martes, 23 de febrero de 2010

Otro globo distractor

EL ÁBACO
Otro globo distractor
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
El Gobierno Nacional tiene un inagotable repertorio de globos distractores que, de tiempo en tiempo, estallan sin dejar el menor rastro. A mediados del mes de febrero el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, anunció la reciclada propuesta de fijar un salario mínimo diferencial por regiones, sosteniendo que la productividad ha aumentado por encima del salario, y, por consiguiente, los costos de producción se han encarecido llevando a los empresarios a invertir más en capital fijo (maquinarias y equipos) que en mano de obra, afirmación que no se evidencia concluyentemente durante los últimos años.
El implantar un salario mínimo diferenciado llevaría a ahondar la brecha de inequidad social entre las diferentes regiones (departamentos, en un sentido restringido), si se presume que la mitad de los asalariados percibe menos de un salario mínimo y el 60 por ciento de los ocupados malviven en los laberintos de la informalidad, fenómenos, que contrario de lo que afirma la tecnocracia gubernamental, no es el resultado del “elevado” salario mínimo. A juicio de la Escuela Nacional Sindical para adquirir los bienes y servicios de una canasta familiar básica se requiere el equivalente de dos salarios mínimos, un poco más de un millón de pesos, cifra que devenga alrededor del 85 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos.
El “refrito” de la propuesta de la jefatura del DNP, deliberadamente desconoce la desigual estructura económica y social, que tiende a polarizarse entre regiones prósperas y regiones atrasadas, como se constata cuando se encuentra que el ingreso per cápita real anual de Boyacá, es el 55,6 por ciento del de Bogotá y, el del Chocó representa el 19,8 por ciento del nivel de la capital del país. De acogerse esa regresiva propuesta las disparidades regionales se perpetuarían, reforzándose la pobreza y la marginalidad, ya que el diferencial salarial en las regiones prósperas induciría la migración hacia las mismas, “vaciando” las rezagadas.
Dentro del engranaje estatal una de las agencias que ha venido perdiendo su tradicional perfil de santuario de la infalible tecnoburocracia es el DNP. Este retroceso, que va aparejado de la pérdida de credibilidad en el demagógico discurso oficial, pareciera ser un preocupante síntoma de la improvisación que campea, salvo muy pocas excepciones, en los 13 ministerios y demás entidades gubernamentales, como, últimamente, se ha observado en los inamovibles ministerios de Transporte y de Salud.
Como en las demás cortinas de humo que se lanzan para distraer la opinión pública de los inocultables escándalos propios del desgobierno existente, la adopción de un salario mínimo diferencial no resuelve sino que acentúa el malestar social.
PUNTO FINAL: El outsourcing o tercerización se ha convertido en un fácil expediente para reducir los costos de la mano de obra, a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs). La reestructuración del Hospital San Rafael de Tunja hace cerca de cinco años implicó la disminución de su nómina de personal de 560 a 142 personas, haciendo posible el auge de estas organizaciones cooperativas cuyo número de asociados pasó de 99 a 688 entre 2004 y 2009.
Lo anterior es inquietante porque, además de que éstas fungen como intermediarios laborales, las diferencias salariales entre los trabajadores de planta y los de las 11 CTAs son considerables. Por ejemplo, la remuneración de un enfermero es 66,7 por ciento de la de su homólogo de planta. A lo que se añade que los contratos son de corta duración, casi equiparable al trabajo a destajo, propiciando la inestabilidad laboral, a la que se ven sometidos profesionales, técnicos y trabajadores rasos.
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Precarización laboral a la medida

SUMAS & restas
Precarización laboral a la medida
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
La dramática crisis de la salud no sólo es financiera sino también de un maltrecho sistema en cuidados intensivos. En efecto, la mal llamada flexibilización del mercado laboral ha deteriorado la calidad del empleo generado, por cuenta del tan publicitado outsourcing , tercerización o subcontratación de personal, lo que ha incidido en una irreversible caída del número de asalariados, que representan tan sólo una tercera parte de todos los ocupados en la economía colombiana.
En la última década la economía solidaria registró un espectacular auge, particularmente de las denominadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs), que representan alrededor de la mitad del espectro de las organizaciones cooperativas existentes en Colombia, absorbiendo cerca de medio millón de trabajadores asociados. Uno de los sectores que ha presenciado una inusitada expansión es el vapuleado sector salud, en donde las entidades hospitalarias vienen recurriendo a la contratación de personal con terceros, lo que les permite una reducción sustancial de costos, relevándose de cualquier responsabilidad directa con los asociados.
En el Hospital San Rafael de Tunja, se encontró que la implacable reestructuración administrativa implantada entre 2004 y 2005, trajo consigo una sensible disminución de la nómina, al contraerse de 560 trabajadores en dicho periodo a 142 en 2009. Lo más sintomático fue, que en este intervalo, mientras el número de CTAs que ofrecen sus servicios de personal (médico-asistencial, administrativos y de servicios generales) se elevó de 7 a 11, los afiliados se treparon de 99 a 688, significando el aumento del promedio de trabajadores por cooperativa de 11,3 a 62,5 personas. En la actualidad el 70 por ciento del personal hospitalario es contratado a través de las CTAs, habiendo surgido una nueva modalidad llamada “turismo cooperativo”.
Lo anterior no sería preocupante si el rápido crecimiento de las cooperativas hubiese sido resultado de la búsqueda de alternativas laborales, a través estas organizaciones solidarias, en donde se postula adhesión voluntaria, control democrático, autonomía, participación y compromiso de los asociados, entre otros; pero, la terca realidad evidencia que esas formas cooperativas surgieron, la mayor parte de ellas, como maquilladas modalidades de intermediación laboral, que pueden equiparase a empresas de servicios temporales con contratos de corta duración , pese a que la remuneración se percibe no como salario sino como compensación.
Basta citar algunos ejemplos para constatar la notoria brecha de inequidad que existe entre la remuneración de los empleados de nómina del hospital y los trabajadores asociados a la decena de cooperativas. A un técnico administrativo de una cooperativa se le pagaba, -luego de una cascada de deducciones y contribuciones parafiscales-, el 80,4 por ciento de su homólogo de planta. De igual forma un enfermero afiliado percibía el 66,2 por ciento de su equivalente en el hospital. Por último, un técnico en servicios generales recibía el 74,7 por ciento de su similar perteneciente a la planta de personal de la institución hospitalaria.
El apabullante desempleo y subempleo, que agobia a cerca de 9 millones de colombianos, ha forzado a profesionales, técnicos y tecnólogos a aceptar precarias condiciones de trabajo, bajo la fachada de trabajo solidario, en donde se reproduce la “explotación del hombre por el hambre”.
OTROSÍ: según el columnista Alfredo Molano, en 2009 la Gobernación de Boyacá se gastó $ 4.400 millones en campañas mediáticas para sobredimensionar sus modestas realizaciones. ¿Quienes fueron los favorecidos?
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