SUMAS & restas
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
Twitter: @zaperongo.
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martes, 19 de abril de 2011
Boyacá: ¿para seguri creciendo?
Sumas & restas
Boyacá: ¿para seguir creciendo?
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Son tiempos de rendición de cuentas. Comienza la cuenta regresiva de las administraciones locales y departamentales y éstas se encuentran empeñadas en mostrar sus resultados, no siempre satisfactorios. El Gobernador Rozo y su equipo de colaboradores presentaron, en una maratónica jornada su “informe de gestión” sustentado en su plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” (2008-2011), cuya inversión proyectada se situó en $ 2,7 billones, habiéndose ejecutado hasta el 2010 proyectos en los cuatro componentes o ejes –y los 22 sectores que los conforman- $ 2,3 billones, estimándose el grado de cumplimiento en 88,5 %. No obstante que el presupuesto del Gobierno departamental se ha venido incrementando hasta bordear el billón de pesos, como resultado del incremento de los recursos propios generados que representan alrededor de una quinta parte de los ingresos administrados, aún sigue siendo determinante los giros de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías provenientes de la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables, fuentes que acaparan el 75 por ciento del gasto público departamental. Dentro de la inversión comprometida la mayor proporción es absorbida por el denominado gasto social (educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) equivalente al 84 por ciento.
Al juzgar el seguimiento y evaluación de los logros obtenidos, pese a que no se no se incluyen explícitamente los indicadores de producto ni de resultados –contrastando la línea base con la meta puntual, para efectuar su medición-, no habría motivo de preocupación, así existan rezagos en construcción de vivienda, recuperación del medio ambiente y fortalecimiento institucional, el plan arroja un cumplimiento del 75, 2 por ciento. Empero, si se analiza de cerca la composición del gasto se encontrará que, contrario a una conclusión simplista, el bosque no permite ver los árboles. Los cuatro componentes que estructuran el plan han tenido una ejecución desigual. En el componente de “desarrollo sostenible”, sólo se ha ejecutado el 50,6 por ciento de lo previsto en el sector agropecuario de la inversión cuatrienal, en tanto que uno de los pivotes de la administración departamental, el desarrollo económico, sólo se ha invertido el 32,2 por ciento. Si se presume que el destinatario de la inversión social es la población boyacense sorprende que en la dimensión “desarrollo social incluyente” dos sectores relevantes como el llamado “desarrollo social” y vivienda habían logrado un avance de 42,5 y 29,6 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Aún no se conocen las cifras sobre el crecimiento de la economía departamental de los últimos dos años. Cuando asumió en 2007 el Gobernador Rozo la economía crecía a un ritmo de 9,4 por ciento; un año después, en 2008, el crecimiento descendió a 3,4 por ciento, lo que pone en entredicho su lema “¡Para seguir creciendo!”. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Baste decir que la inversión empresarial se contrajo en -7,2 y -52 por ciento, respectivamente. Todos los sectores, excepto la minería y la industria manufacturera, se desplomaron.
COLOFON: La reforma universitaria transformará a las universidades sin ánimo de lucro en sinónimo de lucro.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Boyacá: ¿para seguir creciendo?
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Son tiempos de rendición de cuentas. Comienza la cuenta regresiva de las administraciones locales y departamentales y éstas se encuentran empeñadas en mostrar sus resultados, no siempre satisfactorios. El Gobernador Rozo y su equipo de colaboradores presentaron, en una maratónica jornada su “informe de gestión” sustentado en su plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” (2008-2011), cuya inversión proyectada se situó en $ 2,7 billones, habiéndose ejecutado hasta el 2010 proyectos en los cuatro componentes o ejes –y los 22 sectores que los conforman- $ 2,3 billones, estimándose el grado de cumplimiento en 88,5 %. No obstante que el presupuesto del Gobierno departamental se ha venido incrementando hasta bordear el billón de pesos, como resultado del incremento de los recursos propios generados que representan alrededor de una quinta parte de los ingresos administrados, aún sigue siendo determinante los giros de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías provenientes de la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables, fuentes que acaparan el 75 por ciento del gasto público departamental. Dentro de la inversión comprometida la mayor proporción es absorbida por el denominado gasto social (educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) equivalente al 84 por ciento.
Al juzgar el seguimiento y evaluación de los logros obtenidos, pese a que no se no se incluyen explícitamente los indicadores de producto ni de resultados –contrastando la línea base con la meta puntual, para efectuar su medición-, no habría motivo de preocupación, así existan rezagos en construcción de vivienda, recuperación del medio ambiente y fortalecimiento institucional, el plan arroja un cumplimiento del 75, 2 por ciento. Empero, si se analiza de cerca la composición del gasto se encontrará que, contrario a una conclusión simplista, el bosque no permite ver los árboles. Los cuatro componentes que estructuran el plan han tenido una ejecución desigual. En el componente de “desarrollo sostenible”, sólo se ha ejecutado el 50,6 por ciento de lo previsto en el sector agropecuario de la inversión cuatrienal, en tanto que uno de los pivotes de la administración departamental, el desarrollo económico, sólo se ha invertido el 32,2 por ciento. Si se presume que el destinatario de la inversión social es la población boyacense sorprende que en la dimensión “desarrollo social incluyente” dos sectores relevantes como el llamado “desarrollo social” y vivienda habían logrado un avance de 42,5 y 29,6 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Aún no se conocen las cifras sobre el crecimiento de la economía departamental de los últimos dos años. Cuando asumió en 2007 el Gobernador Rozo la economía crecía a un ritmo de 9,4 por ciento; un año después, en 2008, el crecimiento descendió a 3,4 por ciento, lo que pone en entredicho su lema “¡Para seguir creciendo!”. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Baste decir que la inversión empresarial se contrajo en -7,2 y -52 por ciento, respectivamente. Todos los sectores, excepto la minería y la industria manufacturera, se desplomaron.
COLOFON: La reforma universitaria transformará a las universidades sin ánimo de lucro en sinónimo de lucro.
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miércoles, 16 de marzo de 2011
El espejismo del plan de desarrollo
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EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
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martes, 23 de marzo de 2010
El cuento de las cuentas
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El cuento de las cuentas
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa, que posibilita el control ciudadano. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. La Gobernación de Boyacá convocó para el día 30 de marzo una audiencia pública cuyo núcleo es el Balance de Gestión de 2009.
A lo largo de las 177 páginas que conforman este documento se desgranan cifras que giran alrededor de los llamados cuatro ejes estratégicos del plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” 2008-2011, (desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente, infraestructura para la competitividad y buen gobierno), mencionándose programas, actividades y eventos, muchos de ellos con sonoros nombres. Sin embargo, pese a que en el documento se enuncia la conveniencia de utilizar indicadores –como línea base, resultados (productos) esperados y nivel de cumplimiento- para monitorear la ejecución de los objetivos y metas de los planes y programas de acción sectoriales, estos están ausentes. Al carecerse de indicadores cuantitativos o cualitativos, no hay parámetros de comparación, invocándose sólo datos puntuales, que muestran un comportamiento inercial, en el que se muestra un aparente éxito en la gestión pero que no evidencia relaciones de causalidad entre los diferentes eslabones del accionar gubernamental. Son cifras descontextualizadas sin un hilo conductor que facilite el seguimiento, la evaluación del desempeño del Gobierno departamental, y lo que es más relevante, el control social.
Desafortunadamente el documento no hace referencia alguna al contexto económico y social, comoquiera que su propósito central, el crecimiento (económico) con equidad, inclusión, sostenibilidad y gobernabilidad, no se sustenta en la trayectoria reciente seguida por la economía departamental ni del mercado laboral y la distribución del ingreso.
A juzgar por la ejecución del plan de inversiones, los resultados son paradójicos. No obstante que en los dos últimos años las finanzas departamentales han arrojado un saldo positivo: $ 236.279 y $78.505 millones, respectivamente, y se hayan sobrecumplido los recaudos, el superávit es un espejismo. Así lo reconoce la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda cuando afirma que la holgura fiscal es producto del aplazamiento del gasto en cada vigencia, a través de los denominados recursos del balance. Al excluirse estos se obtiene un superávit presupuestal real en 2008 de$ 55.664 millones y no de $ 236.279 millones.
El Gobierno actual se encuentra en la mitad de su periodo. La inversión prevista en el plan de desarrollo se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en los dos últimos años, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. En contraste, el desarrollo humano sólo ha avanzado el 14,7 por ciento de lo programado.
OTROSÍ: Al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y por el consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
http://palimpsesto21.blogspot.com/
El cuento de las cuentas
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
La petición y rendición de cuentas es uno de los rasgos de la democracia participativa, que posibilita el control ciudadano. La audiencia pública es un escenario de interlocución para hacer seguimiento y evaluación a la gestión pública en tiempo real. La Gobernación de Boyacá convocó para el día 30 de marzo una audiencia pública cuyo núcleo es el Balance de Gestión de 2009.
A lo largo de las 177 páginas que conforman este documento se desgranan cifras que giran alrededor de los llamados cuatro ejes estratégicos del plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” 2008-2011, (desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente, infraestructura para la competitividad y buen gobierno), mencionándose programas, actividades y eventos, muchos de ellos con sonoros nombres. Sin embargo, pese a que en el documento se enuncia la conveniencia de utilizar indicadores –como línea base, resultados (productos) esperados y nivel de cumplimiento- para monitorear la ejecución de los objetivos y metas de los planes y programas de acción sectoriales, estos están ausentes. Al carecerse de indicadores cuantitativos o cualitativos, no hay parámetros de comparación, invocándose sólo datos puntuales, que muestran un comportamiento inercial, en el que se muestra un aparente éxito en la gestión pero que no evidencia relaciones de causalidad entre los diferentes eslabones del accionar gubernamental. Son cifras descontextualizadas sin un hilo conductor que facilite el seguimiento, la evaluación del desempeño del Gobierno departamental, y lo que es más relevante, el control social.
Desafortunadamente el documento no hace referencia alguna al contexto económico y social, comoquiera que su propósito central, el crecimiento (económico) con equidad, inclusión, sostenibilidad y gobernabilidad, no se sustenta en la trayectoria reciente seguida por la economía departamental ni del mercado laboral y la distribución del ingreso.
A juzgar por la ejecución del plan de inversiones, los resultados son paradójicos. No obstante que en los dos últimos años las finanzas departamentales han arrojado un saldo positivo: $ 236.279 y $78.505 millones, respectivamente, y se hayan sobrecumplido los recaudos, el superávit es un espejismo. Así lo reconoce la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda cuando afirma que la holgura fiscal es producto del aplazamiento del gasto en cada vigencia, a través de los denominados recursos del balance. Al excluirse estos se obtiene un superávit presupuestal real en 2008 de$ 55.664 millones y no de $ 236.279 millones.
El Gobierno actual se encuentra en la mitad de su periodo. La inversión prevista en el plan de desarrollo se sitúa en $ 2,7 billones, habiéndose alcanzado, en los dos últimos años, un grado de cumplimiento del 55,9 por ciento ($ 1,4 billones), nivel que, indudablemente, podría catalogarse de satisfactorio. Empero, si se analiza la composición de dicha inversión, a pesar de que al gasto social –que depende, abrumadoramente, de los giros de la Nación- se ha destinado el 84 por ciento, es junto a otro pivote del plan, el desarrollo económico, que canalizó el 2,7 por ciento, los que exhiben un menor nivel de cumplimiento: 52,6 y 51,8 por ciento, respectivamente, lo que contrasta con el alcanzado por la infraestructura vial (79,7 por ciento) y Buen Gobierno (223,4 por ciento). En este último componente se destaca, curiosamente, “Defensa y seguridad democrática” que remontó en 301,6 por ciento lo proyectado para el cuatrienio. En contraste, el desarrollo humano sólo ha avanzado el 14,7 por ciento de lo programado.
OTROSÍ: Al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y por el consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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