El espejismo del plan de desarrollo

SUMAS & restas
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
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Otro globo distractor

EL ÁBACO
Otro globo distractor
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
El Gobierno Nacional tiene un inagotable repertorio de globos distractores que, de tiempo en tiempo, estallan sin dejar el menor rastro. A mediados del mes de febrero el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, anunció la reciclada propuesta de fijar un salario mínimo diferencial por regiones, sosteniendo que la productividad ha aumentado por encima del salario, y, por consiguiente, los costos de producción se han encarecido llevando a los empresarios a invertir más en capital fijo (maquinarias y equipos) que en mano de obra, afirmación que no se evidencia concluyentemente durante los últimos años.
El implantar un salario mínimo diferenciado llevaría a ahondar la brecha de inequidad social entre las diferentes regiones (departamentos, en un sentido restringido), si se presume que la mitad de los asalariados percibe menos de un salario mínimo y el 60 por ciento de los ocupados malviven en los laberintos de la informalidad, fenómenos, que contrario de lo que afirma la tecnocracia gubernamental, no es el resultado del “elevado” salario mínimo. A juicio de la Escuela Nacional Sindical para adquirir los bienes y servicios de una canasta familiar básica se requiere el equivalente de dos salarios mínimos, un poco más de un millón de pesos, cifra que devenga alrededor del 85 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos.
El “refrito” de la propuesta de la jefatura del DNP, deliberadamente desconoce la desigual estructura económica y social, que tiende a polarizarse entre regiones prósperas y regiones atrasadas, como se constata cuando se encuentra que el ingreso per cápita real anual de Boyacá, es el 55,6 por ciento del de Bogotá y, el del Chocó representa el 19,8 por ciento del nivel de la capital del país. De acogerse esa regresiva propuesta las disparidades regionales se perpetuarían, reforzándose la pobreza y la marginalidad, ya que el diferencial salarial en las regiones prósperas induciría la migración hacia las mismas, “vaciando” las rezagadas.
Dentro del engranaje estatal una de las agencias que ha venido perdiendo su tradicional perfil de santuario de la infalible tecnoburocracia es el DNP. Este retroceso, que va aparejado de la pérdida de credibilidad en el demagógico discurso oficial, pareciera ser un preocupante síntoma de la improvisación que campea, salvo muy pocas excepciones, en los 13 ministerios y demás entidades gubernamentales, como, últimamente, se ha observado en los inamovibles ministerios de Transporte y de Salud.
Como en las demás cortinas de humo que se lanzan para distraer la opinión pública de los inocultables escándalos propios del desgobierno existente, la adopción de un salario mínimo diferencial no resuelve sino que acentúa el malestar social.
PUNTO FINAL: El outsourcing o tercerización se ha convertido en un fácil expediente para reducir los costos de la mano de obra, a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs). La reestructuración del Hospital San Rafael de Tunja hace cerca de cinco años implicó la disminución de su nómina de personal de 560 a 142 personas, haciendo posible el auge de estas organizaciones cooperativas cuyo número de asociados pasó de 99 a 688 entre 2004 y 2009.
Lo anterior es inquietante porque, además de que éstas fungen como intermediarios laborales, las diferencias salariales entre los trabajadores de planta y los de las 11 CTAs son considerables. Por ejemplo, la remuneración de un enfermero es 66,7 por ciento de la de su homólogo de planta. A lo que se añade que los contratos son de corta duración, casi equiparable al trabajo a destajo, propiciando la inestabilidad laboral, a la que se ven sometidos profesionales, técnicos y trabajadores rasos.
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