Reforma universitaria a rajatabla

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Reforma universitaria a rajatabla
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno, a través del nuevo Plan de Desarrollo, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50 por ciento –siendo el mismo indicador fijado por el pasado Gobierno para 2019-, aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos). Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el MEN, de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de un millón a 1,5 millones (representando el segmento de universidades el 60,6 por ciento), significando un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5 por ciento. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos –nivel similar al que busca el actual Gobierno- se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8 por ciento. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 por ciento) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupante pues los profesores de planta son una proporción marginal) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55 por ciento, en promedio, de los profesores eran de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales (u ocasionales) y catedráticos. En las universidades públicas esta proporción era de 52,7 por ciento de los, aproximadamente, 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado, es, no sólo la renuncia del Estado colombiano de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
OTROSÍ: la exótica perla del proyecto: los consejos superiores de las universidades públicas nacionales, como la UPTC, estarán presididos por los gobernadores. El de Boyacá casi nunca asiste. ¿Qué pasará, entonces?
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