Lwy de presupuesto y financiación universitaria

SUMAS & restas
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
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