SUMAS & restas
Plan de desarrollo: pensando con el deseo
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno Nacional anunció la “hoja de ruta” del plan cuatrienal de desarrollo cuyo nombre tiene un raro tufillo asociado a su antecesor: “Prosperidad democrática para todos”; el anterior se denominaba “Estado Comunitario: desarrollo para todos”. En el nuevo plan, aparte de las cinco “locomotoras” que jalonarán el crecimiento en los próximos cuatro años, se fijaron unas ambiciosas metas que tendrán que pasar por el filtro de la escueta realidad colombiana.
La jefatura del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha puesto en el horizonte del año 2014 una meta de crecimiento económico de 6,2 por ciento, una tasa de desempleo de un dígito (9 por ciento), la reducción de la pobreza en 2,5 millones de colombianos y un ingreso promedio de 7.200 dólares, siendo propósitos encomiables, que involucrarán una inversión pública de $ 485 billones –proviniendo el 58 por ciento del presupuesto nacional-, para que, realmente, la escurridiza prosperidad irrigue el tejido social del país. Sin embargo, sobra optimismo y falta realismo, a juzgar por los resultados que arrojó la ejecución del plan anterior, que propuso una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar el gobierno uribista de 5 por ciento y sólo logró un guarismo de 4,3 por ciento, derivado del mediocre desempeño de la economía el año pasado: 0,8 por ciento. Asimismo pretendió abatir la desocupación a un nivel de 8,8 por ciento y el deterioro del mercado laboral lo ha confinado a un 12 por ciento. Para rematar, buscó reducir la línea de pobreza a 39,6 por ciento y la brecha persiste tercamente en 45,5 por ciento.
Contraer la dramática pobreza que agobia a, alrededor, de 20 millones de colombianos que malviven con cerca de medio salario mínimo en los niveles planteados por el DNP es insistir en la incumplida meta del pasado Gobierno. Simultáneamente, alcanzar un ingreso por habitante de 7.200 dólares es caer en la trampa del voluntarista “realismo macondiano” de que está imbuido el Gobierno Santista, puesto que el nivel registrado el año pasado apenas bordea los 3.000 dólares.
No obstante que el Gobierno no ha vuelto a reiterar su pretensión de crear, durante este periodo presidencial, 2,5 millones de empleos, es pertinente subrayar que en los ocho años del propietario de “El Ubérrimo” sólo se crearon 2,8 millones de nuevas plazas de trabajo, en tanto que el subempleo se incrementó en 464.000 personas.
Pese a que la imagen del Presidente Santos, según la última encuesta de opinión de Napoleón Franco se encumbró al 73 por ciento; tal como ocurrió con su locuaz predecesor, los problemas económicos y sociales que más gravitan en la cotidianidad del colombiano de a pie son el crecimiento económico y el desempleo, ámbito en que el nuevo inquilino del Palacio de Nariño, obtuvo una desaprobación del 39 y del 56 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Llama la atención que el Alcalde de Tunja haya sido designado nuevo integrante del Consejo Nacional de Planeación (CNP),-instancia responsable del análisis y desde allí formular recomendaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo-, cuando en la última encuesta de favorabilidad entre los alcaldes de las ciudades capitales ocupó el último lugar. La parafernalia mediática con la que celebró el mandatario local su designación no puede ocultar su pésima gestión la que ha desatado la justificada protesta ciudadana.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
domingo, 19 de diciembre de 2010
Un simulacro más
SUMAS & restas
Un simulacro más
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor Titular de la UPTC)
Concluyó en la UPTC un ciclo electoral con resultados predecibles. El prefabricado libreto no fue alterado. Sus protagonistas hicieron apuestas con las cartas marcadas. El resto, la accidentada sesión del Consejo Superior, era sólo un mero trámite. Así se aseguraba el continuismo de la actual administración y se ungía a su heredero. Un presupuesto de $ 150.000 millones y una bolsa de más de 400 de supernumerarios y contratos a término fijo de una nómina de cerca de 1.000 trabajadores y empleados -a los que se añaden los contratados por las empresas de servicios temporales encargadas de los servicios generales-, son un apetecido botín.
La elección del Rector de la UPTC, cuyo periodo se inaugura el primero de enero de 2011 y se prolonga hasta el 2014, ha evidenciado no sólo la fragilidad de la democracia universitaria, prisionera de micropoderes externos, sino de procesos electorales contaminados por el más burdo clientelismo. Las consultas a los estamentos para escoger la lista de candidatos elegibles fue sólo una parodia de democracia participativa, sin ningún carácter vinculante. Como muestra un botón: el Rector electo sólo obtuvo el 16 por ciento de la favorabilidad entre los estudiantes presenciales –por efecto del abstencionismo sólo el 27,3 por ciento concurrió a esta consulta-, el 15,8 por ciento de los profesores, el 14,8 por ciento de los empleados y trabajadores, pero, logró el 41,5 por ciento de una indeterminada población de ex alumnos, resultante de una frenética parafernalia de “trasteo de electores”, reproduciendo las censurables prácticas de cualquier elección pueblerina. La “minoría hegemónica” no le imprime legitimidad a elecciones de esta naturaleza y pone en jaque la gobernabilidad institucional.
De otro lado, es preocupante, que la misma composición del Consejo Superior no garantiza una escogencia imparcial: la minoritaria presencia de los estamentos universitarios, pone en manos de los sectores extrauniversitarios la decisión final. La apabullante injerencia gubernamental, a través de sus tres representantes de nueve integrantes, “alinea” a la de los de egresados y empresarios, y así tiene una mayoría relativa, que valida el proceso pero no lo legitima. Por ello, el retiro de la sesión de los representantes de profesores, estudiantes y ex rectores, fue un gesto de dignidad ante la ausencia de garantías para una transparente deliberación guiada solamente por el propósito común del fortalecimiento de nuestra universidad pública regional y no las soterradas componendas parlamentarias, aguijoneadas por la generosa oferta de puestos y contratos. La esperada neutralidad del Ministerio de Educación se trastrocó en la subordinación de la orientación de la universidad pública a los mezquinos intereses de la voraz casta política regional. Como se ha constatado en los últimos años, la integración del Consejo Superior, no refleja el entramado universitario, puesto que existe un manifiesto desequilibrio que desvirtúa la democracia interna, afianzando un estilo de verticalidad autoritaria.
Por una vez más la Comunidad Universitaria participó en un simulacro de democracia participativa, en que predominó la apariencia pero no la esencia, lo formal pero no lo real. La tenaza de los micropoderes extrauniversitarios estrangulará los intentos de autonomía institucional. Es gobernar en cuerpo ajeno.
OTROSÍ: Los parlamentarios boyacenses en lugar de estar atentos al zarpazo de las regalías provenientes del petróleo, carbón, caliza, esmeraldas y mineral de hierro, que pretende dar el Gobierno Nacional, se dedicaron a jugar póker con la elección de Rector de la UPTC.
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Un simulacro más
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor Titular de la UPTC)
Concluyó en la UPTC un ciclo electoral con resultados predecibles. El prefabricado libreto no fue alterado. Sus protagonistas hicieron apuestas con las cartas marcadas. El resto, la accidentada sesión del Consejo Superior, era sólo un mero trámite. Así se aseguraba el continuismo de la actual administración y se ungía a su heredero. Un presupuesto de $ 150.000 millones y una bolsa de más de 400 de supernumerarios y contratos a término fijo de una nómina de cerca de 1.000 trabajadores y empleados -a los que se añaden los contratados por las empresas de servicios temporales encargadas de los servicios generales-, son un apetecido botín.
La elección del Rector de la UPTC, cuyo periodo se inaugura el primero de enero de 2011 y se prolonga hasta el 2014, ha evidenciado no sólo la fragilidad de la democracia universitaria, prisionera de micropoderes externos, sino de procesos electorales contaminados por el más burdo clientelismo. Las consultas a los estamentos para escoger la lista de candidatos elegibles fue sólo una parodia de democracia participativa, sin ningún carácter vinculante. Como muestra un botón: el Rector electo sólo obtuvo el 16 por ciento de la favorabilidad entre los estudiantes presenciales –por efecto del abstencionismo sólo el 27,3 por ciento concurrió a esta consulta-, el 15,8 por ciento de los profesores, el 14,8 por ciento de los empleados y trabajadores, pero, logró el 41,5 por ciento de una indeterminada población de ex alumnos, resultante de una frenética parafernalia de “trasteo de electores”, reproduciendo las censurables prácticas de cualquier elección pueblerina. La “minoría hegemónica” no le imprime legitimidad a elecciones de esta naturaleza y pone en jaque la gobernabilidad institucional.
De otro lado, es preocupante, que la misma composición del Consejo Superior no garantiza una escogencia imparcial: la minoritaria presencia de los estamentos universitarios, pone en manos de los sectores extrauniversitarios la decisión final. La apabullante injerencia gubernamental, a través de sus tres representantes de nueve integrantes, “alinea” a la de los de egresados y empresarios, y así tiene una mayoría relativa, que valida el proceso pero no lo legitima. Por ello, el retiro de la sesión de los representantes de profesores, estudiantes y ex rectores, fue un gesto de dignidad ante la ausencia de garantías para una transparente deliberación guiada solamente por el propósito común del fortalecimiento de nuestra universidad pública regional y no las soterradas componendas parlamentarias, aguijoneadas por la generosa oferta de puestos y contratos. La esperada neutralidad del Ministerio de Educación se trastrocó en la subordinación de la orientación de la universidad pública a los mezquinos intereses de la voraz casta política regional. Como se ha constatado en los últimos años, la integración del Consejo Superior, no refleja el entramado universitario, puesto que existe un manifiesto desequilibrio que desvirtúa la democracia interna, afianzando un estilo de verticalidad autoritaria.
Por una vez más la Comunidad Universitaria participó en un simulacro de democracia participativa, en que predominó la apariencia pero no la esencia, lo formal pero no lo real. La tenaza de los micropoderes extrauniversitarios estrangulará los intentos de autonomía institucional. Es gobernar en cuerpo ajeno.
OTROSÍ: Los parlamentarios boyacenses en lugar de estar atentos al zarpazo de las regalías provenientes del petróleo, carbón, caliza, esmeraldas y mineral de hierro, que pretende dar el Gobierno Nacional, se dedicaron a jugar póker con la elección de Rector de la UPTC.
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Tunja: ¿una ciudad cara?
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Tunja: ¿una ciudad cara?
Recientemente divulgó el Dane su medición del nivel de precios de bienes y servicios y, contrario a lo esperado, el acumulado en lo corrido del año (2,31 por ciento), supera a la inflación con la que finalizó el 2009. En octubre la variación en los precios de la canasta familiar fue negativa situándose en -0,09 por ciento, atribuyéndole este resultado a la trepada de los precios de vivienda, salud y educación, que contrasta-¡quien lo creyera! con la merma, por quinto mes consecutivo –contrario a lo que se observa en Tunja-, en el precio de los alimentos, en el que las torrenciales lluvias e inundaciones no han hecho mella, según el Dane, en la siembra y en las cosechas. Resulta ilustrativo que uno de los renglones con mayores incrementos en ese mes fue el de las bebidas alcohólicas.
En el mes pasado Tunja fue la quinta ciudad con mayores incrementos, después de Pasto, Medellín, Pereira y Bucaramanga, con un acumulado de 1,18 por ciento ocupando el penúltimo lugar –sólo aventajada por Cúcuta en cuanto al nivel inflacionario –en el escalafón de las 24 ciudades incluidas por el Dane. Los más afectados con el aumento en los precios de la canasta familiar son los estratos ingreso bajo y medio, mientras que el alto compensa, mediante el crédito de consumo y el dinero plástico la liquidez inmediata.
De otro lado, es preocupante que el deterioro del mercado laboral en Tunja no cede. En el tercer trimestre de 2010 (julio-septiembre), la tasa de desempleo registrada (12,4 por ciento) fue casi idéntica a la encontrada en el mismo periodo de 2007: 12,6 por ciento, coincidiendo con lo transcurrido de la actual administración municipal. Quizá lo más dramático es que la tasa de subempleo (una versión del desempleo disfrazado) ascendió a 33,2 por ciento lo que contrasta con el nivel observado en 2007: 32,4 por ciento. Este guarismo se asemeja al comportamiento del desempleo y subempleo a escala nacional. Lo anterior significa que Tunja tiene 10.000 desempleados y 27.000 subempleados, equivalentes, respectivamente, al 12,5 y 33,7 por ciento de la población laboral tunjana. La carencia de oportunidades de trabajo agobia, día tras día, a muchos jóvenes. La existencia del trabajo temporal o angustioso rebusque es una azarosa búsqueda de precarias alternativas que sólo dejan desencanto y baja autoestima, puesto que la exclusión del circuito laboral genera frustración y marginalidad. Es inquietante que la política de empleo remunerado esté ausente de cualquier agenda de gobierno y los llamados “observatorios laborales” sólo sean escenarios para que algunos pocos empleados tengan “oficio”.
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. Tunja parece una ciudad destruida. La ampliación de los andenes de los andenes –en la que se invertirán $ 1.900 millones-, reduciendo el ancho de las vías, es una solución cosmética, ya que el deterioro seguirá acentuándose ante la desidia de la Alcaldía y la indiferencia de juntas de acción comunal. Capítulo aparte son las vías internas de las zonas residenciales que se han retrotraído a los caminos de herradura. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Tunja: ¿una ciudad cara?
Recientemente divulgó el Dane su medición del nivel de precios de bienes y servicios y, contrario a lo esperado, el acumulado en lo corrido del año (2,31 por ciento), supera a la inflación con la que finalizó el 2009. En octubre la variación en los precios de la canasta familiar fue negativa situándose en -0,09 por ciento, atribuyéndole este resultado a la trepada de los precios de vivienda, salud y educación, que contrasta-¡quien lo creyera! con la merma, por quinto mes consecutivo –contrario a lo que se observa en Tunja-, en el precio de los alimentos, en el que las torrenciales lluvias e inundaciones no han hecho mella, según el Dane, en la siembra y en las cosechas. Resulta ilustrativo que uno de los renglones con mayores incrementos en ese mes fue el de las bebidas alcohólicas.
En el mes pasado Tunja fue la quinta ciudad con mayores incrementos, después de Pasto, Medellín, Pereira y Bucaramanga, con un acumulado de 1,18 por ciento ocupando el penúltimo lugar –sólo aventajada por Cúcuta en cuanto al nivel inflacionario –en el escalafón de las 24 ciudades incluidas por el Dane. Los más afectados con el aumento en los precios de la canasta familiar son los estratos ingreso bajo y medio, mientras que el alto compensa, mediante el crédito de consumo y el dinero plástico la liquidez inmediata.
De otro lado, es preocupante que el deterioro del mercado laboral en Tunja no cede. En el tercer trimestre de 2010 (julio-septiembre), la tasa de desempleo registrada (12,4 por ciento) fue casi idéntica a la encontrada en el mismo periodo de 2007: 12,6 por ciento, coincidiendo con lo transcurrido de la actual administración municipal. Quizá lo más dramático es que la tasa de subempleo (una versión del desempleo disfrazado) ascendió a 33,2 por ciento lo que contrasta con el nivel observado en 2007: 32,4 por ciento. Este guarismo se asemeja al comportamiento del desempleo y subempleo a escala nacional. Lo anterior significa que Tunja tiene 10.000 desempleados y 27.000 subempleados, equivalentes, respectivamente, al 12,5 y 33,7 por ciento de la población laboral tunjana. La carencia de oportunidades de trabajo agobia, día tras día, a muchos jóvenes. La existencia del trabajo temporal o angustioso rebusque es una azarosa búsqueda de precarias alternativas que sólo dejan desencanto y baja autoestima, puesto que la exclusión del circuito laboral genera frustración y marginalidad. Es inquietante que la política de empleo remunerado esté ausente de cualquier agenda de gobierno y los llamados “observatorios laborales” sólo sean escenarios para que algunos pocos empleados tengan “oficio”.
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. Tunja parece una ciudad destruida. La ampliación de los andenes de los andenes –en la que se invertirán $ 1.900 millones-, reduciendo el ancho de las vías, es una solución cosmética, ya que el deterioro seguirá acentuándose ante la desidia de la Alcaldía y la indiferencia de juntas de acción comunal. Capítulo aparte son las vías internas de las zonas residenciales que se han retrotraído a los caminos de herradura. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Lwy de presupuesto y financiación universitaria
SUMAS & restas
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Ley de presupuesto y financiación universitaria
Se aprobó, sin mayores alteraciones, el presupuesto general de la Nación para 2011, aforado en $ 147,3 billones, del cual dijo el locuaz Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que es “austero y generoso”. Si se examina la partida asignada al Ministerio de Educación, $ 20,9 billones podría afirmarse que es austera, pero si se observa el presupuesto que manejarán el Ministerio de Defensa y la Policía ($ 21,8 billones), podría concluirse que es generoso, distribución cuyos criterios corresponden a la pesada herencia del gobierno anterior, con la prevalencia de la seguridad sobre la inclusión social.
La relevancia de este proceso presupuestal sobre las instituciones de educación superior, como las 32 universidades públicas, es indiscutible, dado que la mayor parte de su financiación proviene de los aportes del Gobierno Nacional. La población universitaria bordea el millón de estudiantes, representando la matrícula pública el 46,5 % subproducto de la acelerada expansión de las universidades privadas.
Según los estimativos realizados por las agremiaciones profesorales, y luego de que hace cerca de seis meses abortara la reforma a las fuentes de financiación contenidas en la Ley 30 de 1992 y así obtener ingresos adicionales, los recursos presupuestados para el 2011, bajo el supuesto de una inflación de 3 %, serán inferiores a los recibidos por las universidades nacionales, departamentales y municipales que conforman el sistema universitario estatal este año, a lo que se añade que la brecha entre los reajustes reales anuales y la asignación presupuestal se ensancha año tras año. En efecto, se calcula que las universidades públicas deberían recibir, el año entrante, para financiar sus gastos de funcionamiento $ 1,789 billones; sin embargo, lo programado será de $1,743 billones lo que significa una diferencia equivalente a más de $ 45 mil millones. A ello se agrega que, desde 2004 el Gobierno Nacional no hace los ajustes por inflación establecidos, lo que ha conducido a una deuda acumulada de $ 332 mil millones que afecta, recurrentemente, el modus operandi de las universidades, acarreando déficits y desatando permanentes conflictos, que no pueden etiquetarse, simplistamente, de apología del tropel. La exigencia de ampliar cupos (cobertura), con la misma –o disminuida- planta docente e infraestructura física ha incidido en la calidad de los programas académicos ofrecidos.
De igual forma, existen temores de que el presupuesto destinado para la UPTC se vea mermado. Se estima que, de aplicarse los ajustes dispuestos en la Ley, la Universidad obtendría recursos del presupuesto nacional por $ 85.000 millones, empero lo presupuestado se sitúa en $ 81.500 millones, lo que arrojaría un faltante de alrededor de $ 3.500 millones, lo que, tal como ocurre con el resto de universidades públicas, aumentaría la deuda acumulada que –pesos más o pesos menos-, se calcularía en $ 26.692 millones, suma equiparable a los recaudos anuales de matrícula de pregrado, postgrado y educación continuada. Esta es una cifra nada despreciable que contribuiría a disponer de una planta docente adecuada y reducir la contratación temporal de profesores ocasionales y catedráticos, que, en la actualidad, son predominantes: 1.283 temporales frente a 505 permanentes, pese a que la planta aprobada sea de 566 docentes. ¿Qué hacer? ¿Qué proponen los candidatos a la Rectoría?
OTROSÍ: Es lamentable el deterioro de la malla vial de Tunja. Las flamantes megaobras de papel de la actual administración han impedido el reparcheo de las destartaladas vías. La reconstrucción de los andenes es una solución parcial, pero cosmética. No se puede culpar al Alcalde, pues, no ha hecho nada…
Colofón: Entre el 4 y 5 de noviembre se realizará el Seminario “Los retos de la coyuntura económica colombiana: una mirada desde las regiones”. Lugar: Auditorio Eduardo Caballero Calderón. Los esperamos…
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