Reforma universitaria: ¿más de lo mismo?

REFORMA UNIVERSITARIA: ¿más de lo mismo?
Edilberto Rodríguez Araújo (Representante Profesoral ante el Consejo Académico, sede central)
“Por más esfuerzos que hagamos desde el Gobierno Nacional, los recursos públicos nunca serán suficientes, sobre todo si tenemos en cuenta la gran brecha que tenemos nosotros en materia de oferta y de condiciones de acceso para los jóvenes estudiantes de nuestro país. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento y por eso hemos propuesto que puedan llegar recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que nos ayuden a cofinanciar a nuestro sistema de educación superior” (María Fernanda Campo, Ministra de Educación).
El anuncio del Gobierno Nacional de reformar la Ley 30 de 1992, ha desatado, una oleada de protesta estudiantil y profesoral. En ese escrito vamos a presentar las principales proposiciones que sustentan la cuestionada propuesta –cuyo cuestionamiento se acentúa con las incoherentes declaraciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-, así como su contrastación y presunta validez. Analicemos, cuáles son, a nuestro juicio, las premisas que sustentan esta iniciativa gubernamental.
TESIS
1. Existe una oferta insuficiente de cupos en las instituciones de educación superior (IES) colombianas;
2. Anualmente se incrementa la demanda por cupos de bachilleres;
3. Para cerrar la brecha, entre oferta y demanda de cupos, es necesario aumentar la cobertura de la educación superior;
4. Las instituciones de educación superior públicas, incluyendo las universidades, no satisfacen la demanda por nuevos cupos;
5. Ante ese déficit es imperativo la inversión de capital privado, taponando la escasez de financiamiento, para así elevar la oferta educativa;
6. La reforma a la Ley 30 de 1992 es conveniente, ya que ello facilitaría mayor equidad en el acceso al sistema educativo.

Evolución de las principales variables de las IES
AÑO ESTUDIANTES IES ESTUDIANTES UNIVERSIDADES NÚMERO IES NÚMERO UNIVERSIDADES DOCENTES IES DOCENTES UNIVERSIDADES COBERTURA BRUTA IES (%)
2002 1.000.148 713.983 248 73 - - 24,5
2003 1.050.032 729.589 262 73 181.830 136.405 25,6
2004 1.113.726 746.407 269 73 184.049 138.037 27,0
2005 1.196.690 798.643 283 80 196.017 145.782 28,4
2006 1.284.065 828.440 278 80 203.144 153.182 30,0
2007 1.361.148 849.819 279 80 165.344 123.483 31,7
2008 1.492.294 900.856 277 80 206.146 153.941 34,1
2009 1.563.670 948.334 281 80 187.764 139.848 35,5
2010 1.670.000 n.d. 286 80 n.d. n.d. 37,0
*2014 2.200.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno “Prosperidad para todos”, ha fijado como meta para los próximos años incrementar la cobertura bruta de la educación superior, de 35,3 (2009) a 50 por ciento (2014), lo que significa generar 480.000 nuevos cupos. Este indicador fue el mismo que determinó el pasado Gobierno, pero para el 2019. En 2010 egresaron de los colegios 625.466 bachilleres y se prevé que en 2019 ascienda a 909.330, siendo notorio que el sistema educativo absorbe a estos aspirantes de manera gradual, escalonada; dado que las condiciones existentes restringen su acceso. En cuatro años el bache por cupos alcanzaría, por lo menos, los 2,5 millones de bachilleres. Se estima que hay cerca de 286 IES que albergan 1,7 millones de estudiantes, representando las entidades privadas el 44,2 por ciento. Dentro del sistema educativo 80 entidades son universidades con 950.000 matriculados. Las 32 universidades públicas concentran un poco más del 44 por ciento de la población universitaria del país.
Las fuentes de financiación de las IES privadas, como es conocido, provienen, predominantemente, del cobro de matrícula, en tanto de las públicas, los aportes de la Nación, cada vez más menguantes, son determinantes para su sostenibilidad financiera-presupuestal. El proyecto de Ley 30 de 1992, prevé figuras como “contratos de asociación” entre IES públicas y particulares (artículo 10), universidades mixtas (artículo 13), constitución de sociedades anónimas, además de corporaciones o fundaciones (artículo 32), configurando instituciones con ánimo de lucro, equiparadas a empresas mercantiles. Se combinan opciones de posibles alianza privada-privada y público-privada.
Revelando la intencionalidad de la reforma, la Ministra de Educación, declaró:
“¿Qué prevemos nosotros entonces en términos de oferta por parte oferta de instituciones de educación superior privada?, se plantea la posibilidad de que puedan llegar inversionistas a invertir en el sistema de educación superior. El único sector de Colombia que no ha podido beneficiarse de mayores recursos de financiamiento por parte de capital privado ha sido el sistema de educación superior. Hoy, todos los sectores de la economía se financian con recursos públicos y también con recursos privados. ¿Por qué negarle esta opción? No hay opción más costosa para un joven que no tener acceso a la educación y si nosotros no permitimos que llegue inversión privada pues no vamos a ser capaces de generar esta mayor oferta de calidad y de generar mejores condiciones de acceso a nuestros estudiantes”.
ANTÍTESIS
1. La oferta es insuficiente, en razón a que ha tenido un lento crecimiento.
2. La demanda anual de nuevos cupos (625.000 bachilleres en 2010) está por debajo de la errática oferta anual que no supera las 100.000 plazas. La abultada deserción del 45 por ciento agrava la disfuncionalidad del sistema educativo.
3. Durante el periodo 2002-2009 se crearon 563.000 cupos que, frente a las pretensiones del Gobierno Nacional (645.000 cupos para cuatro años), sólo profundizarían el rezago. Si se requirieron 8 años para trepar la cobertura bruta en 11 puntos, incrementarla en 15 puntos, en este periodo presidencial, es ilusorio.
4. El cambio de la naturaleza de las universidades, al transitar de la figura “sin ánimo de lucro” a “con ánimo de lucro”, traerá consigo una competencia “darwinista” entre las instituciones privadas cuyo costo es el detrimento de la calidad. Como ocurrió con las universidades de “garaje” es inevitable el sesgo profesionalizante y la nula investigación. La cooperación de la triada Universidad-empresa-Estado es de vieja data, donde el oferente de servicios son las universidades, alrededor de proyectos específicos. Presentarlo como algo novedoso es sólo un globo distractor. Su nombre, “contratos de asociación”, es un nuevo ropaje a una exitosa práctica que enlaza investigación y extensión. La ambigüedad conceptual de la Ministra ha hecho que se haya desviado la atención de los críticos de la propuesta a este aspecto y no en el riesgo que se cierne sobre las universidades públicas del país, cual es la presencia de sociedades anónimas como socias en la administración de programas académicos, con toda la interferencia en la orientación, perfiles y, lo que es más, en la fijación de matrícula, para hacer más rentable el “negocio” (no el servicio derivado de un derecho social constitucional ). ¡Ese es el leitmotiv de la propuesta!
5. Ampliar la cobertura exige ensanchar la planta docente que se mantiene inmodificable en 185.000 profesores, correspondiendo la mayor parte, alrededor del 75 por ciento, a docentes universitarios. Es preocupante que, en su mayoría, la vinculación es de cátedra y temporales. En las universidades públicas de los 20.000 profesores sólo el 53 por ciento era de planta, lo que revela la precariedad laboral de estos servidores públicos. Contrastan los aportes de la Nación a las universidades públicas (aproximadamente, $ 2,0 billones) con lo asignado en el presupuesto de 2011 a “defensa y seguridad”: ¡¡$ 22 billones!!
6. Es indudable que las normas se tornan obsoletas. Las reformas son inevitables. El proyecto de reforma formula polémicas proposiciones con un visible impacto en el sistema educativo, tales como:
a. La naturaleza de las IES: según la fuente de los recursos financieros, se clasifican en públicas, privadas y mixtas (artículo 13). Las de economía solidaria se asimilan a privadas. Se autorizan la creación de las sociedades anónimas, a partir de las fundaciones y corporaciones-núcleo de las IES privadas-, con emisión y venta de acciones y distribución de dividendos (artículo 32). Se prevé la insólita situación de que el Gobierno asigne recursos a las IES privadas (artículo 108). Se crea el Fondo de fomento a la inversión privada en educación superior (Fominvest), para “vincular capital privado a la prestación del servicio “(artículo 111). Por último, las instituciones públicas y privadas en dificultades podrán acogerse al “Régimen de insolvencia empresarial”, es decir, quiebra empresarial (artículo 109).
b. Categoría de universidad: se establecen rigurosos requisitos para acceder a esta denominación (artículo 15). Se remplaza la noción de universidades estatales u oficiales por el etéreo concepto de IES públicas (artículos 17-30)/102-107).
c. Gobierno universitario: Suprime el Consejo Académico como instancia directiva (artículo 42). El Consejo Superior Universitario (CSU) reglamentará su composición y funcionamiento (artículo 46). La presidencia del CSU de las IES públicas, del orden nacional y departamental, la ejercerá el Gobernador (artículo 45).
d. Autonomía universitaria: Excesivo tutelaje del MEN. La expedición de estatutos y reglamentos estará sujeta al “previo concepto” del MEN (artículo 46. La inspección y vigilancia no tiene un carácter preventivo y correctivo sino punitivo .
e. Financiación de la universidad: Se mantienen los aportes incrementales de la Nación (artículo 106 ). Los recursos adicionales provendrán, principalmente, de dos fuentes: crecimiento real de la volátil economía; indicadores de gestión (cobertura, productividad, cualificación docente, investigación e innovación. Estos aportes no incrementan la base presupuestal.

SÍNTESIS

La propuesta tiene como eje central la ampliación de cobertura. Para los autores de la misma el “cuello de botella” principal es la restringida financiación existente. La inversión adicional, de fuentes públicas y privadas, calculada en $ 2,4 billones, según el Gobierno, podría “apalancar” el crónico desfinanciamiento que ha empujado a las universidades al autofinanciamiento. De esa manera, la oferta se elevaría y habría una mayor oportunidad para los bachilleres. Lo anterior parecería una ecuación incuestionable. Sin embargo, la improbable expansión de los cupos, per se, no garantiza calidad alguna. Como ocurrió en el pasado, la proliferación de IES “con ánimo de lucro” sólo menoscabará la calidad académica, por la prevalencia de la lógica microeconómica. La universidad se asemejará a una sociedad mercantil, con junta directiva (Consejo Superior), gerente general (Rector) y subgerentes (Decanos), dispuestos a sacrificar la autonomía universitaria en el sacrosanto altar de la eficiencia. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, aduciendo experiencias foráneas efectistas, pero perversas (Brasil). Se requieren mayores recursos volcados hacia la planta física y docente. Sólo así habría mayor cobertura de calidad. Lo demás es reproducir la inequidad y la exclusión social.