Las CARs: ¿reforma cosmética?

SUMAS & restas
Las CARs: ¿reforma cosmética?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
La historia se repite primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia. Ayer fue el desastre invernal hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las corporaciones ambientales regionales (CARs) estaban en el ojo del huracán ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el “desarrollo sostenible” se ha tornado en una inocua invocación ritual del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno Nacional anunció la liquidación o fusión de una treintena de CARs, que manejan un irrisorio presupuesto de menos de un billón de pesos, por no haber previsto las inundaciones y deslizamientos que sepultaron a centenares de indefensos colombianos, convirtiéndolas en chivos expiatorios.
El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales –resultante, en parte de la inexistencia de un Ministerio especializado-, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería, rasgo idiosincrático de la política al menudeo (léase clientelista) de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución Política de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas, pomposamente, “autoridades ambientales” y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993, define explícitamente que las corporaciones ambientales están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo –elegidos por la suprimida asamblea corporativa- que designa desde 1995 al Director General, predomina la representación del Gobierno (nacional, departamental y municipal), siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONGs ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, -con la ausencia de ONGs y gremios y una disminuida participación de los alcaldes-, elegiría al Director, significando una pérdida de autonomía y mayor tutelaje central. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil? A cambio de neutralidad técnica habrá más burocracia de impronta centralista. Lo destacable del hechizo proyecto es la inclusión de una universidad regional.
OTROSÍ: Las dos principales CARs de Boyacá, Corpoboyacá y Corpochivor, con una cobertura de 112 municipios, ejecutaron en el 2010 un presupuesto que bordea los $ 35.000 millones, destinándose más del 75 por ciento a la inversión. ¿Se ha focalizado ésta en la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Se nombrará a dedo a los nuevos directores?
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