EL ÁBACO
Otro globo distractor
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
El Gobierno Nacional tiene un inagotable repertorio de globos distractores que, de tiempo en tiempo, estallan sin dejar el menor rastro. A mediados del mes de febrero el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Esteban Piedrahita, anunció la reciclada propuesta de fijar un salario mínimo diferencial por regiones, sosteniendo que la productividad ha aumentado por encima del salario, y, por consiguiente, los costos de producción se han encarecido llevando a los empresarios a invertir más en capital fijo (maquinarias y equipos) que en mano de obra, afirmación que no se evidencia concluyentemente durante los últimos años.
El implantar un salario mínimo diferenciado llevaría a ahondar la brecha de inequidad social entre las diferentes regiones (departamentos, en un sentido restringido), si se presume que la mitad de los asalariados percibe menos de un salario mínimo y el 60 por ciento de los ocupados malviven en los laberintos de la informalidad, fenómenos, que contrario de lo que afirma la tecnocracia gubernamental, no es el resultado del “elevado” salario mínimo. A juicio de la Escuela Nacional Sindical para adquirir los bienes y servicios de una canasta familiar básica se requiere el equivalente de dos salarios mínimos, un poco más de un millón de pesos, cifra que devenga alrededor del 85 por ciento de los trabajadores y empleados colombianos.
El “refrito” de la propuesta de la jefatura del DNP, deliberadamente desconoce la desigual estructura económica y social, que tiende a polarizarse entre regiones prósperas y regiones atrasadas, como se constata cuando se encuentra que el ingreso per cápita real anual de Boyacá, es el 55,6 por ciento del de Bogotá y, el del Chocó representa el 19,8 por ciento del nivel de la capital del país. De acogerse esa regresiva propuesta las disparidades regionales se perpetuarían, reforzándose la pobreza y la marginalidad, ya que el diferencial salarial en las regiones prósperas induciría la migración hacia las mismas, “vaciando” las rezagadas.
Dentro del engranaje estatal una de las agencias que ha venido perdiendo su tradicional perfil de santuario de la infalible tecnoburocracia es el DNP. Este retroceso, que va aparejado de la pérdida de credibilidad en el demagógico discurso oficial, pareciera ser un preocupante síntoma de la improvisación que campea, salvo muy pocas excepciones, en los 13 ministerios y demás entidades gubernamentales, como, últimamente, se ha observado en los inamovibles ministerios de Transporte y de Salud.
Como en las demás cortinas de humo que se lanzan para distraer la opinión pública de los inocultables escándalos propios del desgobierno existente, la adopción de un salario mínimo diferencial no resuelve sino que acentúa el malestar social.
PUNTO FINAL: El outsourcing o tercerización se ha convertido en un fácil expediente para reducir los costos de la mano de obra, a través de las llamadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs). La reestructuración del Hospital San Rafael de Tunja hace cerca de cinco años implicó la disminución de su nómina de personal de 560 a 142 personas, haciendo posible el auge de estas organizaciones cooperativas cuyo número de asociados pasó de 99 a 688 entre 2004 y 2009.
Lo anterior es inquietante porque, además de que éstas fungen como intermediarios laborales, las diferencias salariales entre los trabajadores de planta y los de las 11 CTAs son considerables. Por ejemplo, la remuneración de un enfermero es 66,7 por ciento de la de su homólogo de planta. A lo que se añade que los contratos son de corta duración, casi equiparable al trabajo a destajo, propiciando la inestabilidad laboral, a la que se ven sometidos profesionales, técnicos y trabajadores rasos.
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martes, 23 de febrero de 2010
Precarización laboral a la medida
SUMAS & restas
Precarización laboral a la medida
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
La dramática crisis de la salud no sólo es financiera sino también de un maltrecho sistema en cuidados intensivos. En efecto, la mal llamada flexibilización del mercado laboral ha deteriorado la calidad del empleo generado, por cuenta del tan publicitado outsourcing , tercerización o subcontratación de personal, lo que ha incidido en una irreversible caída del número de asalariados, que representan tan sólo una tercera parte de todos los ocupados en la economía colombiana.
En la última década la economía solidaria registró un espectacular auge, particularmente de las denominadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs), que representan alrededor de la mitad del espectro de las organizaciones cooperativas existentes en Colombia, absorbiendo cerca de medio millón de trabajadores asociados. Uno de los sectores que ha presenciado una inusitada expansión es el vapuleado sector salud, en donde las entidades hospitalarias vienen recurriendo a la contratación de personal con terceros, lo que les permite una reducción sustancial de costos, relevándose de cualquier responsabilidad directa con los asociados.
En el Hospital San Rafael de Tunja, se encontró que la implacable reestructuración administrativa implantada entre 2004 y 2005, trajo consigo una sensible disminución de la nómina, al contraerse de 560 trabajadores en dicho periodo a 142 en 2009. Lo más sintomático fue, que en este intervalo, mientras el número de CTAs que ofrecen sus servicios de personal (médico-asistencial, administrativos y de servicios generales) se elevó de 7 a 11, los afiliados se treparon de 99 a 688, significando el aumento del promedio de trabajadores por cooperativa de 11,3 a 62,5 personas. En la actualidad el 70 por ciento del personal hospitalario es contratado a través de las CTAs, habiendo surgido una nueva modalidad llamada “turismo cooperativo”.
Lo anterior no sería preocupante si el rápido crecimiento de las cooperativas hubiese sido resultado de la búsqueda de alternativas laborales, a través estas organizaciones solidarias, en donde se postula adhesión voluntaria, control democrático, autonomía, participación y compromiso de los asociados, entre otros; pero, la terca realidad evidencia que esas formas cooperativas surgieron, la mayor parte de ellas, como maquilladas modalidades de intermediación laboral, que pueden equiparase a empresas de servicios temporales con contratos de corta duración , pese a que la remuneración se percibe no como salario sino como compensación.
Basta citar algunos ejemplos para constatar la notoria brecha de inequidad que existe entre la remuneración de los empleados de nómina del hospital y los trabajadores asociados a la decena de cooperativas. A un técnico administrativo de una cooperativa se le pagaba, -luego de una cascada de deducciones y contribuciones parafiscales-, el 80,4 por ciento de su homólogo de planta. De igual forma un enfermero afiliado percibía el 66,2 por ciento de su equivalente en el hospital. Por último, un técnico en servicios generales recibía el 74,7 por ciento de su similar perteneciente a la planta de personal de la institución hospitalaria.
El apabullante desempleo y subempleo, que agobia a cerca de 9 millones de colombianos, ha forzado a profesionales, técnicos y tecnólogos a aceptar precarias condiciones de trabajo, bajo la fachada de trabajo solidario, en donde se reproduce la “explotación del hombre por el hambre”.
OTROSÍ: según el columnista Alfredo Molano, en 2009 la Gobernación de Boyacá se gastó $ 4.400 millones en campañas mediáticas para sobredimensionar sus modestas realizaciones. ¿Quienes fueron los favorecidos?
http://palimpsesto21.blogspot.com/
Precarización laboral a la medida
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
La dramática crisis de la salud no sólo es financiera sino también de un maltrecho sistema en cuidados intensivos. En efecto, la mal llamada flexibilización del mercado laboral ha deteriorado la calidad del empleo generado, por cuenta del tan publicitado outsourcing , tercerización o subcontratación de personal, lo que ha incidido en una irreversible caída del número de asalariados, que representan tan sólo una tercera parte de todos los ocupados en la economía colombiana.
En la última década la economía solidaria registró un espectacular auge, particularmente de las denominadas cooperativas de trabajo asociado (CTAs), que representan alrededor de la mitad del espectro de las organizaciones cooperativas existentes en Colombia, absorbiendo cerca de medio millón de trabajadores asociados. Uno de los sectores que ha presenciado una inusitada expansión es el vapuleado sector salud, en donde las entidades hospitalarias vienen recurriendo a la contratación de personal con terceros, lo que les permite una reducción sustancial de costos, relevándose de cualquier responsabilidad directa con los asociados.
En el Hospital San Rafael de Tunja, se encontró que la implacable reestructuración administrativa implantada entre 2004 y 2005, trajo consigo una sensible disminución de la nómina, al contraerse de 560 trabajadores en dicho periodo a 142 en 2009. Lo más sintomático fue, que en este intervalo, mientras el número de CTAs que ofrecen sus servicios de personal (médico-asistencial, administrativos y de servicios generales) se elevó de 7 a 11, los afiliados se treparon de 99 a 688, significando el aumento del promedio de trabajadores por cooperativa de 11,3 a 62,5 personas. En la actualidad el 70 por ciento del personal hospitalario es contratado a través de las CTAs, habiendo surgido una nueva modalidad llamada “turismo cooperativo”.
Lo anterior no sería preocupante si el rápido crecimiento de las cooperativas hubiese sido resultado de la búsqueda de alternativas laborales, a través estas organizaciones solidarias, en donde se postula adhesión voluntaria, control democrático, autonomía, participación y compromiso de los asociados, entre otros; pero, la terca realidad evidencia que esas formas cooperativas surgieron, la mayor parte de ellas, como maquilladas modalidades de intermediación laboral, que pueden equiparase a empresas de servicios temporales con contratos de corta duración , pese a que la remuneración se percibe no como salario sino como compensación.
Basta citar algunos ejemplos para constatar la notoria brecha de inequidad que existe entre la remuneración de los empleados de nómina del hospital y los trabajadores asociados a la decena de cooperativas. A un técnico administrativo de una cooperativa se le pagaba, -luego de una cascada de deducciones y contribuciones parafiscales-, el 80,4 por ciento de su homólogo de planta. De igual forma un enfermero afiliado percibía el 66,2 por ciento de su equivalente en el hospital. Por último, un técnico en servicios generales recibía el 74,7 por ciento de su similar perteneciente a la planta de personal de la institución hospitalaria.
El apabullante desempleo y subempleo, que agobia a cerca de 9 millones de colombianos, ha forzado a profesionales, técnicos y tecnólogos a aceptar precarias condiciones de trabajo, bajo la fachada de trabajo solidario, en donde se reproduce la “explotación del hombre por el hambre”.
OTROSÍ: según el columnista Alfredo Molano, en 2009 la Gobernación de Boyacá se gastó $ 4.400 millones en campañas mediáticas para sobredimensionar sus modestas realizaciones. ¿Quienes fueron los favorecidos?
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domingo, 31 de enero de 2010
Reactivación en veremos
EL ÁBACO
Reactivación en veremos
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
En una reciente encuesta aplicada a 1.440 formadores de opinión pertenecientes a gremios, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas y académicos, el segundo tema económico preocupante para este año, después de la crisis internacional (21 por ciento), es el incierto desempeño del sector industrial (9 por ciento).
Aunque aún no se conoce la cifra definitiva acerca del crecimiento económico del 2009, todo apunta que será nulo, pese a las optimistas expectativas gubernamentales y gremiales, que, pensando con el deseo, han pronosticado que el 2010 cerrará con un repunte del 2,5 por ciento. En estas previsiones el comportamiento del sector industrial es determinante, siendo el sector más expuesto a la crisis externa –lo que se manifiesta en el desplome de las exportaciones a los principales socios comerciales, Estados Unidos y Venezuela-, cuya producción no ha mostrado indicios de recuperación, ya que en el periodo enero-noviembre del año pasado cayó en -5,9, haciéndolo simultáneamente el empleo, el cual se contrajo en - 6,4 por ciento, particularmente, la mano de obra temporal.
La coyuntura industrial no sería más preocupante si no es porque la tan esperada reactivación aún no llega y la confianza de los empresarios es negativa. El retraimiento se evidencia en sectores claves para el departamento de Boyacá, tales como las industrias metalmecánica, automotriz y siderúrgica, entre otras, aquejadas por un sensible bajonazo en los pedidos, las ventas y en el aprovechamiento de la capacidad productiva instalada que, según Fedesarrollo, no supera el 68 por ciento, estimativo que contrasta con el de la Andi (75 por ciento), situación que arrastra a la baja la contratación de personal, elevando los niveles de desempleo que podrá situarse en el 2010 en 14 por ciento.
Pero, como si fuera poco, la tan trillada “confianza inversionista” de los empresarios se ha visto deteriorada con el cuestionado paquete tributario –anticipo de la arremetida alcabalera que se avecina- implantado, a rajatabla, por el Gobierno Nacional, bajo el pretexto de emergencia social para evitar el colapso del sector salud y con el cual se esperan recaudar cerca de $ 2 billones. El drástico incremento del IVA a cerveza, juegos de azar, cigarrillos y licores, no necesariamente se traducirá en un previsible aumento en los ingresos de los gobiernos departamentales, los cuales financian gran parte del gasto con estos recursos. En promedio el impuesto a la cerveza, licores y cigarrillo representaban alrededor del 20 por ciento de las finanzas departamentales. Es el círculo perverso de pretender elevar las volátiles rentas del “vicio”, que genera patologías sociales, para financiar las ilimitadas necesidades de la salud pública.
PUNTO FINAL: Comenzó la cuenta regresiva y los aspirantes a Senado y Cámara han cubierto muros, paredes, andenes y calles, provocando una saturante contaminación visual. La falta de creatividad en las consignas es apabullante. Se leen lemas, carentes de sustancia programática, del siguiente tenor: “Buen camino”, “Ahora sí”, “plena confianza”, “un boyacense para servir a Colombia”, “Paso a paso”, “Mi compromiso es…Usted, Que esta vez…tu voto no se pierda”. ¡Qué vacío conceptual!
.
Reactivación en veremos
Edilberto Rodríguez Araújo (Profesor de la Escuela de Economía de la UPTC)
En una reciente encuesta aplicada a 1.440 formadores de opinión pertenecientes a gremios, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas y académicos, el segundo tema económico preocupante para este año, después de la crisis internacional (21 por ciento), es el incierto desempeño del sector industrial (9 por ciento).
Aunque aún no se conoce la cifra definitiva acerca del crecimiento económico del 2009, todo apunta que será nulo, pese a las optimistas expectativas gubernamentales y gremiales, que, pensando con el deseo, han pronosticado que el 2010 cerrará con un repunte del 2,5 por ciento. En estas previsiones el comportamiento del sector industrial es determinante, siendo el sector más expuesto a la crisis externa –lo que se manifiesta en el desplome de las exportaciones a los principales socios comerciales, Estados Unidos y Venezuela-, cuya producción no ha mostrado indicios de recuperación, ya que en el periodo enero-noviembre del año pasado cayó en -5,9, haciéndolo simultáneamente el empleo, el cual se contrajo en - 6,4 por ciento, particularmente, la mano de obra temporal.
La coyuntura industrial no sería más preocupante si no es porque la tan esperada reactivación aún no llega y la confianza de los empresarios es negativa. El retraimiento se evidencia en sectores claves para el departamento de Boyacá, tales como las industrias metalmecánica, automotriz y siderúrgica, entre otras, aquejadas por un sensible bajonazo en los pedidos, las ventas y en el aprovechamiento de la capacidad productiva instalada que, según Fedesarrollo, no supera el 68 por ciento, estimativo que contrasta con el de la Andi (75 por ciento), situación que arrastra a la baja la contratación de personal, elevando los niveles de desempleo que podrá situarse en el 2010 en 14 por ciento.
Pero, como si fuera poco, la tan trillada “confianza inversionista” de los empresarios se ha visto deteriorada con el cuestionado paquete tributario –anticipo de la arremetida alcabalera que se avecina- implantado, a rajatabla, por el Gobierno Nacional, bajo el pretexto de emergencia social para evitar el colapso del sector salud y con el cual se esperan recaudar cerca de $ 2 billones. El drástico incremento del IVA a cerveza, juegos de azar, cigarrillos y licores, no necesariamente se traducirá en un previsible aumento en los ingresos de los gobiernos departamentales, los cuales financian gran parte del gasto con estos recursos. En promedio el impuesto a la cerveza, licores y cigarrillo representaban alrededor del 20 por ciento de las finanzas departamentales. Es el círculo perverso de pretender elevar las volátiles rentas del “vicio”, que genera patologías sociales, para financiar las ilimitadas necesidades de la salud pública.
PUNTO FINAL: Comenzó la cuenta regresiva y los aspirantes a Senado y Cámara han cubierto muros, paredes, andenes y calles, provocando una saturante contaminación visual. La falta de creatividad en las consignas es apabullante. Se leen lemas, carentes de sustancia programática, del siguiente tenor: “Buen camino”, “Ahora sí”, “plena confianza”, “un boyacense para servir a Colombia”, “Paso a paso”, “Mi compromiso es…Usted, Que esta vez…tu voto no se pierda”. ¡Qué vacío conceptual!
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¿Quien le cree a quien?
SUMAS & restas
¿Quién le cree a quien?
Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
Es paradójico que una de las instituciones con menores aciertos en sus pronósticos sea la que le merezca mayor credibilidad a los 1.440 encuestados -líderes de gremios (10 por ciento), academia (24 por ciento), medios de comunicación (30 por ciento), organizaciones políticas (22 por ciento) y sociales (14 por ciento)-por el ex director del Dane, César Caballero, a través de su firma encuestadora “Cifras y conceptos”, en 15 departamentos y el distrito capital. Esa institución es el Banco de la República –es de suponer que se refiere a su flamante Junta Directiva- que obtuvo la mayor favorabilidad (69 por ciento), que contrasta con la de la figura presidencial que ocupó el 13º lugar -con un grado de confianza de 53 por ciento- entre 17 consultados.
Aunque se han cuestionado los alcances de este tipo de medición que, generalmente tiene un sesgo reduccionista, porque a partir de una reducida muestra de la población, hace extensiva, arbitrariamente, sus conclusiones a todo el universo, de alguna forma es un reflejo del pulso de la opinión que, en coyuntura como la actual, se esgrimen como una infalible verdad para apabullar a sus contendores.
El Banco de la República, santuario de la tecnocracia colombiana, es, por mandato constitucional, el responsable del manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia, renunciando a los propósitos de reactivación económica y generación de empleo.
La Banca Central ha centrado todos sus esfuerzos en la llamada estabilidad de precios y ha fijado la llamada inflación objetivo como ancla de su estrategia, además de la regulación de la tasa de cambio de pesos por dólar. Ante la enorme incertidumbre, que se cierne sobre la economía, que impiden metas muy puntuales, se establecen intervalos. Este fue el caso en que, por ejemplo, el Banco Emisor predijo que para 2009 la inflación oscilaría en un rango entre 4,5 y 5,5 por ciento, promediando un 5 por ciento, expectativa que, de alguna manera fue avalada por expertos económicos –pese a que sólo el 21 por ciento de estos en octubre de 2009 lo compartió-, pero que estuvo distante del resultado obtenido cual fue de 2 por ciento. Para el 2010 la proyección del Banco sitúa el intervalo, tanto para el PIB como la inflación, entre 2 y 4 por ciento, siendo su cumplimiento muy incierto.
Otra muestra del desfase entre las previsiones y las cifras finales es la del reajuste salarial, a finales del año pasado. El Banco de la República, luego de revisar sus predicciones, anticipó que sería de 6,1 por ciento; sin embargo, el incremento del salario mínimo fue de 3,6 por ciento –aumento que se anulará con las incontenibles alzas de precios de comienzos de año, espoleadas por la implacable sequía y el cuestionado paquete tributario con el desproporcionado aumento del IVA a cerveza, licores y cigarrillos, para cubrir el desfinanciamiento del colapsado sector salud.
Otrosí: A pesar de que en noviembre se decidió la entrega del Instituto Técnico Rafael Reyes al municipio de Duitama –invocándose discutibles argumentos-, en el presupuesto de la UPTC para el 2010 se soslayó esta situación y se incluyó una partida por $ 1.800 millones, como si éste colegio aún estuviese adscrito a la Universidad o mediara algún convenio de prestación de servicios.
http://palimpsesto21.blogspot.com/
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Edilberto Rodríguez Araújo (Coordinador del grupo de investigación OIKOS de la UPTC)
Es paradójico que una de las instituciones con menores aciertos en sus pronósticos sea la que le merezca mayor credibilidad a los 1.440 encuestados -líderes de gremios (10 por ciento), academia (24 por ciento), medios de comunicación (30 por ciento), organizaciones políticas (22 por ciento) y sociales (14 por ciento)-por el ex director del Dane, César Caballero, a través de su firma encuestadora “Cifras y conceptos”, en 15 departamentos y el distrito capital. Esa institución es el Banco de la República –es de suponer que se refiere a su flamante Junta Directiva- que obtuvo la mayor favorabilidad (69 por ciento), que contrasta con la de la figura presidencial que ocupó el 13º lugar -con un grado de confianza de 53 por ciento- entre 17 consultados.
Aunque se han cuestionado los alcances de este tipo de medición que, generalmente tiene un sesgo reduccionista, porque a partir de una reducida muestra de la población, hace extensiva, arbitrariamente, sus conclusiones a todo el universo, de alguna forma es un reflejo del pulso de la opinión que, en coyuntura como la actual, se esgrimen como una infalible verdad para apabullar a sus contendores.
El Banco de la República, santuario de la tecnocracia colombiana, es, por mandato constitucional, el responsable del manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia, renunciando a los propósitos de reactivación económica y generación de empleo.
La Banca Central ha centrado todos sus esfuerzos en la llamada estabilidad de precios y ha fijado la llamada inflación objetivo como ancla de su estrategia, además de la regulación de la tasa de cambio de pesos por dólar. Ante la enorme incertidumbre, que se cierne sobre la economía, que impiden metas muy puntuales, se establecen intervalos. Este fue el caso en que, por ejemplo, el Banco Emisor predijo que para 2009 la inflación oscilaría en un rango entre 4,5 y 5,5 por ciento, promediando un 5 por ciento, expectativa que, de alguna manera fue avalada por expertos económicos –pese a que sólo el 21 por ciento de estos en octubre de 2009 lo compartió-, pero que estuvo distante del resultado obtenido cual fue de 2 por ciento. Para el 2010 la proyección del Banco sitúa el intervalo, tanto para el PIB como la inflación, entre 2 y 4 por ciento, siendo su cumplimiento muy incierto.
Otra muestra del desfase entre las previsiones y las cifras finales es la del reajuste salarial, a finales del año pasado. El Banco de la República, luego de revisar sus predicciones, anticipó que sería de 6,1 por ciento; sin embargo, el incremento del salario mínimo fue de 3,6 por ciento –aumento que se anulará con las incontenibles alzas de precios de comienzos de año, espoleadas por la implacable sequía y el cuestionado paquete tributario con el desproporcionado aumento del IVA a cerveza, licores y cigarrillos, para cubrir el desfinanciamiento del colapsado sector salud.
Otrosí: A pesar de que en noviembre se decidió la entrega del Instituto Técnico Rafael Reyes al municipio de Duitama –invocándose discutibles argumentos-, en el presupuesto de la UPTC para el 2010 se soslayó esta situación y se incluyó una partida por $ 1.800 millones, como si éste colegio aún estuviese adscrito a la Universidad o mediara algún convenio de prestación de servicios.
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