¿Para Tunja lo mejor?

SUMAS & restas
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
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Le euforia económica

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La euforia económica
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Pese a las secuelas derivadas de la catástrofe invernal el Gobierno Nacional exhibe un optimismo desbordante. Contrario a la cautelosa proyección de la Jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el crecimiento de la economía en el 2011, calculado en 4,5 por ciento, el Presidente Santos ha anunciado que no será inferior a 5 por ciento. Estos pronósticos se alinean con la trayectoria seguida por la economía colombiana en la década pasada cuando esta tuvo un ritmo de 4 por ciento, pero están desfasadas de las cifras que se anticipan para el 2010 que estarán por debajo de ese nivel y de los estimativos consignados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que cobija el periodo 2010-2014, antes de ocurrido el siniestro natural.
Para los expertos del DNP los sectores jalonadores del crecimiento económico, denominados “locomotoras”, el desempeño oscilará entre 4,8 y 6,2 por ciento, fluctuando entre el sector de menor dinamismo, la minería, y el de mayor, la innovación en C& T. Es curioso que los sectores sobre los cuales se fundamenta la aceleración del crecimiento económico sean los que han soportado las mayores devastaciones del desastre invernal: la agricultura anegada, la infraestructura vial averiada, la minería depredada y la vivienda desplomada. Las premisas de un rápido crecimiento económico que giran alrededor de estos lastrados sectores, han llevado a que los promotores del plan de desarrollo hayan revisado las proyecciones, involucrando los nocivos efectos de este evento, prevaleciendo cierta prudencia en lugar de un infundado optimismo. Por supuesto que las consecuencias se traducirán en menor empleo en el cuatrienio, mayor informalidad y rebrote de la pobreza, vasos comunicantes que no podrán aislarse en la profusión de declaraciones gubernamentales. Se ha dicho, insistentemente, que toda crisis genera oportunidades, pero estas no podrán materializarse si, la retórica oficial no va acompañada de una estrategia concreta, que no sea un placebo sino acciones que remuevan las causas – asociadas a la imprevisión y negligencia por omisión- que desencadenaron este desgarrador drama que se suma al desplazamiento forzado, cuya matriz es el insoluble conflicto interno colombiano. Es la oportunidad para sustituir un modelo de desarrollo basado en la depredación de los recursos naturales (lo sucedido obliga a repensar la presunta bonanza minero-energética, sustentada ya sea en la explotación agenciadas por las firmas transnacionales o por los perseguidos mineros informales). No sólo los ilegales son depredadores.
Los costos de la llamada “reconstrucción” que alteraron el ordenamiento del territorio de gran parte de las regiones del país, podrían elevar los guarismo de la inversión pública en los próximos cuatro años a los $ 500 billones, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Central, para acometer la “refundación” de muchas poblaciones sin la reproducción de sus agobiante problemas estructurales.


OTROSÍ: La Gobernación de Boyacá ha sido proverbialmente un mal administrador de su reducido patrimonio. El disponer de unos activos como las termoeléctricas, la participación accionaria en Acerías Paz del Río, la concesión de la Empresa Licorera de Boyacá, entre otras, ha mostrado una pasmosa incapacidad de eficiente gerencia pública. La no apropiación de un modelo gerencial público ha conducido a la apropiación privada de estos activos en detrimento de los intereses de la sociedad civil, ausente en todas las decisiones.
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