SUMAS & restas
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…
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domingo, 19 de diciembre de 2010
domingo, 27 de junio de 2010
¿ Vigencias futuras, para qué?
EL ÁBACO
¿Vigencias futuras para qué?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ante la caída de los recaudos tributario, la búsqueda de fuentes de financiación alternativos agobia a los gobiernos, sobre todo como ocurre con el actual Gobierno que no sólo está “raspando la olla”, sino que quiere “amarrar” al próximo Gobierno con las llamadas “vigencias futuras”. En efecto, el propietario de El Ubérrimo y de la gallinita “Rumbo”, en las postrimerías de su prolongado mandato, ha querido comprometer un poco más de $ 27 billones de los ingresos presupuestales que abarcan cuatro administraciones presidenciales, comoquiera que estos recursos se descontarán de las vigencias fiscales correspondientes al periodo 2011-2027, para financiar proyectos de infraestructura de transporte .
Para no quedarse a la zaga, el Gobierno departamental decidió acudir a este expedito dispositivo de financiación, sin onerosos costos financieros como el endeudamiento con la banca comercial, y logró que la Asamblea departamental, sin mayores reparos, aprobara “atar” ingresos presupuestales de los próximos 10 años, por $ 298.000 millones, cuya destinación es la modernización de la infraestructura hospitalaria de la red pública en Boyacá, la infraestructura vial y la dotación de vivienda a la población más vulnerable. La fuente de estos recursos serán los ingresos de la sobretasa a la gasolina (90 por ciento) y de las regalías (21 por ciento), cuya volatilidad, particularmente la primera, es notoria: entre 2008 y 2009 cayeron de $ 111.983 a $ 57.793 millones, mientras que el segundo redujo sus recaudos de $ 11.193 a $ 10.272 millones.
Explorar nuevas fuentes de financiamiento no tiene cuestionamiento. Lo cuestionable es que los gobiernos acudan a esta alternativa, primero, cuando ya tienen “el sol a las espaldas”, y, segundo, cuando pregona a los cuatro vientos una situación financiera boyante, comprometiendo el gasto de dos o tres administraciones futuras –reduciendo su margen de maniobra presupuestal-, y, lo que es más, incorporando cierto grado de inflexibilidad en la programación del plan de inversiones de los planes de desarrollo, sin que sean evidentes las prioridades de dicho gasto, salvo que el sector que recibirá más de la mitad de la inversión prevista, la infraestructura vial, esté al borde del colapso, como si lo está la infraestructura hospitalaria departamental.
Lo sintomático de esta falta de planeación de mediano y largo plazo, es que, según los anuncios del gobierno departamental, la contratación y ejecución de las obras requeridas se efectuarán, de manera maratónica, en año y medio, con una discutible calidad e impacto regional; como dice el refranero popular “del afán no queda sino el cansancio”, el que es complementado con “amanecerá y veremos”. La improvisación es enemiga de la planeación. Aquí no sólo cabe control fiscal sino también control social.
PUNTO FINAL: Definitivamente al presidente Uribe le salió a flote su origen de arriero paisa. La analogía de la cacareada “prosperidad democrática” con la gallinita “Rumbo”, la de los tres huevitos que esperan ser empollados por el gallo “Rambo”, entrará en la antología del imaginario colectivo de la cursilería presidencial. Recurriendo al adagio popular habría que decirle al personaje inventado por la febril imaginación de acosado (o ¿acusado?) mandatario que “en pico cerrado”… “gallinero seguro”.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
¿Vigencias futuras para qué?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ante la caída de los recaudos tributario, la búsqueda de fuentes de financiación alternativos agobia a los gobiernos, sobre todo como ocurre con el actual Gobierno que no sólo está “raspando la olla”, sino que quiere “amarrar” al próximo Gobierno con las llamadas “vigencias futuras”. En efecto, el propietario de El Ubérrimo y de la gallinita “Rumbo”, en las postrimerías de su prolongado mandato, ha querido comprometer un poco más de $ 27 billones de los ingresos presupuestales que abarcan cuatro administraciones presidenciales, comoquiera que estos recursos se descontarán de las vigencias fiscales correspondientes al periodo 2011-2027, para financiar proyectos de infraestructura de transporte .
Para no quedarse a la zaga, el Gobierno departamental decidió acudir a este expedito dispositivo de financiación, sin onerosos costos financieros como el endeudamiento con la banca comercial, y logró que la Asamblea departamental, sin mayores reparos, aprobara “atar” ingresos presupuestales de los próximos 10 años, por $ 298.000 millones, cuya destinación es la modernización de la infraestructura hospitalaria de la red pública en Boyacá, la infraestructura vial y la dotación de vivienda a la población más vulnerable. La fuente de estos recursos serán los ingresos de la sobretasa a la gasolina (90 por ciento) y de las regalías (21 por ciento), cuya volatilidad, particularmente la primera, es notoria: entre 2008 y 2009 cayeron de $ 111.983 a $ 57.793 millones, mientras que el segundo redujo sus recaudos de $ 11.193 a $ 10.272 millones.
Explorar nuevas fuentes de financiamiento no tiene cuestionamiento. Lo cuestionable es que los gobiernos acudan a esta alternativa, primero, cuando ya tienen “el sol a las espaldas”, y, segundo, cuando pregona a los cuatro vientos una situación financiera boyante, comprometiendo el gasto de dos o tres administraciones futuras –reduciendo su margen de maniobra presupuestal-, y, lo que es más, incorporando cierto grado de inflexibilidad en la programación del plan de inversiones de los planes de desarrollo, sin que sean evidentes las prioridades de dicho gasto, salvo que el sector que recibirá más de la mitad de la inversión prevista, la infraestructura vial, esté al borde del colapso, como si lo está la infraestructura hospitalaria departamental.
Lo sintomático de esta falta de planeación de mediano y largo plazo, es que, según los anuncios del gobierno departamental, la contratación y ejecución de las obras requeridas se efectuarán, de manera maratónica, en año y medio, con una discutible calidad e impacto regional; como dice el refranero popular “del afán no queda sino el cansancio”, el que es complementado con “amanecerá y veremos”. La improvisación es enemiga de la planeación. Aquí no sólo cabe control fiscal sino también control social.
PUNTO FINAL: Definitivamente al presidente Uribe le salió a flote su origen de arriero paisa. La analogía de la cacareada “prosperidad democrática” con la gallinita “Rumbo”, la de los tres huevitos que esperan ser empollados por el gallo “Rambo”, entrará en la antología del imaginario colectivo de la cursilería presidencial. Recurriendo al adagio popular habría que decirle al personaje inventado por la febril imaginación de acosado (o ¿acusado?) mandatario que “en pico cerrado”… “gallinero seguro”.
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