SUMAS & restas
Las CARs: ¿reforma cosmética?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
La historia se repite primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia. Ayer fue el desastre invernal hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las corporaciones ambientales regionales (CARs) estaban en el ojo del huracán ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el “desarrollo sostenible” se ha tornado en una inocua invocación ritual del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno Nacional anunció la liquidación o fusión de una treintena de CARs, que manejan un irrisorio presupuesto de menos de un billón de pesos, por no haber previsto las inundaciones y deslizamientos que sepultaron a centenares de indefensos colombianos, convirtiéndolas en chivos expiatorios.
El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales –resultante, en parte de la inexistencia de un Ministerio especializado-, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería, rasgo idiosincrático de la política al menudeo (léase clientelista) de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución Política de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas, pomposamente, “autoridades ambientales” y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993, define explícitamente que las corporaciones ambientales están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo –elegidos por la suprimida asamblea corporativa- que designa desde 1995 al Director General, predomina la representación del Gobierno (nacional, departamental y municipal), siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONGs ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, -con la ausencia de ONGs y gremios y una disminuida participación de los alcaldes-, elegiría al Director, significando una pérdida de autonomía y mayor tutelaje central. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil? A cambio de neutralidad técnica habrá más burocracia de impronta centralista. Lo destacable del hechizo proyecto es la inclusión de una universidad regional.
OTROSÍ: Las dos principales CARs de Boyacá, Corpoboyacá y Corpochivor, con una cobertura de 112 municipios, ejecutaron en el 2010 un presupuesto que bordea los $ 35.000 millones, destinándose más del 75 por ciento a la inversión. ¿Se ha focalizado ésta en la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Se nombrará a dedo a los nuevos directores?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
sábado, 29 de enero de 2011
Le euforia económica
SUMAS & restas
La euforia económica
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno Nacional exhibe un optimismo desbordante. Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el crecimiento de la economía en el 2011, calculado en 4,5 por ciento, el Presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5 por ciento. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada cuando esta tuvo un ritmo de 4 por ciento, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para el 2010 que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el siniestro natural.
Para los expertos del DNP los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, el desempeño oscilará entre 4,8 y 6,2 por ciento, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C& T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura vial averiada, la minería depredada y la vivienda desplomada. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores, han llevado a que los promotores del plan de desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, prevaleciendo cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero estas no podrán materializarse si, la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas – asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión- que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad para sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país, podrían elevar los guarismo de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $ 500 billones, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Central, para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.
OTROSÍ: La Gobernación de Boyacá ha sido proverbialmente un mal administrador de su reducido patrimonio. El disponer de unos activos como las termoeléctricas, la participación accionaria en Acerías Paz del Río, la concesión de la Empresa Licorera de Boyacá, entre otras, ha mostrado una pasmosa incapacidad de eficiente gerencia pública. La no apropiación de un modelo gerencial público ha conducido a la apropiación privada de estos activos en detrimento de los intereses de la sociedad civil, ausente en todas las decisiones.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
La euforia económica
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno Nacional exhibe un optimismo desbordante. Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el crecimiento de la economía en el 2011, calculado en 4,5 por ciento, el Presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5 por ciento. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada cuando esta tuvo un ritmo de 4 por ciento, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para el 2010 que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el siniestro natural.
Para los expertos del DNP los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, el desempeño oscilará entre 4,8 y 6,2 por ciento, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C& T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura vial averiada, la minería depredada y la vivienda desplomada. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores, han llevado a que los promotores del plan de desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, prevaleciendo cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero estas no podrán materializarse si, la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas – asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión- que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad para sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país, podrían elevar los guarismo de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $ 500 billones, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Central, para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.
OTROSÍ: La Gobernación de Boyacá ha sido proverbialmente un mal administrador de su reducido patrimonio. El disponer de unos activos como las termoeléctricas, la participación accionaria en Acerías Paz del Río, la concesión de la Empresa Licorera de Boyacá, entre otras, ha mostrado una pasmosa incapacidad de eficiente gerencia pública. La no apropiación de un modelo gerencial público ha conducido a la apropiación privada de estos activos en detrimento de los intereses de la sociedad civil, ausente en todas las decisiones.
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viernes, 7 de enero de 2011
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
SUMAS & restas
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Los resultados de la inflación acumulada en 2010 sorprendieron a todos. A pesar de que se anticipaba que bordearía el tres por ciento, el registro final la desbordó en dos puntos. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,2 por ciento indujo a una revisión de precios y tarifas, comoquiera que el reajuste del salario mínimo (3,4 por ciento) resultó anulado por dicho guarismo. Lo más preocupante fue que el indicador de la carestía para el estrato de ingreso bajo (3,6 por ciento), asestó un duro golpe a los colombianos más vulnerables, expuestos a todas las secuelas del peor desastre invernal, lo que retrotraerá la pobreza urbana y rural a niveles sin precedentes.
El sorpresivo anuncio del Presidente Santos de revaluar el reciente incremento del salario mínimo para situarlo en cuatro por ciento es un contradictorio reconocimiento de la gravedad de esta regresión social, así los $20.600 de aumento sea un paliativo a la calamitosa situación por la que atraviesan quienes en entidades públicas y empresas privadas, formales e informales, malviven con menos de un salario mínimo. Pese a que los gremios empresariales califican esta decisión como política, lo cierto es que tiene una connotación de “racionalidad económica” al fallar el pronóstico tanto de los centros de investigación cercanos al Gobierno Nacional (v. gr. Fedesarrollo) como de agencias estatales como el Banco de la República. La infalible tecnocracia ha recurrido a los rangos en sus estimativos para reducir el margen de error en sus proyecciones estadísticas.
A su vez, lo que sorprende, fue observar que Tunja fue la ciudad, dentro de las 24 ciudades capitales que encuesta el Dane, de menor crecimiento en el precio de la canasta familiar, no obstante que en el 2009 estuvo por encima de la media del país (2,23 frente a 2,0 por ciento). En efecto, mientras Tunja registró una inflación de 1,93 por ciento el promedio nacional se calculó en 3,17 por ciento, siendo diciembre el mes detonante del alza de precios, considerándose que fue el periodo cuya inflación superó al comportamiento de toda la década pasada.
Lo predecible en los meses iniciales de 2011 será la cascada de incrementos tanto en los precios como en las tarifas reguladas, lo que conducirán a que pensiones, cánones de arrendamiento, tarifas de servicios públicos, pasajes, peajes, etc. se eleven absorbiendo el pírrico aumento salarial; es el “círculo vicioso” de los ingresos salariales pulverizados por la catapulta de los precios de bienes y servicios.
OTROSÍ: Ahora no sea que el Alcalde Montejo reclame para sí la baja inflación tunjana.
Es risible que anuncie que emprenderá una cruzada para defender el funesto periodo presidencial uribista. Debería, más bien, dedicarse a desmontar las megavallas que instaló aquí y allá para publicitar su megalomanía mediática. Se inició la cuenta regresiva y en octubre las urnas le darán una respuesta a su invertido lema: “Para Tunja: lo peor…”
POSDATA: Con los nombramientos conocidos, habrá en la UPTC, ¿más de lo mismo?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Los resultados de la inflación acumulada en 2010 sorprendieron a todos. A pesar de que se anticipaba que bordearía el tres por ciento, el registro final la desbordó en dos puntos. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,2 por ciento indujo a una revisión de precios y tarifas, comoquiera que el reajuste del salario mínimo (3,4 por ciento) resultó anulado por dicho guarismo. Lo más preocupante fue que el indicador de la carestía para el estrato de ingreso bajo (3,6 por ciento), asestó un duro golpe a los colombianos más vulnerables, expuestos a todas las secuelas del peor desastre invernal, lo que retrotraerá la pobreza urbana y rural a niveles sin precedentes.
El sorpresivo anuncio del Presidente Santos de revaluar el reciente incremento del salario mínimo para situarlo en cuatro por ciento es un contradictorio reconocimiento de la gravedad de esta regresión social, así los $20.600 de aumento sea un paliativo a la calamitosa situación por la que atraviesan quienes en entidades públicas y empresas privadas, formales e informales, malviven con menos de un salario mínimo. Pese a que los gremios empresariales califican esta decisión como política, lo cierto es que tiene una connotación de “racionalidad económica” al fallar el pronóstico tanto de los centros de investigación cercanos al Gobierno Nacional (v. gr. Fedesarrollo) como de agencias estatales como el Banco de la República. La infalible tecnocracia ha recurrido a los rangos en sus estimativos para reducir el margen de error en sus proyecciones estadísticas.
A su vez, lo que sorprende, fue observar que Tunja fue la ciudad, dentro de las 24 ciudades capitales que encuesta el Dane, de menor crecimiento en el precio de la canasta familiar, no obstante que en el 2009 estuvo por encima de la media del país (2,23 frente a 2,0 por ciento). En efecto, mientras Tunja registró una inflación de 1,93 por ciento el promedio nacional se calculó en 3,17 por ciento, siendo diciembre el mes detonante del alza de precios, considerándose que fue el periodo cuya inflación superó al comportamiento de toda la década pasada.
Lo predecible en los meses iniciales de 2011 será la cascada de incrementos tanto en los precios como en las tarifas reguladas, lo que conducirán a que pensiones, cánones de arrendamiento, tarifas de servicios públicos, pasajes, peajes, etc. se eleven absorbiendo el pírrico aumento salarial; es el “círculo vicioso” de los ingresos salariales pulverizados por la catapulta de los precios de bienes y servicios.
OTROSÍ: Ahora no sea que el Alcalde Montejo reclame para sí la baja inflación tunjana.
Es risible que anuncie que emprenderá una cruzada para defender el funesto periodo presidencial uribista. Debería, más bien, dedicarse a desmontar las megavallas que instaló aquí y allá para publicitar su megalomanía mediática. Se inició la cuenta regresiva y en octubre las urnas le darán una respuesta a su invertido lema: “Para Tunja: lo peor…”
POSDATA: Con los nombramientos conocidos, habrá en la UPTC, ¿más de lo mismo?
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