Las CARs: ¿reforma cosmética?

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Las CARs: ¿reforma cosmética?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
La historia se repite primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia. Ayer fue el desastre invernal hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las corporaciones ambientales regionales (CARs) estaban en el ojo del huracán ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el “desarrollo sostenible” se ha tornado en una inocua invocación ritual del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno Nacional anunció la liquidación o fusión de una treintena de CARs, que manejan un irrisorio presupuesto de menos de un billón de pesos, por no haber previsto las inundaciones y deslizamientos que sepultaron a centenares de indefensos colombianos, convirtiéndolas en chivos expiatorios.
El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales –resultante, en parte de la inexistencia de un Ministerio especializado-, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería, rasgo idiosincrático de la política al menudeo (léase clientelista) de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución Política de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas, pomposamente, “autoridades ambientales” y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993, define explícitamente que las corporaciones ambientales están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo –elegidos por la suprimida asamblea corporativa- que designa desde 1995 al Director General, predomina la representación del Gobierno (nacional, departamental y municipal), siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONGs ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, -con la ausencia de ONGs y gremios y una disminuida participación de los alcaldes-, elegiría al Director, significando una pérdida de autonomía y mayor tutelaje central. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil? A cambio de neutralidad técnica habrá más burocracia de impronta centralista. Lo destacable del hechizo proyecto es la inclusión de una universidad regional.
OTROSÍ: Las dos principales CARs de Boyacá, Corpoboyacá y Corpochivor, con una cobertura de 112 municipios, ejecutaron en el 2010 un presupuesto que bordea los $ 35.000 millones, destinándose más del 75 por ciento a la inversión. ¿Se ha focalizado ésta en la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Se nombrará a dedo a los nuevos directores?
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El agujero negro de las regalías

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EL AGUJERO NEGRO DE LAS REGALÍAS
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional está empeñado en reformar el sistema de distribución de las regalías. Estos recursos provienen de la producción y transporte de hidrocarburos y minerales. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Ingeominas recaudaron cerca de $ 34 billones en el periodo 2004-2010. El reparto de estas regalías se hace de manera directa, a departamentos –los mayores receptores- y municipios productores, y, de manera indirecta, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), por intermedio del Fondo Nacional de Regalías. El año pasado el 25 por ciento de los recursos se canalizaron a través de este organismo: alrededor de un billón de pesos.
La trayectoria observada es errática, por ejemplo, en las rentas petroleras, las de mayor gravitación –comoquiera que en 2009 representaron el 68 por ciento, seguido del carbón con el 24 por ciento- tuvieron en 2009 un nivel similar al de 2004: un poco menos de $ 4 billones. A junio de 2010 la ANH había girado $ 3,3 billones.
La mayor preocupación del Gobierno Central es la concentración de estas rentas minero-energéticas en unos pocos departamentos: de los 18 departamentos productores siete acaparan el 60 por ciento (Arauca, Casanare, La Guajira, Huila, Meta, Santander y Tolima). En el caso del carbón de los 12 departamentos carboníferos tres –La Guajira, Cesar y Magdalena- fueron beneficiarios del 73 por ciento. No es irrelevante el hecho de que Ingeominas y el DNP administren el 25 por ciento de estas regalías. El primer bloque de departamentos albergaba el 15 por ciento de la población, en tanto que el segundo 6,4 por ciento. Este es el primer cuestionamiento que se formula: la excesiva concentración geográfica desencadenante de una inequidad geográfica subproducto de una desigual dotación de recursos naturales. El segundo cuestionamiento es la incidencia sobre la inequidad social, al sostenerse que el abundante flujo de recursos públicos no ha disminuido la brecha social, persistiendo la marginalidad, la pobreza y la exclusión. Un indicador ilustrativo es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que en 2008 se situó, en promedio para el país, en 27,78. Mientras para Arauca y Casanare era de 35,91 y 35,55, respectivamente, para el Meta y Santander se estimaba en 25,03 y 17,29. Ello revela que no es una evidencia concluyente. Quizá el cuestionamiento más severo –no obstante, que ello es extensivo a toda la contratación pública en que se comprometen, por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) – es que el DNP reportado 21.000 irregularidades, dando pie a una abrumadora corrupción, ante una congénita incapacidad de rigurosa supervisión y vigilancia de los organismos de control.
El Gobierno está haciendo cuentas alegres. La producción es incierta y los precios internacionales son volátiles. La bonanza es un espejismo. El argumento de que la corrupción es una enfermedad endémica de las entidades territoriales es falso. Las finanzas nacionales son drenadas por contratistas inescrupulosos con cercanía al Gobierno.
El Fondo de Compensación Regional reemplazará al Fondo Nacional de Regalías y no mitigará la brecha regional si no se concerta su distribución y se preserva la omnipotencia centralista.
OTROSÍ: En 2009 Boyacá fue receptora del 0,5 por ciento de las regalías carboníferas, 80 por ciento de esmeraldas, 88 por ciento de de caliza, y 71 por ciento de hierro. En el periodo 2004-2010 se giraron $ 650.000 millones a la Gobernación de Boyacá y a los municipios productores. ¿En qué se gastaron?
Posdata: Una vez se inscriban los candidatos a la Rectoría de la UPTC, se iniciarán las consultas estamentarias. Desgraciadamente, estas no tienen un carácter vinculante. El designado no siempre es el que ha obtenido la mayor favorabilidad. ¡Esa es la democracia universitaria!