Lwy de presupuesto y financiación universitaria

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Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…

La reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?

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Reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El 12 de abril la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó en el Senado el proyecto de ley que reforma, parcialmente, la Ley 30 de 1992. El foco de la reforma es el financiamiento de las 32 universidades públicas, consignado en los artículos 86 y 87, y con el cual se aspira a incrementar los giros de $2 a $6 billones entre 2011 y 2019 (el presupuesto de defensa y policía, $ 23 billones, sobrepasa al de educación: $ 20 billones). Este proyecto, según Ascun, la asociación que agrupa a 82 universidades colombiana, presuntamente, fue concertado con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE).
De los nueve artículos propuestos, tres son los que inciden en las sostenibilidad financiera. Si se parte de la premisa que desde la expedición de la ley la cobertura se ha expandido exponencialmente (entre 2002 y 2009 fue de 112 por ciento), mientras que los recursos transferidos lo hicieron de manera inercial (61 por ciento), lo que ha forzado a elevar el autofinanciamiento a través del cobro de matrículas. Resulta ilustrativo de la inequidad que si el aporte por estudiante de la Nación a la UPTC en 1993 fue de 6,5 millones en 2008 haya sido de $ 3,7 millones. El Ministerio de Educación (MEN) desistió desmontar el artículo 86, que prevé la asignación de aportes incrementales –en pesos constantes, según el IPC-a estas instituciones, preservando el esquema anterior. Lo novedoso de este proyecto es que modifica el artículo 87, que suponía una “bolsa concursable” repartida por el MEN –que se convierte en un todopoderoso asignador de recursos-, reemplazándola por recursos adicionales que dependerían del desempeño de la economía colombiana: a mayor crecimiento del PIB mayores recursos, que cubre un rango del 30 a 50 por ciento. Además se adicionarían otras partidas, que estarían condicionadas a indicadores como ampliación de cobertura con calidad –que saltaría de 35 a 50 por ciento-, cualificación docente, productividad académica y proyectos institucionales de investigación e innovación.
Simultáneo a lo anterior, el proyecto deroga el descuento del 2 por ciento de los aportes estatales y que se transfería al Icfes, que en la UPTC el año pasado fue de $ 1.683 millones. Dentro de la poda que se le hizo al articulado de la propuesta inicial se encuentra el intento –dentro de la pretensión gubernamental de promover la educación técnica y tecnológica a expensas de la formación universitaria- de equiparar al Sena con las demás instituciones educativas.
La aparente unanimidad de esta reforma fue rota por la posición asumida por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien el proyecto de ley “no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior”. La estructura de costos está rezagada de los restringidos ingresos, lo que ha derivado en un modelo de creciente autofinanciamiento y subsidio a la demanda, vía créditos educativos del Icetex y de instituciones bancarias, que no se compensa con el Fondo de permanencia estudiantil, que buscaría contrarrestar la deserción la cual supera el 45 por ciento.
OTROSÍ: La Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación afirma que no es cierto que el cumplimiento del programa de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2009, sea del 14,7 por ciento. Estamos de acuerdo. Hubo un gazapo estadístico. Este fue menor. El cumplimiento acumulado fue tan solo de 6,5 por ciento (página 174 del Balance de Gestión). El referente es el plan de cuatrienal de inversiones consolidado no el POAI.
POSDATA: Hay que desuribizar la campaña presidencial. A pesar de la neurósis furibista es inatajable la ola verde. Los $ 22.000 millones malgastados en los 305 consejos comunales no pueden desvirtuar –como lo revelan las encuestas- que la esperanza vencerá al miedo.
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