Informe de gestión y espejismo de las cifras.
Edilberto Rodríguez Araújo –Representante profesoral ante el Consejo Académico de la UPTC, sede central.
Han transcurrido los primeros cien días de la actual Rectoría, encabezada por el Doctor Gustavo Álvarez Álvarez, y son crecientes las expectativas sobre los resultados de este primer tramo del cuatrienio. Para responder a lo preceptuado en el Estatuto General acerca de la rendición de cuentas, como ejercicio de control social, el Rector ha convocado a una audiencia pública el 15 de abril a la Comunidad Universitaria para conocer el Informe de gestión correspondiente. De la lectura desprevenida del documento de 66 diapositivas, que abarca los siete lineamientos contenidos en el plan de desarrollo del exrector Alfonso López (2007-2010), se desprenden las siguientes consideraciones:
1. El informe, divulgado en el portal de la UPTC, no se refiere a los primeros cien días de esta administración; por consiguiente, surge la pregunta obligada de ¿por qué no lo hizo el saliente equipo directivo? Es un informe en cuerpo ajeno. Además se observa que la presentación es la continuación del folleto divulgado, subrepticiamente, por la pasada administración a finales del año pasado, y reproducido en la edición No. 17 del periódico “Desde la U”. La diferencia consiste sólo en que, mientras en el informe se incluyen, en su mayoría, cifras de uno o dos años, el impreso cubre todo el periodo rectoral.
2. El documento repite un error metodológico que se encuentra el en el folleto mencionado y que dificulta cualquier evaluación: la inexistencia de metas cuantificables. Esta omisión se remonta al Plan de Desarrollo Institucional (PDI), donde éstas se homologan a los llamados “logros” que no poseen una línea base (o indicador inicial), fijándose, por lo tanto parámetros arbitrarios, que no resultan de un diagnóstico previo. Por ello, son muy voluntaristas, al no identificar ni actividades y acciones, ni el financiamiento requerido, ni tampoco los responsables en cada área funcional . Finalizando 2010 se difundió, de manera restringida, un documento de seis páginas denominado “Informe consolidado de cumplimiento de logros planteados en el PDI”, en donde abunda el cumplimiento de los objetivos trazados en los 23 programas formulados, cercano al 89 %, lo que revelaría, aparentemente, una exitosa y loable gestión.
3. En concordancia con lo anterior, cuando se examinan de cerca los logros obtenidos se encuentran notorios desfases en el cumplimiento esperado de programas, tales como, carreras acreditadas (76%), relevo generacional (50%), vinculación de egresados (50%), certificación de laboratorios (33,3%), Grupos de investigación de excelencia (45%), revistas indexadas (25%), oferta de programas en extensión (60%), entre otros. Pero, algo más: al confrontarse la información contenida en el documento citado con el informe impreso, se encontrará que existen diferencias notorias en estimativos tales como programas de Maestría en cada Facultad, plan de relevo generacional, número de doctores, creación de programas de Especialización, existencia de grupos de investigación categoría A, programas de bienestar universitario y disponibilidad de portafolios de servicios por Facultad, etc., lo cual alteraría los resultados mostrados.
De otro lado, no obstante el aumento de la matrícula universitaria, la planta docente ha tenido un comportamiento inercial, pese a que el Acuerdo 065 de 2005 estableció una nómina equivalente a 566 profesores, que aúno no se ha copado, siendo acelerado el crecimiento de los catedráticos.
Evolución de las principales variables de la UPTC (segundo semestre de cada año).
Año Número de estudiantes Número de profesores Número de funcionarios
2007 22.944 1.428 658
2008 23.282 1.482 649
2009 23.305 1.434 911
2010 23.411 1.507 955
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas.
En contraste, en los últimos dos años se ha elevado la planta administrativa, como resultado de la mayor contratación de los denominados “administrativos temporales”.
Evolución del personal de la UPTC.
Año Personal docente Personal administrativo
Planta Ocasionales Catedráticos Empleados públicos Trabajadores oficiales Administrativos temporales
2007 522 552 354 415 243 n.d.
2008 527 558 397 415 234 n.d.
2009 505 529 400 367 202 342
2010 529 526 452 401 201 353
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas.
4. Como ha sido recurrente, la falta de uniformidad de la información presupuestal ha llevado a interpretaciones divergentes. En la última década se ha señalado que la Universidad ha padecido de un desfinanciamiento que se refleja en la persistencia de un déficit presupuestal, que en ocasiones, revistió características estructurales. Sin embargo, los continuos cambios en la presentación de las cifras parecería desvirtuar lo anterior.
Al cotejar el informe impreso con la información divulgada en la página web, referida a la ejecución presupuestal del último periodo, son visibles las discrepancias numéricas. La conclusión inmediata es que, la anterior Administración tuvo un déficit presupuestal en su primer año lo que fue subsanado en los siguientes. Salta a la vista que los esfuerzos de generación de recursos propios han conducido a que el 34% de los ingreso del presupuesto provenga de la “venta de productos y servicios”, representando los recaudos por matrícula de pregrado el 13,8%, mientras los aportes de la Nación han venido descendiendo, hasta situarse en 59%.
En el lapso 2010 - 2011 los aportes nominales del Gobierno Nacional exhibieron un modesto incremento inferior al 1% dentro del presupuesto inicial el cual pasó de $ 89.900 millones a $90.749 millones, significando estas transferencias iniciales un aumento de 1,3% por debajo de la tasa de inflación. Obviamente, en el transcurso de cada vigencia el presupuesto definitivo y el ejecutado varía tendiendo a aumentar, por adiciones y reducciones, lo que le da un margen de maniobra a cada Administración. No obstante la flexibilidad en el manejo presupuestal, lo diversos informes arrojan resultados dispares, mostrando un notorio contraste entre el informe impreso y el divulgado en el portal de la Universidad, objeto de la rendición de cuentas.
Si se analiza la trayectoria seguida por los recursos administrados por la pasada Administración, puede observarse que en el primer año se registró un déficit presupuestal que se enjugó, parcialmente, con el cobro anticipado de matrícula por un valor de $ 5.500 millones, y, posteriormente, en el año 2008 se contrajo un crédito por $ 7.000 millones para equilibrar las cuenta y conjurar la persistencia de un faltante en la financiación presupuestal, como consecuencia del exagerado crecimiento de los gastos generales y los gastos de personal, sólo contrarrestado por el bajo desempeño de la inversión física, lo que ha llevado a una obsoleta infraestructura y equipamiento.
Como resultado de las discrepancias en las fuentes de información y a la aplicación de metodologías no comparables, en la medición de la gestión financiera o presupuestal, es frecuente encontrar cifras no coincidentes, susceptibles de mostrar un balance favorable o un saldo en rojo. Es evidente, tal como se ilustra, a continuación, que los informes aluden a la ejecución presupuestal (recaudos acumulados y compromisos de gasto), aclaración que no es explícita en los documentos oficiales y que llevan a una necesaria depuración de las cifras presupuestales.
Evolución de la ejecución presupuestal de la UPTC.
Año Ingresos (miles de millones $). Informe impreso. Ingresos (miles de millones $). Informe portal UPTC. Gastos (miles de millones $) Déficit/superávit (miles de millones $)
2007 105.505 108.189 110.733 -2.544
2008 125.356 125.855 112.877 12.978
2009 138.680 138.680 130.700 7.980
2010 156.467* 160.009 146.894 13.115
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas/ SIAFI.
*informe proyectado.
Para que la información presupuestal tenga una real utilidad, se requiere precisar datos relevantes en su ejecución, como es el caso de los ingresos, donde no sólo se debe reflejar el recaudo del mismo, sino que, además es conveniente que el informe presentado a la comunidad, contenga datos referidos al presupuesto de ingresos aforados, como no aforados, de tal manera que permita establecer el porcentaje de dicho recaudo. Así mismo, en lo que respecta a los gastos, sería interesante determinar del monto de los compromisos presupuestales, el valor constituido por reservas y cuentas por pagar, estableciendo, en cada vigencia, la proporción del cumplimiento por parte de los proveedores de bienes y servicios (obligaciones constituidas), y los pagos, respectivamente.
De otro lado, las cifras divulgadas revelan un crecimiento del 64% en 2010, respecto del superávit presupuestal registrado en 2009, siendo este excedente para el año 2010 de $13.115 millones (8,2% del total del presupuesto), cifra nada despreciable para canalizarla hacia la inversión en los diferentes programas y proyectos que se habrían podido iniciar en la vigencia respectiva. De esa manera podría mostrarse una gestión más eficiente de la Administración, lo que permitiría apoyar y fortalecer las iniciativas de estudiantes, docentes, trabajadores y comunidad en general. De lo anterior, surgen los siguientes interrogantes: ¿supera el recaudo de ingresos el monto presupuestado?, si es así, ¿por qué no se aprovechan esos recursos, comprometiéndolos en la misma vigencia?, o, es que acaso, ¿la planeación no contribuye a este propósito?
5. Han transcurrido los primeros cien días de la actual Administración y la Comunidad Universitaria espera los lineamientos básicos que sustentarán el plan de desarrollo, cuyos componentes centrales aún no se han trazado y que, se supone, se derivan del programa de gobierno presentado por el Rector en su campaña electoral. Si bien es cierto, al despegar este periodo se han dado episodios que denotan una dosis de improvisación- particularmente, en el nombramiento del equipo directivo y decanos, así como en la contratación-, los diversos estamentos universitarios confían que haya un cambio de rumbo en las prioridades institucionales y no se replique el autoritario estilo que caracterizó la pasada Administración, que condujo a una gestión muy cuestionada. La próxima evaluación no será en cuerpo ajeno.
Tunja, abril 15 de 2011.
martes, 19 de abril de 2011
Reforma universitaria: ¿más de lo mismo?
REFORMA UNIVERSITARIA: ¿más de lo mismo?
Edilberto Rodríguez Araújo (Representante Profesoral ante el Consejo Académico, sede central)
“Por más esfuerzos que hagamos desde el Gobierno Nacional, los recursos públicos nunca serán suficientes, sobre todo si tenemos en cuenta la gran brecha que tenemos nosotros en materia de oferta y de condiciones de acceso para los jóvenes estudiantes de nuestro país. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento y por eso hemos propuesto que puedan llegar recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que nos ayuden a cofinanciar a nuestro sistema de educación superior” (María Fernanda Campo, Ministra de Educación).
El anuncio del Gobierno Nacional de reformar la Ley 30 de 1992, ha desatado, una oleada de protesta estudiantil y profesoral. En ese escrito vamos a presentar las principales proposiciones que sustentan la cuestionada propuesta –cuyo cuestionamiento se acentúa con las incoherentes declaraciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-, así como su contrastación y presunta validez. Analicemos, cuáles son, a nuestro juicio, las premisas que sustentan esta iniciativa gubernamental.
TESIS
1. Existe una oferta insuficiente de cupos en las instituciones de educación superior (IES) colombianas;
2. Anualmente se incrementa la demanda por cupos de bachilleres;
3. Para cerrar la brecha, entre oferta y demanda de cupos, es necesario aumentar la cobertura de la educación superior;
4. Las instituciones de educación superior públicas, incluyendo las universidades, no satisfacen la demanda por nuevos cupos;
5. Ante ese déficit es imperativo la inversión de capital privado, taponando la escasez de financiamiento, para así elevar la oferta educativa;
6. La reforma a la Ley 30 de 1992 es conveniente, ya que ello facilitaría mayor equidad en el acceso al sistema educativo.
Evolución de las principales variables de las IES
AÑO ESTUDIANTES IES ESTUDIANTES UNIVERSIDADES NÚMERO IES NÚMERO UNIVERSIDADES DOCENTES IES DOCENTES UNIVERSIDADES COBERTURA BRUTA IES (%)
2002 1.000.148 713.983 248 73 - - 24,5
2003 1.050.032 729.589 262 73 181.830 136.405 25,6
2004 1.113.726 746.407 269 73 184.049 138.037 27,0
2005 1.196.690 798.643 283 80 196.017 145.782 28,4
2006 1.284.065 828.440 278 80 203.144 153.182 30,0
2007 1.361.148 849.819 279 80 165.344 123.483 31,7
2008 1.492.294 900.856 277 80 206.146 153.941 34,1
2009 1.563.670 948.334 281 80 187.764 139.848 35,5
2010 1.670.000 n.d. 286 80 n.d. n.d. 37,0
*2014 2.200.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno “Prosperidad para todos”, ha fijado como meta para los próximos años incrementar la cobertura bruta de la educación superior, de 35,3 (2009) a 50 por ciento (2014), lo que significa generar 480.000 nuevos cupos. Este indicador fue el mismo que determinó el pasado Gobierno, pero para el 2019. En 2010 egresaron de los colegios 625.466 bachilleres y se prevé que en 2019 ascienda a 909.330, siendo notorio que el sistema educativo absorbe a estos aspirantes de manera gradual, escalonada; dado que las condiciones existentes restringen su acceso. En cuatro años el bache por cupos alcanzaría, por lo menos, los 2,5 millones de bachilleres. Se estima que hay cerca de 286 IES que albergan 1,7 millones de estudiantes, representando las entidades privadas el 44,2 por ciento. Dentro del sistema educativo 80 entidades son universidades con 950.000 matriculados. Las 32 universidades públicas concentran un poco más del 44 por ciento de la población universitaria del país.
Las fuentes de financiación de las IES privadas, como es conocido, provienen, predominantemente, del cobro de matrícula, en tanto de las públicas, los aportes de la Nación, cada vez más menguantes, son determinantes para su sostenibilidad financiera-presupuestal. El proyecto de Ley 30 de 1992, prevé figuras como “contratos de asociación” entre IES públicas y particulares (artículo 10), universidades mixtas (artículo 13), constitución de sociedades anónimas, además de corporaciones o fundaciones (artículo 32), configurando instituciones con ánimo de lucro, equiparadas a empresas mercantiles. Se combinan opciones de posibles alianza privada-privada y público-privada.
Revelando la intencionalidad de la reforma, la Ministra de Educación, declaró:
“¿Qué prevemos nosotros entonces en términos de oferta por parte oferta de instituciones de educación superior privada?, se plantea la posibilidad de que puedan llegar inversionistas a invertir en el sistema de educación superior. El único sector de Colombia que no ha podido beneficiarse de mayores recursos de financiamiento por parte de capital privado ha sido el sistema de educación superior. Hoy, todos los sectores de la economía se financian con recursos públicos y también con recursos privados. ¿Por qué negarle esta opción? No hay opción más costosa para un joven que no tener acceso a la educación y si nosotros no permitimos que llegue inversión privada pues no vamos a ser capaces de generar esta mayor oferta de calidad y de generar mejores condiciones de acceso a nuestros estudiantes”.
ANTÍTESIS
1. La oferta es insuficiente, en razón a que ha tenido un lento crecimiento.
2. La demanda anual de nuevos cupos (625.000 bachilleres en 2010) está por debajo de la errática oferta anual que no supera las 100.000 plazas. La abultada deserción del 45 por ciento agrava la disfuncionalidad del sistema educativo.
3. Durante el periodo 2002-2009 se crearon 563.000 cupos que, frente a las pretensiones del Gobierno Nacional (645.000 cupos para cuatro años), sólo profundizarían el rezago. Si se requirieron 8 años para trepar la cobertura bruta en 11 puntos, incrementarla en 15 puntos, en este periodo presidencial, es ilusorio.
4. El cambio de la naturaleza de las universidades, al transitar de la figura “sin ánimo de lucro” a “con ánimo de lucro”, traerá consigo una competencia “darwinista” entre las instituciones privadas cuyo costo es el detrimento de la calidad. Como ocurrió con las universidades de “garaje” es inevitable el sesgo profesionalizante y la nula investigación. La cooperación de la triada Universidad-empresa-Estado es de vieja data, donde el oferente de servicios son las universidades, alrededor de proyectos específicos. Presentarlo como algo novedoso es sólo un globo distractor. Su nombre, “contratos de asociación”, es un nuevo ropaje a una exitosa práctica que enlaza investigación y extensión. La ambigüedad conceptual de la Ministra ha hecho que se haya desviado la atención de los críticos de la propuesta a este aspecto y no en el riesgo que se cierne sobre las universidades públicas del país, cual es la presencia de sociedades anónimas como socias en la administración de programas académicos, con toda la interferencia en la orientación, perfiles y, lo que es más, en la fijación de matrícula, para hacer más rentable el “negocio” (no el servicio derivado de un derecho social constitucional ). ¡Ese es el leitmotiv de la propuesta!
5. Ampliar la cobertura exige ensanchar la planta docente que se mantiene inmodificable en 185.000 profesores, correspondiendo la mayor parte, alrededor del 75 por ciento, a docentes universitarios. Es preocupante que, en su mayoría, la vinculación es de cátedra y temporales. En las universidades públicas de los 20.000 profesores sólo el 53 por ciento era de planta, lo que revela la precariedad laboral de estos servidores públicos. Contrastan los aportes de la Nación a las universidades públicas (aproximadamente, $ 2,0 billones) con lo asignado en el presupuesto de 2011 a “defensa y seguridad”: ¡¡$ 22 billones!!
6. Es indudable que las normas se tornan obsoletas. Las reformas son inevitables. El proyecto de reforma formula polémicas proposiciones con un visible impacto en el sistema educativo, tales como:
a. La naturaleza de las IES: según la fuente de los recursos financieros, se clasifican en públicas, privadas y mixtas (artículo 13). Las de economía solidaria se asimilan a privadas. Se autorizan la creación de las sociedades anónimas, a partir de las fundaciones y corporaciones-núcleo de las IES privadas-, con emisión y venta de acciones y distribución de dividendos (artículo 32). Se prevé la insólita situación de que el Gobierno asigne recursos a las IES privadas (artículo 108). Se crea el Fondo de fomento a la inversión privada en educación superior (Fominvest), para “vincular capital privado a la prestación del servicio “(artículo 111). Por último, las instituciones públicas y privadas en dificultades podrán acogerse al “Régimen de insolvencia empresarial”, es decir, quiebra empresarial (artículo 109).
b. Categoría de universidad: se establecen rigurosos requisitos para acceder a esta denominación (artículo 15). Se remplaza la noción de universidades estatales u oficiales por el etéreo concepto de IES públicas (artículos 17-30)/102-107).
c. Gobierno universitario: Suprime el Consejo Académico como instancia directiva (artículo 42). El Consejo Superior Universitario (CSU) reglamentará su composición y funcionamiento (artículo 46). La presidencia del CSU de las IES públicas, del orden nacional y departamental, la ejercerá el Gobernador (artículo 45).
d. Autonomía universitaria: Excesivo tutelaje del MEN. La expedición de estatutos y reglamentos estará sujeta al “previo concepto” del MEN (artículo 46. La inspección y vigilancia no tiene un carácter preventivo y correctivo sino punitivo .
e. Financiación de la universidad: Se mantienen los aportes incrementales de la Nación (artículo 106 ). Los recursos adicionales provendrán, principalmente, de dos fuentes: crecimiento real de la volátil economía; indicadores de gestión (cobertura, productividad, cualificación docente, investigación e innovación. Estos aportes no incrementan la base presupuestal.
SÍNTESIS
La propuesta tiene como eje central la ampliación de cobertura. Para los autores de la misma el “cuello de botella” principal es la restringida financiación existente. La inversión adicional, de fuentes públicas y privadas, calculada en $ 2,4 billones, según el Gobierno, podría “apalancar” el crónico desfinanciamiento que ha empujado a las universidades al autofinanciamiento. De esa manera, la oferta se elevaría y habría una mayor oportunidad para los bachilleres. Lo anterior parecería una ecuación incuestionable. Sin embargo, la improbable expansión de los cupos, per se, no garantiza calidad alguna. Como ocurrió en el pasado, la proliferación de IES “con ánimo de lucro” sólo menoscabará la calidad académica, por la prevalencia de la lógica microeconómica. La universidad se asemejará a una sociedad mercantil, con junta directiva (Consejo Superior), gerente general (Rector) y subgerentes (Decanos), dispuestos a sacrificar la autonomía universitaria en el sacrosanto altar de la eficiencia. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, aduciendo experiencias foráneas efectistas, pero perversas (Brasil). Se requieren mayores recursos volcados hacia la planta física y docente. Sólo así habría mayor cobertura de calidad. Lo demás es reproducir la inequidad y la exclusión social.
Edilberto Rodríguez Araújo (Representante Profesoral ante el Consejo Académico, sede central)
“Por más esfuerzos que hagamos desde el Gobierno Nacional, los recursos públicos nunca serán suficientes, sobre todo si tenemos en cuenta la gran brecha que tenemos nosotros en materia de oferta y de condiciones de acceso para los jóvenes estudiantes de nuestro país. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento y por eso hemos propuesto que puedan llegar recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que nos ayuden a cofinanciar a nuestro sistema de educación superior” (María Fernanda Campo, Ministra de Educación).
El anuncio del Gobierno Nacional de reformar la Ley 30 de 1992, ha desatado, una oleada de protesta estudiantil y profesoral. En ese escrito vamos a presentar las principales proposiciones que sustentan la cuestionada propuesta –cuyo cuestionamiento se acentúa con las incoherentes declaraciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-, así como su contrastación y presunta validez. Analicemos, cuáles son, a nuestro juicio, las premisas que sustentan esta iniciativa gubernamental.
TESIS
1. Existe una oferta insuficiente de cupos en las instituciones de educación superior (IES) colombianas;
2. Anualmente se incrementa la demanda por cupos de bachilleres;
3. Para cerrar la brecha, entre oferta y demanda de cupos, es necesario aumentar la cobertura de la educación superior;
4. Las instituciones de educación superior públicas, incluyendo las universidades, no satisfacen la demanda por nuevos cupos;
5. Ante ese déficit es imperativo la inversión de capital privado, taponando la escasez de financiamiento, para así elevar la oferta educativa;
6. La reforma a la Ley 30 de 1992 es conveniente, ya que ello facilitaría mayor equidad en el acceso al sistema educativo.
Evolución de las principales variables de las IES
AÑO ESTUDIANTES IES ESTUDIANTES UNIVERSIDADES NÚMERO IES NÚMERO UNIVERSIDADES DOCENTES IES DOCENTES UNIVERSIDADES COBERTURA BRUTA IES (%)
2002 1.000.148 713.983 248 73 - - 24,5
2003 1.050.032 729.589 262 73 181.830 136.405 25,6
2004 1.113.726 746.407 269 73 184.049 138.037 27,0
2005 1.196.690 798.643 283 80 196.017 145.782 28,4
2006 1.284.065 828.440 278 80 203.144 153.182 30,0
2007 1.361.148 849.819 279 80 165.344 123.483 31,7
2008 1.492.294 900.856 277 80 206.146 153.941 34,1
2009 1.563.670 948.334 281 80 187.764 139.848 35,5
2010 1.670.000 n.d. 286 80 n.d. n.d. 37,0
*2014 2.200.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno “Prosperidad para todos”, ha fijado como meta para los próximos años incrementar la cobertura bruta de la educación superior, de 35,3 (2009) a 50 por ciento (2014), lo que significa generar 480.000 nuevos cupos. Este indicador fue el mismo que determinó el pasado Gobierno, pero para el 2019. En 2010 egresaron de los colegios 625.466 bachilleres y se prevé que en 2019 ascienda a 909.330, siendo notorio que el sistema educativo absorbe a estos aspirantes de manera gradual, escalonada; dado que las condiciones existentes restringen su acceso. En cuatro años el bache por cupos alcanzaría, por lo menos, los 2,5 millones de bachilleres. Se estima que hay cerca de 286 IES que albergan 1,7 millones de estudiantes, representando las entidades privadas el 44,2 por ciento. Dentro del sistema educativo 80 entidades son universidades con 950.000 matriculados. Las 32 universidades públicas concentran un poco más del 44 por ciento de la población universitaria del país.
Las fuentes de financiación de las IES privadas, como es conocido, provienen, predominantemente, del cobro de matrícula, en tanto de las públicas, los aportes de la Nación, cada vez más menguantes, son determinantes para su sostenibilidad financiera-presupuestal. El proyecto de Ley 30 de 1992, prevé figuras como “contratos de asociación” entre IES públicas y particulares (artículo 10), universidades mixtas (artículo 13), constitución de sociedades anónimas, además de corporaciones o fundaciones (artículo 32), configurando instituciones con ánimo de lucro, equiparadas a empresas mercantiles. Se combinan opciones de posibles alianza privada-privada y público-privada.
Revelando la intencionalidad de la reforma, la Ministra de Educación, declaró:
“¿Qué prevemos nosotros entonces en términos de oferta por parte oferta de instituciones de educación superior privada?, se plantea la posibilidad de que puedan llegar inversionistas a invertir en el sistema de educación superior. El único sector de Colombia que no ha podido beneficiarse de mayores recursos de financiamiento por parte de capital privado ha sido el sistema de educación superior. Hoy, todos los sectores de la economía se financian con recursos públicos y también con recursos privados. ¿Por qué negarle esta opción? No hay opción más costosa para un joven que no tener acceso a la educación y si nosotros no permitimos que llegue inversión privada pues no vamos a ser capaces de generar esta mayor oferta de calidad y de generar mejores condiciones de acceso a nuestros estudiantes”.
ANTÍTESIS
1. La oferta es insuficiente, en razón a que ha tenido un lento crecimiento.
2. La demanda anual de nuevos cupos (625.000 bachilleres en 2010) está por debajo de la errática oferta anual que no supera las 100.000 plazas. La abultada deserción del 45 por ciento agrava la disfuncionalidad del sistema educativo.
3. Durante el periodo 2002-2009 se crearon 563.000 cupos que, frente a las pretensiones del Gobierno Nacional (645.000 cupos para cuatro años), sólo profundizarían el rezago. Si se requirieron 8 años para trepar la cobertura bruta en 11 puntos, incrementarla en 15 puntos, en este periodo presidencial, es ilusorio.
4. El cambio de la naturaleza de las universidades, al transitar de la figura “sin ánimo de lucro” a “con ánimo de lucro”, traerá consigo una competencia “darwinista” entre las instituciones privadas cuyo costo es el detrimento de la calidad. Como ocurrió con las universidades de “garaje” es inevitable el sesgo profesionalizante y la nula investigación. La cooperación de la triada Universidad-empresa-Estado es de vieja data, donde el oferente de servicios son las universidades, alrededor de proyectos específicos. Presentarlo como algo novedoso es sólo un globo distractor. Su nombre, “contratos de asociación”, es un nuevo ropaje a una exitosa práctica que enlaza investigación y extensión. La ambigüedad conceptual de la Ministra ha hecho que se haya desviado la atención de los críticos de la propuesta a este aspecto y no en el riesgo que se cierne sobre las universidades públicas del país, cual es la presencia de sociedades anónimas como socias en la administración de programas académicos, con toda la interferencia en la orientación, perfiles y, lo que es más, en la fijación de matrícula, para hacer más rentable el “negocio” (no el servicio derivado de un derecho social constitucional ). ¡Ese es el leitmotiv de la propuesta!
5. Ampliar la cobertura exige ensanchar la planta docente que se mantiene inmodificable en 185.000 profesores, correspondiendo la mayor parte, alrededor del 75 por ciento, a docentes universitarios. Es preocupante que, en su mayoría, la vinculación es de cátedra y temporales. En las universidades públicas de los 20.000 profesores sólo el 53 por ciento era de planta, lo que revela la precariedad laboral de estos servidores públicos. Contrastan los aportes de la Nación a las universidades públicas (aproximadamente, $ 2,0 billones) con lo asignado en el presupuesto de 2011 a “defensa y seguridad”: ¡¡$ 22 billones!!
6. Es indudable que las normas se tornan obsoletas. Las reformas son inevitables. El proyecto de reforma formula polémicas proposiciones con un visible impacto en el sistema educativo, tales como:
a. La naturaleza de las IES: según la fuente de los recursos financieros, se clasifican en públicas, privadas y mixtas (artículo 13). Las de economía solidaria se asimilan a privadas. Se autorizan la creación de las sociedades anónimas, a partir de las fundaciones y corporaciones-núcleo de las IES privadas-, con emisión y venta de acciones y distribución de dividendos (artículo 32). Se prevé la insólita situación de que el Gobierno asigne recursos a las IES privadas (artículo 108). Se crea el Fondo de fomento a la inversión privada en educación superior (Fominvest), para “vincular capital privado a la prestación del servicio “(artículo 111). Por último, las instituciones públicas y privadas en dificultades podrán acogerse al “Régimen de insolvencia empresarial”, es decir, quiebra empresarial (artículo 109).
b. Categoría de universidad: se establecen rigurosos requisitos para acceder a esta denominación (artículo 15). Se remplaza la noción de universidades estatales u oficiales por el etéreo concepto de IES públicas (artículos 17-30)/102-107).
c. Gobierno universitario: Suprime el Consejo Académico como instancia directiva (artículo 42). El Consejo Superior Universitario (CSU) reglamentará su composición y funcionamiento (artículo 46). La presidencia del CSU de las IES públicas, del orden nacional y departamental, la ejercerá el Gobernador (artículo 45).
d. Autonomía universitaria: Excesivo tutelaje del MEN. La expedición de estatutos y reglamentos estará sujeta al “previo concepto” del MEN (artículo 46. La inspección y vigilancia no tiene un carácter preventivo y correctivo sino punitivo .
e. Financiación de la universidad: Se mantienen los aportes incrementales de la Nación (artículo 106 ). Los recursos adicionales provendrán, principalmente, de dos fuentes: crecimiento real de la volátil economía; indicadores de gestión (cobertura, productividad, cualificación docente, investigación e innovación. Estos aportes no incrementan la base presupuestal.
SÍNTESIS
La propuesta tiene como eje central la ampliación de cobertura. Para los autores de la misma el “cuello de botella” principal es la restringida financiación existente. La inversión adicional, de fuentes públicas y privadas, calculada en $ 2,4 billones, según el Gobierno, podría “apalancar” el crónico desfinanciamiento que ha empujado a las universidades al autofinanciamiento. De esa manera, la oferta se elevaría y habría una mayor oportunidad para los bachilleres. Lo anterior parecería una ecuación incuestionable. Sin embargo, la improbable expansión de los cupos, per se, no garantiza calidad alguna. Como ocurrió en el pasado, la proliferación de IES “con ánimo de lucro” sólo menoscabará la calidad académica, por la prevalencia de la lógica microeconómica. La universidad se asemejará a una sociedad mercantil, con junta directiva (Consejo Superior), gerente general (Rector) y subgerentes (Decanos), dispuestos a sacrificar la autonomía universitaria en el sacrosanto altar de la eficiencia. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, aduciendo experiencias foráneas efectistas, pero perversas (Brasil). Se requieren mayores recursos volcados hacia la planta física y docente. Sólo así habría mayor cobertura de calidad. Lo demás es reproducir la inequidad y la exclusión social.
¿Para Tunja lo mejor?
SUMAS & restas
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
Twitter: @zaperongo.
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
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Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
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¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
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Boyacá: ¿para seguri creciendo?
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Boyacá: ¿para seguir creciendo?
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Son tiempos de rendición de cuentas. Comienza la cuenta regresiva de las administraciones locales y departamentales y éstas se encuentran empeñadas en mostrar sus resultados, no siempre satisfactorios. El Gobernador Rozo y su equipo de colaboradores presentaron, en una maratónica jornada su “informe de gestión” sustentado en su plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” (2008-2011), cuya inversión proyectada se situó en $ 2,7 billones, habiéndose ejecutado hasta el 2010 proyectos en los cuatro componentes o ejes –y los 22 sectores que los conforman- $ 2,3 billones, estimándose el grado de cumplimiento en 88,5 %. No obstante que el presupuesto del Gobierno departamental se ha venido incrementando hasta bordear el billón de pesos, como resultado del incremento de los recursos propios generados que representan alrededor de una quinta parte de los ingresos administrados, aún sigue siendo determinante los giros de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías provenientes de la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables, fuentes que acaparan el 75 por ciento del gasto público departamental. Dentro de la inversión comprometida la mayor proporción es absorbida por el denominado gasto social (educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) equivalente al 84 por ciento.
Al juzgar el seguimiento y evaluación de los logros obtenidos, pese a que no se no se incluyen explícitamente los indicadores de producto ni de resultados –contrastando la línea base con la meta puntual, para efectuar su medición-, no habría motivo de preocupación, así existan rezagos en construcción de vivienda, recuperación del medio ambiente y fortalecimiento institucional, el plan arroja un cumplimiento del 75, 2 por ciento. Empero, si se analiza de cerca la composición del gasto se encontrará que, contrario a una conclusión simplista, el bosque no permite ver los árboles. Los cuatro componentes que estructuran el plan han tenido una ejecución desigual. En el componente de “desarrollo sostenible”, sólo se ha ejecutado el 50,6 por ciento de lo previsto en el sector agropecuario de la inversión cuatrienal, en tanto que uno de los pivotes de la administración departamental, el desarrollo económico, sólo se ha invertido el 32,2 por ciento. Si se presume que el destinatario de la inversión social es la población boyacense sorprende que en la dimensión “desarrollo social incluyente” dos sectores relevantes como el llamado “desarrollo social” y vivienda habían logrado un avance de 42,5 y 29,6 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Aún no se conocen las cifras sobre el crecimiento de la economía departamental de los últimos dos años. Cuando asumió en 2007 el Gobernador Rozo la economía crecía a un ritmo de 9,4 por ciento; un año después, en 2008, el crecimiento descendió a 3,4 por ciento, lo que pone en entredicho su lema “¡Para seguir creciendo!”. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Baste decir que la inversión empresarial se contrajo en -7,2 y -52 por ciento, respectivamente. Todos los sectores, excepto la minería y la industria manufacturera, se desplomaron.
COLOFON: La reforma universitaria transformará a las universidades sin ánimo de lucro en sinónimo de lucro.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Boyacá: ¿para seguir creciendo?
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Son tiempos de rendición de cuentas. Comienza la cuenta regresiva de las administraciones locales y departamentales y éstas se encuentran empeñadas en mostrar sus resultados, no siempre satisfactorios. El Gobernador Rozo y su equipo de colaboradores presentaron, en una maratónica jornada su “informe de gestión” sustentado en su plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” (2008-2011), cuya inversión proyectada se situó en $ 2,7 billones, habiéndose ejecutado hasta el 2010 proyectos en los cuatro componentes o ejes –y los 22 sectores que los conforman- $ 2,3 billones, estimándose el grado de cumplimiento en 88,5 %. No obstante que el presupuesto del Gobierno departamental se ha venido incrementando hasta bordear el billón de pesos, como resultado del incremento de los recursos propios generados que representan alrededor de una quinta parte de los ingresos administrados, aún sigue siendo determinante los giros de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías provenientes de la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables, fuentes que acaparan el 75 por ciento del gasto público departamental. Dentro de la inversión comprometida la mayor proporción es absorbida por el denominado gasto social (educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) equivalente al 84 por ciento.
Al juzgar el seguimiento y evaluación de los logros obtenidos, pese a que no se no se incluyen explícitamente los indicadores de producto ni de resultados –contrastando la línea base con la meta puntual, para efectuar su medición-, no habría motivo de preocupación, así existan rezagos en construcción de vivienda, recuperación del medio ambiente y fortalecimiento institucional, el plan arroja un cumplimiento del 75, 2 por ciento. Empero, si se analiza de cerca la composición del gasto se encontrará que, contrario a una conclusión simplista, el bosque no permite ver los árboles. Los cuatro componentes que estructuran el plan han tenido una ejecución desigual. En el componente de “desarrollo sostenible”, sólo se ha ejecutado el 50,6 por ciento de lo previsto en el sector agropecuario de la inversión cuatrienal, en tanto que uno de los pivotes de la administración departamental, el desarrollo económico, sólo se ha invertido el 32,2 por ciento. Si se presume que el destinatario de la inversión social es la población boyacense sorprende que en la dimensión “desarrollo social incluyente” dos sectores relevantes como el llamado “desarrollo social” y vivienda habían logrado un avance de 42,5 y 29,6 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Aún no se conocen las cifras sobre el crecimiento de la economía departamental de los últimos dos años. Cuando asumió en 2007 el Gobernador Rozo la economía crecía a un ritmo de 9,4 por ciento; un año después, en 2008, el crecimiento descendió a 3,4 por ciento, lo que pone en entredicho su lema “¡Para seguir creciendo!”. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Baste decir que la inversión empresarial se contrajo en -7,2 y -52 por ciento, respectivamente. Todos los sectores, excepto la minería y la industria manufacturera, se desplomaron.
COLOFON: La reforma universitaria transformará a las universidades sin ánimo de lucro en sinónimo de lucro.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Reforma universitaria a rajatabla
SUMAS & restas
Reforma universitaria a rajatabla
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno, a través del nuevo Plan de Desarrollo, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50 por ciento –siendo el mismo indicador fijado por el pasado Gobierno para 2019-, aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos). Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el MEN, de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de un millón a 1,5 millones (representando el segmento de universidades el 60,6 por ciento), significando un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5 por ciento. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos –nivel similar al que busca el actual Gobierno- se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8 por ciento. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 por ciento) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupante pues los profesores de planta son una proporción marginal) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55 por ciento, en promedio, de los profesores eran de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales (u ocasionales) y catedráticos. En las universidades públicas esta proporción era de 52,7 por ciento de los, aproximadamente, 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado, es, no sólo la renuncia del Estado colombiano de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
OTROSÍ: la exótica perla del proyecto: los consejos superiores de las universidades públicas nacionales, como la UPTC, estarán presididos por los gobernadores. El de Boyacá casi nunca asiste. ¿Qué pasará, entonces?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Reforma universitaria a rajatabla
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno, a través del nuevo Plan de Desarrollo, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50 por ciento –siendo el mismo indicador fijado por el pasado Gobierno para 2019-, aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos). Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el MEN, de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de un millón a 1,5 millones (representando el segmento de universidades el 60,6 por ciento), significando un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5 por ciento. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos –nivel similar al que busca el actual Gobierno- se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8 por ciento. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 por ciento) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupante pues los profesores de planta son una proporción marginal) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55 por ciento, en promedio, de los profesores eran de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales (u ocasionales) y catedráticos. En las universidades públicas esta proporción era de 52,7 por ciento de los, aproximadamente, 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado, es, no sólo la renuncia del Estado colombiano de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
OTROSÍ: la exótica perla del proyecto: los consejos superiores de las universidades públicas nacionales, como la UPTC, estarán presididos por los gobernadores. El de Boyacá casi nunca asiste. ¿Qué pasará, entonces?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
miércoles, 16 de marzo de 2011
El espejismo del plan de desarrollo
SUMAS & restas
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
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Lenta recuperación industrial
SUMAS & restas
Lenta recuperación industrial
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
No obstante que la industria manufacturera es el sector que mayor capacidad de arrastre tiene en la economía, paradójicamente, no es una de las cinco “locomotoras” del crecimiento propuestas por el Gobierno Nacional. Por primera vez, pese a que tienen una cobertura distinta, dos fuentes, una gubernamental y otra gremial, coinciden en sus estimativos. Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane el sector industrial creció en 2010 en 4,7 por ciento revirtiendo el pésimo comportamiento de esta actividad en el 2009 cuando decreció en -5,5 por ciento. De otro lado, la poderosa agremiación Andi, que agrupa a los grandes conglomerados del país encontró, a partir de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la producción de las empresas manufactureras aumentó el año pasado en 4,5 por ciento.
Pero, el desempeño de la producción no siempre va acompañada de un repunte en el empleo, el que va a la zaga del primero, debido a la reducida absorción de mano de obra en muchos procesos automatizados, en donde prevalece una relación capital/trabajo muy alta o debido a un creciente nivel de capacidad instalada ociosa (la que ha oscilado en 25 por ciento). Como evidencia de ello en el 2010 el empleo disminuyó en -1,1 por ciento. Como podría presumirse la trayectoria de las ventas debe estar alineada con la producción, salvo que se registren elevados niveles de inventarios. Es revelador de esta situación que tan sólo el 15 por ciento de los entrevistados reportaba niveles altos de acumulación de mercancías. Como un síntoma de la reactivación industrial las ventas aumentaron en 3,8 por ciento como resultado del repunte de las ventas de vehículos automotores. Las grandes empresas encuestadas por la Andi vendieron en 2010 4,9 por ciento más que el año anterior.
Indudablemente que el sector industria experimenta un buen momento. Esto se refleja en las expectativas empresariales. De acuerdo a la Andi –que quizá no se puede extrapolar a la pequeña y mediana empresa azotada por la revaluación del peso- el 70 por ciento de los empresarios consideraban su entorno de negocios como bueno; en contraste con los registrado en 2009 cuando esta proporción era de 57 por ciento. Los principales problemas identificados por éstos eran el manejo del tipo de cambio, la volatilidad de la demanda y la obtención de materias primas, factores que representaban un poco más del 40 por ciento. Al parecer la recuperación industrial va a permitir que la economía crezca en 2011 a un ritmo de 4,5 por ciento. En Boyacá resulta un indicio alentador el hecho de que la inversión neta en la industria haya aumentado en 2010 en 11,3 por ciento como consecuencia de la aceleración del crecimiento del capital invertido en Sogamoso.
OTROSÍ: En Tunja coincide una antifuncional ampliación de andenes y una malla vial deteriorada. Los megahuecos brotan, aquí y allá. El pavimento es de dudosa calidad y los contratistas ídem. La ineficiencia del Alcalde es proporcional a su incontinencia verbal. Como dice la canción: puro buchipluma na’má.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
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Lenta recuperación industrial
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
No obstante que la industria manufacturera es el sector que mayor capacidad de arrastre tiene en la economía, paradójicamente, no es una de las cinco “locomotoras” del crecimiento propuestas por el Gobierno Nacional. Por primera vez, pese a que tienen una cobertura distinta, dos fuentes, una gubernamental y otra gremial, coinciden en sus estimativos. Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane el sector industrial creció en 2010 en 4,7 por ciento revirtiendo el pésimo comportamiento de esta actividad en el 2009 cuando decreció en -5,5 por ciento. De otro lado, la poderosa agremiación Andi, que agrupa a los grandes conglomerados del país encontró, a partir de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la producción de las empresas manufactureras aumentó el año pasado en 4,5 por ciento.
Pero, el desempeño de la producción no siempre va acompañada de un repunte en el empleo, el que va a la zaga del primero, debido a la reducida absorción de mano de obra en muchos procesos automatizados, en donde prevalece una relación capital/trabajo muy alta o debido a un creciente nivel de capacidad instalada ociosa (la que ha oscilado en 25 por ciento). Como evidencia de ello en el 2010 el empleo disminuyó en -1,1 por ciento. Como podría presumirse la trayectoria de las ventas debe estar alineada con la producción, salvo que se registren elevados niveles de inventarios. Es revelador de esta situación que tan sólo el 15 por ciento de los entrevistados reportaba niveles altos de acumulación de mercancías. Como un síntoma de la reactivación industrial las ventas aumentaron en 3,8 por ciento como resultado del repunte de las ventas de vehículos automotores. Las grandes empresas encuestadas por la Andi vendieron en 2010 4,9 por ciento más que el año anterior.
Indudablemente que el sector industria experimenta un buen momento. Esto se refleja en las expectativas empresariales. De acuerdo a la Andi –que quizá no se puede extrapolar a la pequeña y mediana empresa azotada por la revaluación del peso- el 70 por ciento de los empresarios consideraban su entorno de negocios como bueno; en contraste con los registrado en 2009 cuando esta proporción era de 57 por ciento. Los principales problemas identificados por éstos eran el manejo del tipo de cambio, la volatilidad de la demanda y la obtención de materias primas, factores que representaban un poco más del 40 por ciento. Al parecer la recuperación industrial va a permitir que la economía crezca en 2011 a un ritmo de 4,5 por ciento. En Boyacá resulta un indicio alentador el hecho de que la inversión neta en la industria haya aumentado en 2010 en 11,3 por ciento como consecuencia de la aceleración del crecimiento del capital invertido en Sogamoso.
OTROSÍ: En Tunja coincide una antifuncional ampliación de andenes y una malla vial deteriorada. Los megahuecos brotan, aquí y allá. El pavimento es de dudosa calidad y los contratistas ídem. La ineficiencia del Alcalde es proporcional a su incontinencia verbal. Como dice la canción: puro buchipluma na’má.
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El desplome de la inversión empresarial
SUMAS & restas
EL DESPLOME DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El año pasado la inversión empresarial en Boyacá cayó dramáticamente. Según el Observatorio de Coyuntura Económica Regional y Urbana (OIKOS) de la UPTC, a partir de información del Banco de la República, los recursos volcados hacia las empresas del departamento se contrajo en -52 por ciento, al descender de $ 97.541 a $46.901 millones siendo los sectores responsables de este desplome el agropecuario, el transporte y los prestadores de salud. De la primera actividad podría afirmarse que en los últimos años se ha observado una imparable declinación que resulta acentuada por los estragos del invierno, siendo una de las locomotoras santistas del crecimiento económico que se resiste a despegar. Por el contrario, de su rezago no puede exonerarse a los últimos titulares del Ministerio de Agricultura que “potrerizaron” el campo y con el señuelo de los biocombustibles abandonaron los cultivos de pancoger.
Dentro de las tres jurisdicciones de las cámaras de comercio de Boyacá, -las que atraviesan por una crisis institucional sin precedentes por haberse convertido en escenario de pugnas grupistas-, Tunja como menguante polo de atracción del flujo de capital regional fue desplazada por Duitama –inclusive también por Sogamoso, ciudad cuya decadencia económica parecía irreversible-, representando tan sólo cerca del 10 por ciento de la inversión neta frente al 48 por ciento de esta última. Sin embargo, esta localidad que viene liderando el dinamismo económico fue en el 2009 receptor del 82,5 por ciento del capital invertido. El mapa de los flujos de capital en Boyacá se está recomponiendo.
Pese al aparente auge de la finca raíz con la proliferación de agencias que se disputan el mercado urbano en Tunja, la inversión inmobiliaria se precipitó en caída libre en el 2010 disminuyendo en – 117 por ciento. Simultáneamente, y contra toda evidencia, la construcción registró una merma de -91 por ciento. Para completar el cuadro de declive del desarrollo urbano la inversión ligada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios se redujo en -87 por ciento.
Duitama, el emergente receptor de capital, muestra que su comportamiento fue determinante en la destorcida empresarial, siendo la fuente de la misma el pésimo desempeño de sectores tales como la agricultura, y la red de instituciones de salud y educativas, a las que se agregan el transporte, la industria manufacturera y el comercio minorista.
El panorama se perfilaría desolador si no es por la asombrosa recuperación de la inversión en Sogamoso. Es la única jurisdicción donde repuntó el montaje de nuevas empresas. La inversión se incrementó en los últimos dos años en 238 por ciento, atribuyéndosele este fenómeno al renacimiento industrial y al redespliegue de la minería. El tamaño del capital canalizado a las empresas de esta ciudad cuadruplicó en 2010 a la encontrada en Tunja.
En Boyacá la inversión está languideciendo y no se explica por la baja capacidad de ahorro interno, puesto que la magnitud de la captación del sistema financiero no es insignificante: en 2009 bordeó el billón de pesos.
OTROSÍ: Terminada la ampliación de andenes, la malla vial sigue su acelerado deterioro. Los megahuecos brotan, aquí y allá. Se ven enormes cráteres con pavimento de dudosa calidad y contratistas ídem. ¿Dónde está la veeduría ciudadana?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
EL DESPLOME DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El año pasado la inversión empresarial en Boyacá cayó dramáticamente. Según el Observatorio de Coyuntura Económica Regional y Urbana (OIKOS) de la UPTC, a partir de información del Banco de la República, los recursos volcados hacia las empresas del departamento se contrajo en -52 por ciento, al descender de $ 97.541 a $46.901 millones siendo los sectores responsables de este desplome el agropecuario, el transporte y los prestadores de salud. De la primera actividad podría afirmarse que en los últimos años se ha observado una imparable declinación que resulta acentuada por los estragos del invierno, siendo una de las locomotoras santistas del crecimiento económico que se resiste a despegar. Por el contrario, de su rezago no puede exonerarse a los últimos titulares del Ministerio de Agricultura que “potrerizaron” el campo y con el señuelo de los biocombustibles abandonaron los cultivos de pancoger.
Dentro de las tres jurisdicciones de las cámaras de comercio de Boyacá, -las que atraviesan por una crisis institucional sin precedentes por haberse convertido en escenario de pugnas grupistas-, Tunja como menguante polo de atracción del flujo de capital regional fue desplazada por Duitama –inclusive también por Sogamoso, ciudad cuya decadencia económica parecía irreversible-, representando tan sólo cerca del 10 por ciento de la inversión neta frente al 48 por ciento de esta última. Sin embargo, esta localidad que viene liderando el dinamismo económico fue en el 2009 receptor del 82,5 por ciento del capital invertido. El mapa de los flujos de capital en Boyacá se está recomponiendo.
Pese al aparente auge de la finca raíz con la proliferación de agencias que se disputan el mercado urbano en Tunja, la inversión inmobiliaria se precipitó en caída libre en el 2010 disminuyendo en – 117 por ciento. Simultáneamente, y contra toda evidencia, la construcción registró una merma de -91 por ciento. Para completar el cuadro de declive del desarrollo urbano la inversión ligada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios se redujo en -87 por ciento.
Duitama, el emergente receptor de capital, muestra que su comportamiento fue determinante en la destorcida empresarial, siendo la fuente de la misma el pésimo desempeño de sectores tales como la agricultura, y la red de instituciones de salud y educativas, a las que se agregan el transporte, la industria manufacturera y el comercio minorista.
El panorama se perfilaría desolador si no es por la asombrosa recuperación de la inversión en Sogamoso. Es la única jurisdicción donde repuntó el montaje de nuevas empresas. La inversión se incrementó en los últimos dos años en 238 por ciento, atribuyéndosele este fenómeno al renacimiento industrial y al redespliegue de la minería. El tamaño del capital canalizado a las empresas de esta ciudad cuadruplicó en 2010 a la encontrada en Tunja.
En Boyacá la inversión está languideciendo y no se explica por la baja capacidad de ahorro interno, puesto que la magnitud de la captación del sistema financiero no es insignificante: en 2009 bordeó el billón de pesos.
OTROSÍ: Terminada la ampliación de andenes, la malla vial sigue su acelerado deterioro. Los megahuecos brotan, aquí y allá. Se ven enormes cráteres con pavimento de dudosa calidad y contratistas ídem. ¿Dónde está la veeduría ciudadana?
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sábado, 5 de febrero de 2011
Desempleo en bicicleta estática
SUMAS & restas
Desempleo en bicicleta estática…
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
¿Quién no ha compartido la angustia diaria de un pariente cercano atribulado por haber sido despedido o encontrarse cesante? La carencia de empleo remunerado origina frustración personal y exclusión social. Por ello los indicadores del mercado laboral desvelan a todos por igual, excepto a la indolencia gubernamental, extasiada en su logro de haber reducido el desempleo a finales del año pasado en 0,2 puntos al caer la desocupación de 11,3 a 11,1 por ciento entre diciembre de 2009 y 2010.
Lo extraño de estos guarismos es que pese a las calamidades invernales la pérdida de puestos de trabajo no fue –artificios estadísticos- tan dramática como se preveía – ¡tan sólo 5.000 personas!- pues el acumulado para todo el año descendió, levemente, bordeando el 12 por ciento. Sin embargo, el fantasma del subempleo sigue rondando: el “rebusque” se trepó de 29,7 a 32,6 por ciento equivalente a 272.000 colombianos ensayando estrategias de supervivencia conocidas con el eufemístico nombre de “pluriempleo” o el más sofisticado de “emprendimiento empresarial”, nicho de la informalidad, fenómeno más urbano que rural.
Pero, como dice el refrán “mal de muchos consuelo de tontos”, Tunja se situó en el 17 lugar del escalafón de las 24 ciudades encuestada por el Dane, según el nivel de desempleo.
En el último trimestre de 2010 la desocupación fue de 11,6 por ciento que contrasta con los niveles extremos: 20,3 en Quibdó y 7,8 por ciento en San Andrés. Pero, como se observa a nivel nacional las formas encubiertas de desempleo se resisten a caer, el subempleo entre 2009 y 2010 se elevó en seis puntos en Tunja hasta alcanzar el 28 por ciento. En la actualidad Tunja registra 9.000 desempleados y 22.000 subempleados. Dicho en otros términos, 12 de cada cien tunjano en edad productiva no tiene empleo, en tanto que uno de cada tres ocupados lo hace en las precarias condiciones de ocupaciones de muy corta duración, el ingreso salarial no es satisfactorio o el llamado “perfil laboral” no se ajusta a las competencias disponibles, haciendo que la persona perciba que sus capacidades no son valoradas. A lo anterior no escapa ninguna categoría ocupacional, ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales, o, trabajadores sin educación formal alguna. El mercado laboral está segmentado y discrimina a los trabajadores y empleados de menor formación como lo revelan los resultados del Observatorio del mercado laboral que periódicamente divulga el Ministerio de Educación. Según esta fuente el ingreso salarial de un graduado universitario en 2009 se había comprimido, representando una cuarta parte de la remuneración de un egresado de 2001, el cual devengaba, en promedio, $ 2 millones. Asimismo, se evidenció que una graduada en educación superior ganaba 13 por ciento menos que un egresado hombre. El salario resulta erosionado por la inflación, la que en enero, -teniendo como detonante los alimentos-, se catapultó a 0,91 por ciento siendo uno de los incrementos más altos de la década.
OTROSÍ: Terminada la ampliación de andenes acometida por la Alcaldía de Tunja con una nada despreciable inversión cercana a los $ 2.000 millones, la malla vial sigue su acelerado deterioro. Los megahuecos brotan, aquí y allá, como maleza en los separadores de las vías centrales. ¿Cuántos recursos públicos se han “vaciado” en los enormes cráteres a través de parcheos y reparcheos con pavimento de dudosa calidad y contratistas tramposos? ¿Dónde está la veeduría ciudadana?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
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Desempleo en bicicleta estática…
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
¿Quién no ha compartido la angustia diaria de un pariente cercano atribulado por haber sido despedido o encontrarse cesante? La carencia de empleo remunerado origina frustración personal y exclusión social. Por ello los indicadores del mercado laboral desvelan a todos por igual, excepto a la indolencia gubernamental, extasiada en su logro de haber reducido el desempleo a finales del año pasado en 0,2 puntos al caer la desocupación de 11,3 a 11,1 por ciento entre diciembre de 2009 y 2010.
Lo extraño de estos guarismos es que pese a las calamidades invernales la pérdida de puestos de trabajo no fue –artificios estadísticos- tan dramática como se preveía – ¡tan sólo 5.000 personas!- pues el acumulado para todo el año descendió, levemente, bordeando el 12 por ciento. Sin embargo, el fantasma del subempleo sigue rondando: el “rebusque” se trepó de 29,7 a 32,6 por ciento equivalente a 272.000 colombianos ensayando estrategias de supervivencia conocidas con el eufemístico nombre de “pluriempleo” o el más sofisticado de “emprendimiento empresarial”, nicho de la informalidad, fenómeno más urbano que rural.
Pero, como dice el refrán “mal de muchos consuelo de tontos”, Tunja se situó en el 17 lugar del escalafón de las 24 ciudades encuestada por el Dane, según el nivel de desempleo.
En el último trimestre de 2010 la desocupación fue de 11,6 por ciento que contrasta con los niveles extremos: 20,3 en Quibdó y 7,8 por ciento en San Andrés. Pero, como se observa a nivel nacional las formas encubiertas de desempleo se resisten a caer, el subempleo entre 2009 y 2010 se elevó en seis puntos en Tunja hasta alcanzar el 28 por ciento. En la actualidad Tunja registra 9.000 desempleados y 22.000 subempleados. Dicho en otros términos, 12 de cada cien tunjano en edad productiva no tiene empleo, en tanto que uno de cada tres ocupados lo hace en las precarias condiciones de ocupaciones de muy corta duración, el ingreso salarial no es satisfactorio o el llamado “perfil laboral” no se ajusta a las competencias disponibles, haciendo que la persona perciba que sus capacidades no son valoradas. A lo anterior no escapa ninguna categoría ocupacional, ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales, o, trabajadores sin educación formal alguna. El mercado laboral está segmentado y discrimina a los trabajadores y empleados de menor formación como lo revelan los resultados del Observatorio del mercado laboral que periódicamente divulga el Ministerio de Educación. Según esta fuente el ingreso salarial de un graduado universitario en 2009 se había comprimido, representando una cuarta parte de la remuneración de un egresado de 2001, el cual devengaba, en promedio, $ 2 millones. Asimismo, se evidenció que una graduada en educación superior ganaba 13 por ciento menos que un egresado hombre. El salario resulta erosionado por la inflación, la que en enero, -teniendo como detonante los alimentos-, se catapultó a 0,91 por ciento siendo uno de los incrementos más altos de la década.
OTROSÍ: Terminada la ampliación de andenes acometida por la Alcaldía de Tunja con una nada despreciable inversión cercana a los $ 2.000 millones, la malla vial sigue su acelerado deterioro. Los megahuecos brotan, aquí y allá, como maleza en los separadores de las vías centrales. ¿Cuántos recursos públicos se han “vaciado” en los enormes cráteres a través de parcheos y reparcheos con pavimento de dudosa calidad y contratistas tramposos? ¿Dónde está la veeduría ciudadana?
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sábado, 29 de enero de 2011
Las CARs: ¿reforma cosmética?
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Las CARs: ¿reforma cosmética?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
La historia se repite primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia. Ayer fue el desastre invernal hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las corporaciones ambientales regionales (CARs) estaban en el ojo del huracán ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el “desarrollo sostenible” se ha tornado en una inocua invocación ritual del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno Nacional anunció la liquidación o fusión de una treintena de CARs, que manejan un irrisorio presupuesto de menos de un billón de pesos, por no haber previsto las inundaciones y deslizamientos que sepultaron a centenares de indefensos colombianos, convirtiéndolas en chivos expiatorios.
El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales –resultante, en parte de la inexistencia de un Ministerio especializado-, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería, rasgo idiosincrático de la política al menudeo (léase clientelista) de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución Política de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas, pomposamente, “autoridades ambientales” y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993, define explícitamente que las corporaciones ambientales están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo –elegidos por la suprimida asamblea corporativa- que designa desde 1995 al Director General, predomina la representación del Gobierno (nacional, departamental y municipal), siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONGs ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, -con la ausencia de ONGs y gremios y una disminuida participación de los alcaldes-, elegiría al Director, significando una pérdida de autonomía y mayor tutelaje central. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil? A cambio de neutralidad técnica habrá más burocracia de impronta centralista. Lo destacable del hechizo proyecto es la inclusión de una universidad regional.
OTROSÍ: Las dos principales CARs de Boyacá, Corpoboyacá y Corpochivor, con una cobertura de 112 municipios, ejecutaron en el 2010 un presupuesto que bordea los $ 35.000 millones, destinándose más del 75 por ciento a la inversión. ¿Se ha focalizado ésta en la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Se nombrará a dedo a los nuevos directores?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
Las CARs: ¿reforma cosmética?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
La historia se repite primero como tragedia y después… como farsa. Eso parece ocurrir, de manera recurrente, con los episodios trágicos en Colombia. Ayer fue el desastre invernal hoy es la tragedia minera. Si hace algunos días las corporaciones ambientales regionales (CARs) estaban en el ojo del huracán ahora lo es Ingeominas. Las políticas públicas van a la zaga de los lamentables y lamentados sucesos asociados a la depredación de los recursos naturales, a un drástico reordenamiento territorial y a la ineficiente gestión ambiental, en la que el “desarrollo sostenible” se ha tornado en una inocua invocación ritual del discurso oficial.
Con toda la fanfarria mediática el Gobierno Nacional anunció la liquidación o fusión de una treintena de CARs, que manejan un irrisorio presupuesto de menos de un billón de pesos, por no haber previsto las inundaciones y deslizamientos que sepultaron a centenares de indefensos colombianos, convirtiéndolas en chivos expiatorios.
El foco de la intervención gubernamental, según el proyecto de decreto, son los consejos directivos de estos organismos ejecutores del desarticulado sistema ambiental y la dispersas políticas ambientales –resultante, en parte de la inexistencia de un Ministerio especializado-, despojándolos, supuestamente, del lastre de la politiquería, rasgo idiosincrático de la política al menudeo (léase clientelista) de este país.
La cruzada contra estas entidades encubre la ofensiva gubernamental por recentralizar el país, exhibiendo el fracaso de la autonomía regional y sofocando, de paso, la reivindicación de las regiones no sólo por mayores recursos sino por mayores niveles de competencia, como lo anticipó la Constitución Política de 1991.
El gran hallazgo del diagnóstico gubernamental es que la crisis ambiental se puede atribuir a la concepción de las llamadas, pomposamente, “autoridades ambientales” y a la composición de sus consejos directivos. Para los reformadores se deben sustituir los criterios políticos administrativos en la jurisdicción de éstas por la de la existencia de cuencas hidrográficas; sin embargo, la Ley 99 de 1993, define explícitamente que las corporaciones ambientales están integradas “por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”, es decir, supone criterios más amplios. De otra parte, entre los doce integrantes del consejo directivo –elegidos por la suprimida asamblea corporativa- que designa desde 1995 al Director General, predomina la representación del Gobierno (nacional, departamental y municipal), siendo la de los dos representantes de la sociedad civil (comunidades indígenas y ONGs ambientales) idéntica a la de los gremios privados. Ahora el Ministerio del Ambiente conformaría las ternas y el consejo directivo, con una membrecía hegemónicamente gubernamental, -con la ausencia de ONGs y gremios y una disminuida participación de los alcaldes-, elegiría al Director, significando una pérdida de autonomía y mayor tutelaje central. ¿Dónde quedará la veeduría ciudadana de la sociedad civil? A cambio de neutralidad técnica habrá más burocracia de impronta centralista. Lo destacable del hechizo proyecto es la inclusión de una universidad regional.
OTROSÍ: Las dos principales CARs de Boyacá, Corpoboyacá y Corpochivor, con una cobertura de 112 municipios, ejecutaron en el 2010 un presupuesto que bordea los $ 35.000 millones, destinándose más del 75 por ciento a la inversión. ¿Se ha focalizado ésta en la protección y conservación de los recursos naturales? ¿Se nombrará a dedo a los nuevos directores?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
Le euforia económica
SUMAS & restas
La euforia económica
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno Nacional exhibe un optimismo desbordante. Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el crecimiento de la economía en el 2011, calculado en 4,5 por ciento, el Presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5 por ciento. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada cuando esta tuvo un ritmo de 4 por ciento, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para el 2010 que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el siniestro natural.
Para los expertos del DNP los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, el desempeño oscilará entre 4,8 y 6,2 por ciento, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C& T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura vial averiada, la minería depredada y la vivienda desplomada. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores, han llevado a que los promotores del plan de desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, prevaleciendo cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero estas no podrán materializarse si, la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas – asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión- que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad para sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país, podrían elevar los guarismo de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $ 500 billones, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Central, para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.
OTROSÍ: La Gobernación de Boyacá ha sido proverbialmente un mal administrador de su reducido patrimonio. El disponer de unos activos como las termoeléctricas, la participación accionaria en Acerías Paz del Río, la concesión de la Empresa Licorera de Boyacá, entre otras, ha mostrado una pasmosa incapacidad de eficiente gerencia pública. La no apropiación de un modelo gerencial público ha conducido a la apropiación privada de estos activos en detrimento de los intereses de la sociedad civil, ausente en todas las decisiones.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
La euforia económica
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno Nacional exhibe un optimismo desbordante. Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el crecimiento de la economía en el 2011, calculado en 4,5 por ciento, el Presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5 por ciento. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada cuando esta tuvo un ritmo de 4 por ciento, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para el 2010 que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el siniestro natural.
Para los expertos del DNP los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, el desempeño oscilará entre 4,8 y 6,2 por ciento, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C& T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura vial averiada, la minería depredada y la vivienda desplomada. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores, han llevado a que los promotores del plan de desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, prevaleciendo cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero estas no podrán materializarse si, la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas – asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión- que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad para sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país, podrían elevar los guarismo de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $ 500 billones, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Central, para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.
OTROSÍ: La Gobernación de Boyacá ha sido proverbialmente un mal administrador de su reducido patrimonio. El disponer de unos activos como las termoeléctricas, la participación accionaria en Acerías Paz del Río, la concesión de la Empresa Licorera de Boyacá, entre otras, ha mostrado una pasmosa incapacidad de eficiente gerencia pública. La no apropiación de un modelo gerencial público ha conducido a la apropiación privada de estos activos en detrimento de los intereses de la sociedad civil, ausente en todas las decisiones.
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viernes, 7 de enero de 2011
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
SUMAS & restas
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Los resultados de la inflación acumulada en 2010 sorprendieron a todos. A pesar de que se anticipaba que bordearía el tres por ciento, el registro final la desbordó en dos puntos. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,2 por ciento indujo a una revisión de precios y tarifas, comoquiera que el reajuste del salario mínimo (3,4 por ciento) resultó anulado por dicho guarismo. Lo más preocupante fue que el indicador de la carestía para el estrato de ingreso bajo (3,6 por ciento), asestó un duro golpe a los colombianos más vulnerables, expuestos a todas las secuelas del peor desastre invernal, lo que retrotraerá la pobreza urbana y rural a niveles sin precedentes.
El sorpresivo anuncio del Presidente Santos de revaluar el reciente incremento del salario mínimo para situarlo en cuatro por ciento es un contradictorio reconocimiento de la gravedad de esta regresión social, así los $20.600 de aumento sea un paliativo a la calamitosa situación por la que atraviesan quienes en entidades públicas y empresas privadas, formales e informales, malviven con menos de un salario mínimo. Pese a que los gremios empresariales califican esta decisión como política, lo cierto es que tiene una connotación de “racionalidad económica” al fallar el pronóstico tanto de los centros de investigación cercanos al Gobierno Nacional (v. gr. Fedesarrollo) como de agencias estatales como el Banco de la República. La infalible tecnocracia ha recurrido a los rangos en sus estimativos para reducir el margen de error en sus proyecciones estadísticas.
A su vez, lo que sorprende, fue observar que Tunja fue la ciudad, dentro de las 24 ciudades capitales que encuesta el Dane, de menor crecimiento en el precio de la canasta familiar, no obstante que en el 2009 estuvo por encima de la media del país (2,23 frente a 2,0 por ciento). En efecto, mientras Tunja registró una inflación de 1,93 por ciento el promedio nacional se calculó en 3,17 por ciento, siendo diciembre el mes detonante del alza de precios, considerándose que fue el periodo cuya inflación superó al comportamiento de toda la década pasada.
Lo predecible en los meses iniciales de 2011 será la cascada de incrementos tanto en los precios como en las tarifas reguladas, lo que conducirán a que pensiones, cánones de arrendamiento, tarifas de servicios públicos, pasajes, peajes, etc. se eleven absorbiendo el pírrico aumento salarial; es el “círculo vicioso” de los ingresos salariales pulverizados por la catapulta de los precios de bienes y servicios.
OTROSÍ: Ahora no sea que el Alcalde Montejo reclame para sí la baja inflación tunjana.
Es risible que anuncie que emprenderá una cruzada para defender el funesto periodo presidencial uribista. Debería, más bien, dedicarse a desmontar las megavallas que instaló aquí y allá para publicitar su megalomanía mediática. Se inició la cuenta regresiva y en octubre las urnas le darán una respuesta a su invertido lema: “Para Tunja: lo peor…”
POSDATA: Con los nombramientos conocidos, habrá en la UPTC, ¿más de lo mismo?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com Twitter: @zaperongo
¡Eureka! ¡Tunja la más barata!
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Los resultados de la inflación acumulada en 2010 sorprendieron a todos. A pesar de que se anticipaba que bordearía el tres por ciento, el registro final la desbordó en dos puntos. La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,2 por ciento indujo a una revisión de precios y tarifas, comoquiera que el reajuste del salario mínimo (3,4 por ciento) resultó anulado por dicho guarismo. Lo más preocupante fue que el indicador de la carestía para el estrato de ingreso bajo (3,6 por ciento), asestó un duro golpe a los colombianos más vulnerables, expuestos a todas las secuelas del peor desastre invernal, lo que retrotraerá la pobreza urbana y rural a niveles sin precedentes.
El sorpresivo anuncio del Presidente Santos de revaluar el reciente incremento del salario mínimo para situarlo en cuatro por ciento es un contradictorio reconocimiento de la gravedad de esta regresión social, así los $20.600 de aumento sea un paliativo a la calamitosa situación por la que atraviesan quienes en entidades públicas y empresas privadas, formales e informales, malviven con menos de un salario mínimo. Pese a que los gremios empresariales califican esta decisión como política, lo cierto es que tiene una connotación de “racionalidad económica” al fallar el pronóstico tanto de los centros de investigación cercanos al Gobierno Nacional (v. gr. Fedesarrollo) como de agencias estatales como el Banco de la República. La infalible tecnocracia ha recurrido a los rangos en sus estimativos para reducir el margen de error en sus proyecciones estadísticas.
A su vez, lo que sorprende, fue observar que Tunja fue la ciudad, dentro de las 24 ciudades capitales que encuesta el Dane, de menor crecimiento en el precio de la canasta familiar, no obstante que en el 2009 estuvo por encima de la media del país (2,23 frente a 2,0 por ciento). En efecto, mientras Tunja registró una inflación de 1,93 por ciento el promedio nacional se calculó en 3,17 por ciento, siendo diciembre el mes detonante del alza de precios, considerándose que fue el periodo cuya inflación superó al comportamiento de toda la década pasada.
Lo predecible en los meses iniciales de 2011 será la cascada de incrementos tanto en los precios como en las tarifas reguladas, lo que conducirán a que pensiones, cánones de arrendamiento, tarifas de servicios públicos, pasajes, peajes, etc. se eleven absorbiendo el pírrico aumento salarial; es el “círculo vicioso” de los ingresos salariales pulverizados por la catapulta de los precios de bienes y servicios.
OTROSÍ: Ahora no sea que el Alcalde Montejo reclame para sí la baja inflación tunjana.
Es risible que anuncie que emprenderá una cruzada para defender el funesto periodo presidencial uribista. Debería, más bien, dedicarse a desmontar las megavallas que instaló aquí y allá para publicitar su megalomanía mediática. Se inició la cuenta regresiva y en octubre las urnas le darán una respuesta a su invertido lema: “Para Tunja: lo peor…”
POSDATA: Con los nombramientos conocidos, habrá en la UPTC, ¿más de lo mismo?
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