículas ($ 5.000 millones) y en el 2008 a un crédito bancario ($ 7.000 millones) para cubrir sus obligaciones, lo que se refleja en el incremento del rubro del servicio de la deuda en 2009;
Cuadro 1. Ejecución de ingresos (miles de $)
Rubro 2008 Participación porcentual 2009 Participación porcentual
Recursos propios 32.695.957 27,6 48.230.752 34,8
Aportes de la Nación 77.158.971 65,1 84.298.181 60,7
Recursos de capital 8.576.990 7,3 6.216.852 4,5
Total 118.431.918 100,0 138.745.785 100,0
Fuente: Informe de Gestión 2009.
Cuadro 2. Ejecución de gastos (miles de $)
Rubro 2008 Participación porcentual 2009 Participación porcentual
Gastos de funcionamiento 107.045.151 95,0 117.900.467 90,2
Servicio de la deuda 429.698 0,4 7.679.955 5,9
Inversión 5.194.969 4,6 5.119.130 3,9
Total 112.669.818 100,0 130.699.552 100,0
Fuente: Informe de Gestión 2009.
5. Resulta paradójico, dentro de la nómina de personal que los denominados “Administrativos temporales” hayan disminuido en los dos últimos años de 450 a 405, lo que no se ha traducido en una merma en el gasto de “supernumerarios y contratos a término fijo”, franja que absorbió en el 2009 $ 5.200 millones, $ 334 millones más que en el 2008. La aparente reducción del personal temporal es atribuible a la contratación con terceros –particularmente con empresas de servicios temporales como Administra Ram y Cobasec- de vigilantes, jardineros, custodios de biblioteca, aseadores, técnicos, profesionales, entre otros, siendo más de 230 personas, que, gradualmente, van desplazando a trabajadores oficiales y empleados públicos, cuyo número cayó en los dos últimos años en 39 funcionarios . La contratación con terceros de personal administrativo y operativo ascenderá este año a un poco más de $ 2.840 millones. ¿Es este un ejemplo de la austeridad en servicios personales que la Administración predica pero que no practica?
6. La obsoleta infraestructura física de la Universidad no mejora con un precario mantenimiento de pañete y pintura, como se hizo, a trancas y mochas, el mes pasado en el Edificio Central, con un contrato por $ 245 millones. El rezago de la inversión es visible: en el 2009 sólo se ejecutó el 66,3 % de la inversión proyectada en obras físicas. De la inversión prevista para la adquisición y adecuación del antiguo Hospital San Rafael, hoy sede de la Facultad de Salud, sólo se ejecutó el 66,6 % de lo programado. En el “elefante blanco” del Edificio de Laboratorios se ejecutó tan sólo el 3,2 % de lo proyectado, según el Informe de Gestión. ¿Por qué tanto retraso en una construcción que se yergue como un homenaje a la ineficiencia administrativa?
7. En el informe presentado por la Contraloría General de la República a finales del año pasado, se constata –a contrapelo del tan publicitado sistema de gestión de calidad y su no menos magnificado subproducto, SIGMA- una de la mayores deficiencias en la planeación de la Universidad: un plan de acción anual, derivado del plan de desarrollo, que por su etérea formulación, impide “realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento” de las actividades, al carecer de indicadores adecuados, identificación de la población objetivo, tiempo de ejecución, presupuesto requerido, parámetros de comparación, etc.
8. Aunque no se menciona en el informe rectoral, es inocultable que uno de los baches de su gestión es la apabullante incapacidad de concertar con los estamentos universitarios. El accidentado proceso de elaboración de un nuevo estatuto docente así lo confirma. Entregado el proyecto de la comisión designada por el Consejo Superior, documento objeto de múltiples observaciones, surgió un limbo, ya que la Administración decidió, motu proprio, a través del Consejo Académico, encauzar su discusión sin un cronograma consensuado. El profesorado, en diversas asambleas, ha reiterado la conveniencia de un proyecto alternativo, el cual se está perfilando y que aventaja, ampliamente, el proyecto de la comisión. De igual forma, sorprende la insistencia del Consejo Académico en implantar los formatos electrónicos del Plan de Trabajo Académico (PTA) como instrumento de evaluación del desempeño docente, cuyo referente es el artículo 16 del Acuerdo 065 de 2002. Sin embargo, en el mismo Acuerdo en el artículo 13 se refiere al “Plan Individual de Trabajo del Profesor Universitario” (PIT), el cual se remonta al artículo 123 del Acuerdo 021 de 1993 (Estatuto Docente), al Acuerdo 069 de 2000 (jornada de trabajo); al Acuerdo 050 de 2008 (sistema de créditos), a la Resolución del Consejo Académico número 032 de 2009 (modalidades de investigación) y, por último, a la Resolución 055 de 2009 (calendario académico de 2010). En esta última disposición se hace mención al PIT no al PTA. Contradictoriamente, y mostrando las incongruencias de la normatividad universitaria, en la Resolución del Consejo Académico número 49 de 2009 (modalidades de extensión), se menciona el PTA. ¿Se puede adoptar un instrumento de evaluación que carece de un acto administrativo que lo sustente?
Las anteriores son algunas de las acotaciones que se desprenden del informe rectoral, que muestra piezas sueltas del funcionamiento de la Universidad, sin una visión de conjunto que supere la presentación fragmentaria de su gestión, sin una conexión directa con el plan de desarrollo institucional. Es tan sólo una larga enumeración de discutibles logros acompañados de cifras descontextualizadas. En últimas, un cuento mal contado.
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
http://palimpsesto21.blogspot.com/
La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. Los ejes de referencia, para identificar los avances y retrocesos, la distancia entre lo prometido y lo ejecutado, lo constituyen los planes y programas, que suponen todo un instrumental convencional de indicadores de desempeño y resultados, los que permiten medir la eficacia y el impacto de las actuaciones de los administradores públicos. La Administración Universitaria convocó a una audiencia pública para el 25 de marzo. Tal como está concebida parece un inocuo simulacro.
El núcleo de la audiencia es el Informe de Gestión de la Rectoría de la UPTC, correspondiente al 2009, año en que concluye esta Administración. De lo anterior afloran varias inquietudes:
1. Las 106 diapositivas que estructuran el informe, integrado por la escueta descripción de los 7 lineamientos y 16 programas, aparte de incluir información de los últimos dos años no hace una referencia explícita de los indicadores de resultados o de producto que, se presume, revelarían el presunto éxito de la gestión rectoral, porque en el plan de desarrollo cuatrienal sólo se enunciaron acciones sin sustento en proyectos puntuales. De entrada no se incluyen las metas, los indicadores de (línea) base, los resultados esperados, el cumplimiento de las metas fijadas, ni los posibles factores que incidieron en su (in)cumplimiento. En esas condiciones las explicaciones caen en el fangoso terreno de la casuística, de la autocomplaciente tautología, del estilo de: “se desarrolló la visita de los pares académicos, se recibió el informe de evaluación, se elaboró la respuesta a los pares académicos”. Describe un procedimiento, pero no ahonda en el proceso de acreditación de los 54 programas académicos de pregrado. Son números fuera de contexto. Se ve el árbol pero no se divisa el bosque;
2. Al citarse sólo estadísticas parciales de la planta docente del 2009 , sin mencionarse la de años anteriores, no se evidencia cómo ésta se ha reducido, entre 2008 y 2009, de 533 a 511 profesores de planta –distante de los 558 que es el nivel establecido en el Acuerdo 065 de 2005 que “descongela” la planta docente-, en contraste con el salto observado de 590 a 637 profesores ocasionales, mientras que los catedráticos externos descendieron de 481 a 452 personas. La expansión de la oferta de programas requiere el fortalecimiento de la planta de personal docente; lo que se ha hecho es no “reponer” los profesores que se retiran o renuncian, diluyéndose los concursos en el evasivo discurso de la “planta global”, lo que ha debilitado la calidad de la enseñanza en muchos programas. A lo anterior se agrega que las reformas curriculares, recién implantadas, prevén la disminución de los requerimientos docentes por la drástica compresión del número de asignaturas de los planes de estudios, como efecto de la imposición de los arbitrarios topes de créditos y de las áreas curriculares;
3. Pese a todos los programas de apoyo socioeconómico que desarrolla la Unidad de Política Social –en el 2009 se beneficiaron 34.765 estudiantes (¿?), con recursos que superan los $ 8.600 millones- es inexplicable el elevado nivel de deserción estudiantil . Nuevamente, como no se incluyen estadísticas históricas, inquieta que los 2.158 estudiantes, mayormente de programas no presenciales y presenciales como educación, ingeniería, economía, administración, etc., que abandonaron las aulas por causas económicas o extraeconómicas, representen cerca del 10 % de la población universitaria. Es tan sólo una hoja en medio del espeso follaje. Sorprende, que a pesar de que el año pasado no se realizaron comicios electorales, se hayan beneficiado del certificado electoral 23.512 estudiantes, por encima del universo estudiantil: 23.285 ¿Cuál ha sido el verdadero impacto de la política de bienestar estudiantil para retener a los estudiantes y contrarrestar el éxodo estudiantil? ¿Inducirá el eventual reajuste del pago de matrículas, según el perfil socioeconómico del estudiante, una mayor deserción?
4. A juzgar por la información presupuestal que se incluye en el informe, los déficits son cosas del pasado, y, por el contrario, la situación es boyante, con un superávit que podría ser de $ 3.428 millones o de $ 8.046 millones , según sea el prisma con el que se examinen las cuentas. ¿Por qué se registra un saldo positivo en lugar del saldo en rojo que había puesto en jaque la sostenibilidad financiera de la Universidad en los últimos años? La respuesta la proporciona el último boletín de la Dirección Administrativa y Financiera que anota que esta “suma debe entenderse no como un superávit presupuestal sino como recursos no ejecutados durante la vigencia, con destinación específica para inversión y convenios”. En otros términos, son los compromisos de gasto que se arrastran de un año a otro (recursos del balance, tales como reservas presupuestales, cuentas por pagar y otras obligaciones) y con los cuales se taponan las posibles fuentes de desfinanciamiento, mostrando un ficticio equilibrio financiero. No sobra recordar que en el 2007 la Administración recurrió al pago anticipado de matrículas ($ 5.000 millones) y en el 2008 a un crédito bancario ($ 7.000 millones) para cubrir sus obligaciones, lo que se refleja en el incremento del rubro del servicio de la deuda en 2009;
Cuadro 1. Ejecución de ingresos (miles de $)
Rubro 2008 Participación porcentual 2009 Participación porcentual
Recursos propios 32.695.957 27,6 48.230.752 34,8
Aportes de la Nación 77.158.971 65,1 84.298.181 60,7
Recursos de capital 8.576.990 7,3 6.216.852 4,5
Total 118.431.918 100,0 138.745.785 100,0
Fuente: Informe de Gestión 2009.
Cuadro 2. Ejecución de gastos (miles de $)
Rubro 2008 Participación porcentual 2009 Participación porcentual
Gastos de funcionamiento 107.045.151 95,0 117.900.467 90,2
Servicio de la deuda 429.698 0,4 7.679.955 5,9
Inversión 5.194.969 4,6 5.119.130 3,9
Total 112.669.818 100,0 130.699.552 100,0
Fuente: Informe de Gestión 2009.
5. Resulta paradójico, dentro de la nómina de personal que los denominados “Administrativos temporales” hayan disminuido en los dos últimos años de 450 a 405, lo que no se ha traducido en una merma en el gasto de “supernumerarios y contratos a término fijo”, franja que absorbió en el 2009 $ 5.200 millones, $ 334 millones más que en el 2008. La aparente reducción del personal temporal es atribuible a la contratación con terceros –particularmente con empresas de servicios temporales como Administra Ram y Cobasec- de vigilantes, jardineros, custodios de biblioteca, aseadores, técnicos, profesionales, entre otros, siendo más de 230 personas, que, gradualmente, van desplazando a trabajadores oficiales y empleados públicos, cuyo número cayó en los dos últimos años en 39 funcionarios . La contratación con terceros de personal administrativo y operativo ascenderá este año a un poco más de $ 2.840 millones. ¿Es este un ejemplo de la austeridad en servicios personales que la Administración predica pero que no practica?
6. La obsoleta infraestructura física de la Universidad no mejora con un precario mantenimiento de pañete y pintura, como se hizo, a trancas y mochas, el mes pasado en el Edificio Central, con un contrato por $ 245 millones. El rezago de la inversión es visible: en el 2009 sólo se ejecutó el 66,3 % de la inversión proyectada en obras físicas. De la inversión prevista para la adquisición y adecuación del antiguo Hospital San Rafael, hoy sede de la Facultad de Salud, sólo se ejecutó el 66,6 % de lo programado. En el “elefante blanco” del Edificio de Laboratorios se ejecutó tan sólo el 3,2 % de lo proyectado, según el Informe de Gestión. ¿Por qué tanto retraso en una construcción que se yergue como un homenaje a la ineficiencia administrativa?
7. En el informe presentado por la Contraloría General de la República a finales del año pasado, se constata –a contrapelo del tan publicitado sistema de gestión de calidad y su no menos magnificado subproducto, SIGMA- una de la mayores deficiencias en la planeación de la Universidad: un plan de acción anual, derivado del plan de desarrollo, que por su etérea formulación, impide “realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento” de las actividades, al carecer de indicadores adecuados, identificación de la población objetivo, tiempo de ejecución, presupuesto requerido, parámetros de comparación, etc.
8. Aunque no se menciona en el informe rectoral, es inocultable que uno de los baches de su gestión es la apabullante incapacidad de concertar con los estamentos universitarios. El accidentado proceso de elaboración de un nuevo estatuto docente así lo confirma. Entregado el proyecto de la comisión designada por el Consejo Superior, documento objeto de múltiples observaciones, surgió un limbo, ya que la Administración decidió, motu proprio, a través del Consejo Académico, encauzar su discusión sin un cronograma consensuado. El profesorado, en diversas asambleas, ha reiterado la conveniencia de un proyecto alternativo, el cual se está perfilando y que aventaja, ampliamente, el proyecto de la comisión. De igual forma, sorprende la insistencia del Consejo Académico en implantar los formatos electrónicos del Plan de Trabajo Académico (PTA) como instrumento de evaluación del desempeño docente, cuyo referente es el artículo 16 del Acuerdo 065 de 2002. Sin embargo, en el mismo Acuerdo en el artículo 13 se refiere al “Plan Individual de Trabajo del Profesor Universitario” (PIT), el cual se remonta al artículo 123 del Acuerdo 021 de 1993 (Estatuto Docente), al Acuerdo 069 de 2000 (jornada de trabajo); al Acuerdo 050 de 2008 (sistema de créditos), a la Resolución del Consejo Académico número 032 de 2009 (modalidades de investigación) y, por último, a la Resolución 055 de 2009 (calendario académico de 2010). En esta última disposición se hace mención al PIT no al PTA. Contradictoriamente, y mostrando las incongruencias de la normatividad universitaria, en la Resolución del Consejo Académico número 49 de 2009 (modalidades de extensión), se menciona el PTA. ¿Se puede adoptar un instrumento de evaluación que carece de un acto administrativo que lo sustente?
Las anteriores son algunas de las acotaciones que se desprenden del informe rectoral, que muestra piezas sueltas del funcionamiento de la Universidad, sin una visión de conjunto que supere la presentación fragmentaria de su gestión, sin una conexión directa con el plan de desarrollo institucional. Es tan sólo una larga enumeración de discutibles logros acompañados de cifras descontextualizadas. En últimas, un cuento mal contado.
martes, 23 de febrero de 2010
Otro globo distractor
EL ÁBACO
Otro globo distractor
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
El Gobierno Nacional tiene un inagotable repertorio de globos distractores que, de tiempo en tiempo, estallan sin dejar el menor rastro. A mediados del mes de febrero el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, anunció la reciclada propuesta de fijar un salario mínimo diferencial por regiones, sosteniendo que la productividad ha aumentado por encima del salario, y, por consiguiente, los costos de producción se han encarecido llevando a los empresarios a invertir más en capital fijo (maquinarias y equipos) que en mano de obra, afirmación que no se evidencia concluyentemente durante los últimos años.
El implantar un salario mínimo diferenciado llevaría a ahondar la brecha de inequidad social entre las diferentes regiones (departamentos, en un sentido restringido), si se presume que la mitad de los asalariados percibe menos de un salario mínimo y el 60 por ciento de los ocupados malviven en los laberintos de la informalidad, fenómenos, que contrario de lo que afirma la tecnocracia gubernamental, no es el resultado del “elevado” salario mínimo. A juicio de la Escuela Nacional Sindical para adquirir los bienes y servicios de una canasta familiar básica se requiere el equivalente de dos salarios mínimos, un poco más de un millón de pesos, cifra que devenga alrededor del 85 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos.
El “refrito” de la propuesta de la jefatura del DNP, deliberadamente desconoce la desigual estructura económica y social, que tiende a polarizarse entre regiones prósperas y regiones atrasadas, como se constata cuando se encuentra que el ingreso per cápita real anual de Boyacá, es el 55,6 por ciento del de Bogotá y, el del Chocó representa el 19,8 por ciento del nivel de la capital del país. De acogerse esa regresiva propuesta las disparidades regionales se perpetuarían, reforzándose la pobreza y la marginalidad, ya que el diferencial salarial en las regiones prósperas induciría la migración hacia las mismas, “vaciando” las rezagadas.
Dentro del engranaje estatal una de las agencias que ha venido perdiendo su tradicional perfil de santuario de la infalible tecnoburocracia es el DNP. Este retroceso, que va aparejado de la pérdida de credibilidad en el demagógico discurso oficial, pareciera ser un preocupante síntoma de la improvisación que campea, salvo muy pocas excepciones, en los 13 ministerios y demás entidades gubernamentales, como, últimamente, se ha observado en los inamovibles ministerios de Transporte y de Salud.
Como en las demás cortinas de humo que se lanzan para distraer la opinión pública de los inocultables escándalos propios del desgobierno existente, la adopción de un salario mínimo diferencial no resuelve sino que acentúa el malestar social.
PUNTO FINAL: El outsourcing o tercerización se ha convertido en un fácil expediente para reducir los costos de la mano de obra, a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs). La reestructuración del Hospital San Rafael de Tunja hace cerca de cinco años implicó la disminución de su nómina de personal de 560 a 142 personas, haciendo posible el auge de estas organizaciones cooperativas cuyo número de asociados pasó de 99 a 688 entre 2004 y 2009.
Lo anterior es inquietante porque, además de que éstas fungen como intermediarios laborales, las diferencias salariales entre los trabajadores de planta y los de las 11 CTAs son considerables. Por ejemplo, la remuneración de un enfermero es 66,7 por ciento de la de su homólogo de planta. A lo que se añade que los contratos son de corta duración, casi equiparable al trabajo a destajo, propiciando la inestabilidad laboral, a la que se ven sometidos profesionales, técnicos y trabajadores rasos.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
Otro globo distractor
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
El Gobierno Nacional tiene un inagotable repertorio de globos distractores que, de tiempo en tiempo, estallan sin dejar el menor rastro. A mediados del mes de febrero el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, anunció la reciclada propuesta de fijar un salario mínimo diferencial por regiones, sosteniendo que la productividad ha aumentado por encima del salario, y, por consiguiente, los costos de producción se han encarecido llevando a los empresarios a invertir más en capital fijo (maquinarias y equipos) que en mano de obra, afirmación que no se evidencia concluyentemente durante los últimos años.
El implantar un salario mínimo diferenciado llevaría a ahondar la brecha de inequidad social entre las diferentes regiones (departamentos, en un sentido restringido), si se presume que la mitad de los asalariados percibe menos de un salario mínimo y el 60 por ciento de los ocupados malviven en los laberintos de la informalidad, fenómenos, que contrario de lo que afirma la tecnocracia gubernamental, no es el resultado del “elevado” salario mínimo. A juicio de la Escuela Nacional Sindical para adquirir los bienes y servicios de una canasta familiar básica se requiere el equivalente de dos salarios mínimos, un poco más de un millón de pesos, cifra que devenga alrededor del 85 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos.
El “refrito” de la propuesta de la jefatura del DNP, deliberadamente desconoce la desigual estructura económica y social, que tiende a polarizarse entre regiones prósperas y regiones atrasadas, como se constata cuando se encuentra que el ingreso per cápita real anual de Boyacá, es el 55,6 por ciento del de Bogotá y, el del Chocó representa el 19,8 por ciento del nivel de la capital del país. De acogerse esa regresiva propuesta las disparidades regionales se perpetuarían, reforzándose la pobreza y la marginalidad, ya que el diferencial salarial en las regiones prósperas induciría la migración hacia las mismas, “vaciando” las rezagadas.
Dentro del engranaje estatal una de las agencias que ha venido perdiendo su tradicional perfil de santuario de la infalible tecnoburocracia es el DNP. Este retroceso, que va aparejado de la pérdida de credibilidad en el demagógico discurso oficial, pareciera ser un preocupante síntoma de la improvisación que campea, salvo muy pocas excepciones, en los 13 ministerios y demás entidades gubernamentales, como, últimamente, se ha observado en los inamovibles ministerios de Transporte y de Salud.
Como en las demás cortinas de humo que se lanzan para distraer la opinión pública de los inocultables escándalos propios del desgobierno existente, la adopción de un salario mínimo diferencial no resuelve sino que acentúa el malestar social.
PUNTO FINAL: El outsourcing o tercerización se ha convertido en un fácil expediente para reducir los costos de la mano de obra, a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs). La reestructuración del Hospital San Rafael de Tunja hace cerca de cinco años implicó la disminución de su nómina de personal de 560 a 142 personas, haciendo posible el auge de estas organizaciones cooperativas cuyo número de asociados pasó de 99 a 688 entre 2004 y 2009.
Lo anterior es inquietante porque, además de que éstas fungen como intermediarios laborales, las diferencias salariales entre los trabajadores de planta y los de las 11 CTAs son considerables. Por ejemplo, la remuneración de un enfermero es 66,7 por ciento de la de su homólogo de planta. A lo que se añade que los contratos son de corta duración, casi equiparable al trabajo a destajo, propiciando la inestabilidad laboral, a la que se ven sometidos profesionales, técnicos y trabajadores rasos.
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Precarización laboral a la medida
SUMAS & restas
Precarización laboral a la medida
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
La dramática crisis de la salud no sólo es financiera sino también de un maltrecho sistema en cuidados intensivos. En efecto, la mal llamada flexibilización del mercado laboral ha deteriorado la calidad del empleo generado, por cuenta del tan publicitado outsourcing , tercerización o subcontratación de personal, lo que ha incidido en una irreversible caída del número de asalariados, que representan tan sólo una tercera parte de todos los ocupados en la economía colombiana.
En la última década la economía solidaria registró un espectacular auge, particularmente de las denominadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs), que representan alrededor de la mitad del espectro de las organizaciones cooperativas existentes en Colombia, absorbiendo cerca de medio millón de trabajadores asociados. Uno de los sectores que ha presenciado una inusitada expansión es el vapuleado sector salud, en donde las entidades hospitalarias vienen recurriendo a la contratación de personal con terceros, lo que les permite una reducción sustancial de costos, relevándose de cualquier responsabilidad directa con los asociados.
En el Hospital San Rafael de Tunja, se encontró que la implacable reestructuración administrativa implantada entre 2004 y 2005, trajo consigo una sensible disminución de la nómina, al contraerse de 560 trabajadores en dicho periodo a 142 en 2009. Lo más sintomático fue, que en este intervalo, mientras el número de CTAs que ofrecen sus servicios de personal (médico-asistencial, administrativos y de servicios generales) se elevó de 7 a 11, los afiliados se treparon de 99 a 688, significando el aumento del promedio de trabajadores por cooperativa de 11,3 a 62,5 personas. En la actualidad el 70 por ciento del personal hospitalario es contratado a través de las CTAs, habiendo surgido una nueva modalidad llamada “turismo cooperativo”.
Lo anterior no sería preocupante si el rápido crecimiento de las cooperativas hubiese sido resultado de la búsqueda de alternativas laborales, a través estas organizaciones solidarias, en donde se postula adhesión voluntaria, control democrático, autonomía, participación y compromiso de los asociados, entre otros; pero, la terca realidad evidencia que esas formas cooperativas surgieron, la mayor parte de ellas, como maquilladas modalidades de intermediación laboral, que pueden equiparase a empresas de servicios temporales con contratos de corta duración , pese a que la remuneración se percibe no como salario sino como compensación.
Basta citar algunos ejemplos para constatar la notoria brecha de inequidad que existe entre la remuneración de los empleados de nómina del hospital y los trabajadores asociados a la decena de cooperativas. A un técnico administrativo de una cooperativa se le pagaba, -luego de una cascada de deducciones y contribuciones parafiscales-, el 80,4 por ciento de su homólogo de planta. De igual forma un enfermero afiliado percibía el 66,2 por ciento de su equivalente en el hospital. Por último, un técnico en servicios generales recibía el 74,7 por ciento de su similar perteneciente a la planta de personal de la institución hospitalaria.
El apabullante desempleo y subempleo, que agobia a cerca de 9 millones de colombianos, ha forzado a profesionales, técnicos y tecnólogos a aceptar precarias condiciones de trabajo, bajo la fachada de trabajo solidario, en donde se reproduce la “explotación del hombre por el hambre”.
OTROSÍ: según el columnista Alfredo Molano, en 2009 la Gobernación de Boyacá se gastó $ 4.400 millones en campañas mediáticas para sobredimensionar sus modestas realizaciones. ¿Quienes fueron los favorecidos?
http://palimpsesto21.blogspot.com/
Precarización laboral a la medida
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
La dramática crisis de la salud no sólo es financiera sino también de un maltrecho sistema en cuidados intensivos. En efecto, la mal llamada flexibilización del mercado laboral ha deteriorado la calidad del empleo generado, por cuenta del tan publicitado outsourcing , tercerización o subcontratación de personal, lo que ha incidido en una irreversible caída del número de asalariados, que representan tan sólo una tercera parte de todos los ocupados en la economía colombiana.
En la última década la economía solidaria registró un espectacular auge, particularmente de las denominadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs), que representan alrededor de la mitad del espectro de las organizaciones cooperativas existentes en Colombia, absorbiendo cerca de medio millón de trabajadores asociados. Uno de los sectores que ha presenciado una inusitada expansión es el vapuleado sector salud, en donde las entidades hospitalarias vienen recurriendo a la contratación de personal con terceros, lo que les permite una reducción sustancial de costos, relevándose de cualquier responsabilidad directa con los asociados.
En el Hospital San Rafael de Tunja, se encontró que la implacable reestructuración administrativa implantada entre 2004 y 2005, trajo consigo una sensible disminución de la nómina, al contraerse de 560 trabajadores en dicho periodo a 142 en 2009. Lo más sintomático fue, que en este intervalo, mientras el número de CTAs que ofrecen sus servicios de personal (médico-asistencial, administrativos y de servicios generales) se elevó de 7 a 11, los afiliados se treparon de 99 a 688, significando el aumento del promedio de trabajadores por cooperativa de 11,3 a 62,5 personas. En la actualidad el 70 por ciento del personal hospitalario es contratado a través de las CTAs, habiendo surgido una nueva modalidad llamada “turismo cooperativo”.
Lo anterior no sería preocupante si el rápido crecimiento de las cooperativas hubiese sido resultado de la búsqueda de alternativas laborales, a través estas organizaciones solidarias, en donde se postula adhesión voluntaria, control democrático, autonomía, participación y compromiso de los asociados, entre otros; pero, la terca realidad evidencia que esas formas cooperativas surgieron, la mayor parte de ellas, como maquilladas modalidades de intermediación laboral, que pueden equiparase a empresas de servicios temporales con contratos de corta duración , pese a que la remuneración se percibe no como salario sino como compensación.
Basta citar algunos ejemplos para constatar la notoria brecha de inequidad que existe entre la remuneración de los empleados de nómina del hospital y los trabajadores asociados a la decena de cooperativas. A un técnico administrativo de una cooperativa se le pagaba, -luego de una cascada de deducciones y contribuciones parafiscales-, el 80,4 por ciento de su homólogo de planta. De igual forma un enfermero afiliado percibía el 66,2 por ciento de su equivalente en el hospital. Por último, un técnico en servicios generales recibía el 74,7 por ciento de su similar perteneciente a la planta de personal de la institución hospitalaria.
El apabullante desempleo y subempleo, que agobia a cerca de 9 millones de colombianos, ha forzado a profesionales, técnicos y tecnólogos a aceptar precarias condiciones de trabajo, bajo la fachada de trabajo solidario, en donde se reproduce la “explotación del hombre por el hambre”.
OTROSÍ: según el columnista Alfredo Molano, en 2009 la Gobernación de Boyacá se gastó $ 4.400 millones en campañas mediáticas para sobredimensionar sus modestas realizaciones. ¿Quienes fueron los favorecidos?
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