El espejismo del plan de desarrollo

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EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
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