SUMAS & restas
¿Cuántos pobres somos?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Recientemente el Dane y el Departamento Nacional de Planeación divulgaron los resultados consolidados de la pobreza e indigencia en Colombia durante el periodo 2002-2009. El hallazgo central es que entre 2008 y 2009 el número de pobres se elevó en 48.423 personas, manteniéndose la línea de pobreza casi invariable: 45,5 por ciento, afectando a cerca de 20 millones de conciudadanos. Lo sorprendente es que la pobreza extrema, según estos organismo gubernamentales, descendió-¡Oh, sorpresa!- de 17,8 a 16,4 por ciento, representando 534.066 colombianos menos de los más de 7 millones que malviven con $ 120.000 mensuales. No encaja el hecho que la economía tuvo en 2009 un desempeño mediocre (0,4 por ciento) y la brecha social no se haya ensanchado dramáticamente. De persistir esta tendencia, acentuada por el rebrote de la inflación cuyo acumulado en abril fue de 2,24 por ciento siendo Tunja – ¡por fin, un buen augurio!-, la ciudad que en el pasado mes registró la menor variación de precios, la esquiva equidad se alejaría cada vez más.
Según los estimativos difundidos, en pesos constantes y sonantes, el ingreso familiar se contrajo en los últimos dos años, al caer de $ 570.258 a $ 560.309, cifra que ilustra las difíciles condiciones de los hogares colombianos – con mayor agudeza en las zonas rurales azotadas por múltiples violencias- que sobreviven con un poco más de un salario mínimo, lo que induce, cada vez más, a un número mayor del núcleo familiar a buscar empleo para acceder a una canasta básica de consumo.
Simultáneamente a la constatación de que la pobreza no cede, pese a los triunfalistas anuncios gubernamentales, el desempleo en el trimestre enero-marzo se situó en 13 por ciento, incrementándose en 6,6 por ciento, lo que contrasta con el empleo que creció en 5,5 por ciento en el año corrido. Como si fuera poco el subempleo sigue trepándose hasta alcanzar el 31,6 por ciento, lo que refleja el grado de insatisfacción de la mitad de los que tienen un empleo que se mueve entre la informalidad y la precarización laboral, con inicuas formas de contratación que degradan el trabajo de la población colombiana.
No obstante que Tunja se encuentra en la franja intermedia del mercado laboral, no se puede subestimar el deterioro del mismo, comoquiera que la tasa de desempleo en el primer tramo del año, superó el nivel registrado en el país, estimándose en 14,8 por ciento, lo que se ve aguijoneado por la racha de despidos en empresas y entidades, lo que ha hecho metástasis en toda la economía regional.
OTROSÍ: Colombia vive el frenesí mediático de las encuestas. A pocas semanas del día “D”, la revelación del pulso sobre favorabilidad entre los diferentes candidatos presidenciales, a partir de una reducida muestra y una restringida cobertura geográfica, va perfilando preferencias electorales que, ni siquiera se alteran con los monótonos debates televisivos. Sin embargo, la “marea verde” ha desplazado de la agenda diaria el maniqueo discurso furibista. La esperanza vence el miedo.
Es tan sensible la crisis del empleo en Colombia, que la firma encuestadora Gallup preguntó a los 1.200 entrevistados, “cara a cara”, cual era el principal problema y el 39,4 por ciento respondió que era disminuir el desempleo.
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domingo, 23 de mayo de 2010
Prevención versus prohibicin
EL ÁBACO
Represión versus prevención
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Dentro de su oscurantista cruzada prohibicionista el Gobierno actual no se detiene ante nada. El miedo es su principal arma ideológica. En víspera del último debate sobre la penalización de la dosis mínima, el Ministro del Interior y el Director Nacional de Estupefacientes, han desengavetado un refrito para desatar el tremendismo mediático y la alarma social. Una investigación denominada “Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas sintéticas en la población universitaria de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, elaborado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y auspiciado por la Unión Europea (UE), divulgado en Lima, sede de la CAN, el 24 de noviembre del año pasado, se pretende presentar como una primicia, buscando, de paso, estigmatizar a los jóvenes universitarios.
Nadie desconoce la magnitud que ha asumido el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la población universitaria, pero, de allí a convertir esta lacerante problemática en “caballo de Troya”, de la represión a los consumidores ocasionales –tratándolos como enfermos que deben ser recluidos y sometidos a terapias de rehabilitación-, en lugar de controlar la producción y distribución de drogas ilícitas y lícitas, es una descomunal muestra de la propensión punitiva de los modernos torquemadas, para avasallar los derechos individuales. Por ello no es casual que recurran a este estudio, divulgado hace seis meses, de manera oportunista, manipulando sus conclusiones.
Las principales conclusiones de este análisis comparativo es que Colombia lidera el consumo, destacándose los siguientes resultados, entre otros:
1) El 29,6 por ciento de los jóvenes universitarios colombianos alguna vez han utilizado drogas;
2) El 27,5 por ciento de este segmento de la población exhiben signos de abuso o dependencia a drogas ilícitas, particularmente, a la marihuana, basuco o cocaína;
3) El 90 por ciento de los estudiantes declararon haber ingerido alcohol, por menos una vez en la vida, habiéndose iniciado a los 15 años;
4) El 4,6 por ciento de los encuestados manifestaron haber usado una droga de síntesis, en particular el éxtasis;
5) El 26,7 por ciento de los universitarios revelaron haber fumado marihuana, alguna vez en la vida;
6) El 6,4 por ciento de los 7.803 estudiantes entrevistados declararon haber inhalado cocaína.
El denominado común del patrón de consumo de drogas es que los jóvenes tienen una percepción clara acerca del elevado riesgo de los perjuicios de contraer una adicción, lo que se ve neutralizado por las facilidades existentes para conseguirla a través del clandestino circuito del microtráfico de los jíbaros.
Los crecientes niveles de drogadicción evidencian el fracaso de la política gubernamental de control de “la mata que mata”, basada en la criminalización y no en la prevención. El cuestionado Ministro del Interior ha hecho énfasis en su errónea concepción de fundamentalismo moralista y políticas de orden público y no de salud pública. El acto legislativo de reforma a la Constitución para penalizar el porte y consumo de la dosis mínima es creer que “la calentura está en las sabanas”.
PUNTO FINAL: En el contexto de Tunja, no se puede ignorar la prevalencia en el consumo de drogas lícitas, como el alcohol, que corre a litros en los alrededores de los centros universitarios los fines de semana desde el “juernes”, siendo inocuas las demagógicas campañas de “rumba sana”. Sin embargo, ¿Qué hacer con el tiempo libre?
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Represión versus prevención
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Dentro de su oscurantista cruzada prohibicionista el Gobierno actual no se detiene ante nada. El miedo es su principal arma ideológica. En víspera del último debate sobre la penalización de la dosis mínima, el Ministro del Interior y el Director Nacional de Estupefacientes, han desengavetado un refrito para desatar el tremendismo mediático y la alarma social. Una investigación denominada “Estudio epidemiológico sobre el consumo de drogas sintéticas en la población universitaria de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, elaborado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y auspiciado por la Unión Europea (UE), divulgado en Lima, sede de la CAN, el 24 de noviembre del año pasado, se pretende presentar como una primicia, buscando, de paso, estigmatizar a los jóvenes universitarios.
Nadie desconoce la magnitud que ha asumido el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la población universitaria, pero, de allí a convertir esta lacerante problemática en “caballo de Troya”, de la represión a los consumidores ocasionales –tratándolos como enfermos que deben ser recluidos y sometidos a terapias de rehabilitación-, en lugar de controlar la producción y distribución de drogas ilícitas y lícitas, es una descomunal muestra de la propensión punitiva de los modernos torquemadas, para avasallar los derechos individuales. Por ello no es casual que recurran a este estudio, divulgado hace seis meses, de manera oportunista, manipulando sus conclusiones.
Las principales conclusiones de este análisis comparativo es que Colombia lidera el consumo, destacándose los siguientes resultados, entre otros:
1) El 29,6 por ciento de los jóvenes universitarios colombianos alguna vez han utilizado drogas;
2) El 27,5 por ciento de este segmento de la población exhiben signos de abuso o dependencia a drogas ilícitas, particularmente, a la marihuana, basuco o cocaína;
3) El 90 por ciento de los estudiantes declararon haber ingerido alcohol, por menos una vez en la vida, habiéndose iniciado a los 15 años;
4) El 4,6 por ciento de los encuestados manifestaron haber usado una droga de síntesis, en particular el éxtasis;
5) El 26,7 por ciento de los universitarios revelaron haber fumado marihuana, alguna vez en la vida;
6) El 6,4 por ciento de los 7.803 estudiantes entrevistados declararon haber inhalado cocaína.
El denominado común del patrón de consumo de drogas es que los jóvenes tienen una percepción clara acerca del elevado riesgo de los perjuicios de contraer una adicción, lo que se ve neutralizado por las facilidades existentes para conseguirla a través del clandestino circuito del microtráfico de los jíbaros.
Los crecientes niveles de drogadicción evidencian el fracaso de la política gubernamental de control de “la mata que mata”, basada en la criminalización y no en la prevención. El cuestionado Ministro del Interior ha hecho énfasis en su errónea concepción de fundamentalismo moralista y políticas de orden público y no de salud pública. El acto legislativo de reforma a la Constitución para penalizar el porte y consumo de la dosis mínima es creer que “la calentura está en las sabanas”.
PUNTO FINAL: En el contexto de Tunja, no se puede ignorar la prevalencia en el consumo de drogas lícitas, como el alcohol, que corre a litros en los alrededores de los centros universitarios los fines de semana desde el “juernes”, siendo inocuas las demagógicas campañas de “rumba sana”. Sin embargo, ¿Qué hacer con el tiempo libre?
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sábado, 17 de abril de 2010
Tunja: ¿una ciudad cara?
EL ÁBACO
Tunja: ¿una ciudad cara?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los factores responsables del mediocre desempeño de la economía colombiana en el 2009(0,4 por ciento) fue la caída de la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares, acentuado por el desempleo registrado en el último trimestre el cual bordea el 14 por ciento.
De allí que, en esa perspectiva, la reducción de la inflación en marzo, la que se situó en 0,25 por ciento para un acumulado en lo corrido del año del 1,78 por ciento –engulléndose la mitad del pírrico incremento del salario mínimo-, no es el resultado de un control estricto sobre el nivel de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar sino de la deprimida capacidad de compra de los colombianos –especialmente de trabajadores y empleados-, que ni siquiera se ha reanimado con el señuelo de “consuma ahora y pague después” de las tarjetas de crédito.
Como era de esperarse, por la incidencia de los fenómenos climáticos en que se han alternado sequía con lluvias torrenciales, la escasa oferta de alimentos tienen una gravitación determinante en el encarecimiento de la canasta familiar, ya que junto a la vivienda representa alrededor del 60 por ciento de dicha canasta.
Llama la atención que en la medición del comportamiento de precios de marzo, Tunja ocupe el nada irrelevante tercer lugar, después de Cúcuta y San Andrés, con una tasa de inflación de 0,47 por ciento, 22 puntos por encima del nivel nacional. La ciudad fue la segunda localidad con los alimentos más caros del país, doblando el nivel observado para el resto del país, lo que se evidencia, pese a la aparición en los últimos años de canales alternativos de distribución de los productos agrícolas distintos a las plazas de mercado que no logran contrarrestar los elevados precios de legumbres, hortalizas y frutas que mercadean las llamadas grandes superficies de los supermercados, como lo pueden constatar los consumidores, de a pie, que semanalmente ven disminuida su capacidad adquisitiva. La variación porcentual acumulada del primer trimestre de 2009 en Tunja supera el agregado del país: 1,92 frente a 1,78 por ciento.
Resulta preocupante que en los principales grupos que integran la canasta familiar, tales como alimentos, vestuario, salud, diversión y transporte, entre otros, Tunja se encuentre entre las diez ciudades en que la tendencia alcista de precios es incontenible.
PUNTO APARTE: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane para medir el mercado laboral, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”, no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento. Surge la pregunta obligada: ¿Cuáles programas de estímulo a la generación de empleo están desplegando los gremios y la Alcaldía?
PUNTO FINAL: En la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Gobernación, en que se recurrió a toda la pirotecnia estadística, ante la ausencia de indicadores de seguimiento del plan de desarrollo, al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y del consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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Tunja: ¿una ciudad cara?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Uno de los factores responsables del mediocre desempeño de la economía colombiana en el 2009(0,4 por ciento) fue la caída de la demanda interna, particularmente el consumo de los hogares, acentuado por el desempleo registrado en el último trimestre el cual bordea el 14 por ciento.
De allí que, en esa perspectiva, la reducción de la inflación en marzo, la que se situó en 0,25 por ciento para un acumulado en lo corrido del año del 1,78 por ciento –engulléndose la mitad del pírrico incremento del salario mínimo-, no es el resultado de un control estricto sobre el nivel de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar sino de la deprimida capacidad de compra de los colombianos –especialmente de trabajadores y empleados-, que ni siquiera se ha reanimado con el señuelo de “consuma ahora y pague después” de las tarjetas de crédito.
Como era de esperarse, por la incidencia de los fenómenos climáticos en que se han alternado sequía con lluvias torrenciales, la escasa oferta de alimentos tienen una gravitación determinante en el encarecimiento de la canasta familiar, ya que junto a la vivienda representa alrededor del 60 por ciento de dicha canasta.
Llama la atención que en la medición del comportamiento de precios de marzo, Tunja ocupe el nada irrelevante tercer lugar, después de Cúcuta y San Andrés, con una tasa de inflación de 0,47 por ciento, 22 puntos por encima del nivel nacional. La ciudad fue la segunda localidad con los alimentos más caros del país, doblando el nivel observado para el resto del país, lo que se evidencia, pese a la aparición en los últimos años de canales alternativos de distribución de los productos agrícolas distintos a las plazas de mercado que no logran contrarrestar los elevados precios de legumbres, hortalizas y frutas que mercadean las llamadas grandes superficies de los supermercados, como lo pueden constatar los consumidores, de a pie, que semanalmente ven disminuida su capacidad adquisitiva. La variación porcentual acumulada del primer trimestre de 2009 en Tunja supera el agregado del país: 1,92 frente a 1,78 por ciento.
Resulta preocupante que en los principales grupos que integran la canasta familiar, tales como alimentos, vestuario, salud, diversión y transporte, entre otros, Tunja se encuentre entre las diez ciudades en que la tendencia alcista de precios es incontenible.
PUNTO APARTE: Dentro de las 24 ciudades encuestadas por el Dane para medir el mercado laboral, Tunja ocupa un lugar intermedio. No obstante que los niveles de subempleo o “desempleo disfrazado”, no son tan dramáticos, la tasa de desempleo supera el promedio nacional, en el periodo de diciembre de 2009 y febrero de 2010: 15,3 frente al 13,8 por ciento. Surge la pregunta obligada: ¿Cuáles programas de estímulo a la generación de empleo están desplegando los gremios y la Alcaldía?
PUNTO FINAL: En la audiencia pública de rendición de cuentas realizada por la Gobernación, en que se recurrió a toda la pirotecnia estadística, ante la ausencia de indicadores de seguimiento del plan de desarrollo, al analizar la baja en los recaudos por el impuesto al cigarrillo el documento lo explica simplistamente atribuyéndoselo a que el Gobierno Nacional “no permitió fumar en recintos cerrados”. Asimismo, la caída de los ingresos provenientes de las regalías y del consumo de licor, se la endilga a la “crisis económica a nivel mundial”. ¡Eureka! ¡Qué genialidad!
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La reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
SUMAS & restas
Reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El 12 de abril la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó en el Senado el proyecto de ley que reforma, parcialmente, la Ley 30 de 1992. El foco de la reforma es el financiamiento de las 32 universidades públicas, consignado en los artículos 86 y 87, y con el cual se aspira a incrementar los giros de $2 a $6 billones entre 2011 y 2019 (el presupuesto de defensa y policía, $ 23 billones, sobrepasa al de educación: $ 20 billones). Este proyecto, según Ascun, la asociación que agrupa a 82 universidades colombiana, presuntamente, fue concertado con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE).
De los nueve artículos propuestos, tres son los que inciden en las sostenibilidad financiera. Si se parte de la premisa que desde la expedición de la ley la cobertura se ha expandido exponencialmente (entre 2002 y 2009 fue de 112 por ciento), mientras que los recursos transferidos lo hicieron de manera inercial (61 por ciento), lo que ha forzado a elevar el autofinanciamiento a través del cobro de matrículas. Resulta ilustrativo de la inequidad que si el aporte por estudiante de la Nación a la UPTC en 1993 fue de 6,5 millones en 2008 haya sido de $ 3,7 millones. El Ministerio de Educación (MEN) desistió desmontar el artículo 86, que prevé la asignación de aportes incrementales –en pesos constantes, según el IPC-a estas instituciones, preservando el esquema anterior. Lo novedoso de este proyecto es que modifica el artículo 87, que suponía una “bolsa concursable” repartida por el MEN –que se convierte en un todopoderoso asignador de recursos-, reemplazándola por recursos adicionales que dependerían del desempeño de la economía colombiana: a mayor crecimiento del PIB mayores recursos, que cubre un rango del 30 a 50 por ciento. Además se adicionarían otras partidas, que estarían condicionadas a indicadores como ampliación de cobertura con calidad –que saltaría de 35 a 50 por ciento-, cualificación docente, productividad académica y proyectos institucionales de investigación e innovación.
Simultáneo a lo anterior, el proyecto deroga el descuento del 2 por ciento de los aportes estatales y que se transfería al Icfes, que en la UPTC el año pasado fue de $ 1.683 millones. Dentro de la poda que se le hizo al articulado de la propuesta inicial se encuentra el intento –dentro de la pretensión gubernamental de promover la educación técnica y tecnológica a expensas de la formación universitaria- de equiparar al Sena con las demás instituciones educativas.
La aparente unanimidad de esta reforma fue rota por la posición asumida por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien el proyecto de ley “no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior”. La estructura de costos está rezagada de los restringidos ingresos, lo que ha derivado en un modelo de creciente autofinanciamiento y subsidio a la demanda, vía créditos educativos del Icetex y de instituciones bancarias, que no se compensa con el Fondo de permanencia estudiantil, que buscaría contrarrestar la deserción la cual supera el 45 por ciento.
OTROSÍ: La Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación afirma que no es cierto que el cumplimiento del programa de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2009, sea del 14,7 por ciento. Estamos de acuerdo. Hubo un gazapo estadístico. Este fue menor. El cumplimiento acumulado fue tan solo de 6,5 por ciento (página 174 del Balance de Gestión). El referente es el plan de cuatrienal de inversiones consolidado no el POAI.
POSDATA: Hay que desuribizar la campaña presidencial. A pesar de la neurósis furibista es inatajable la ola verde. Los $ 22.000 millones malgastados en los 305 consejos comunales no pueden desvirtuar –como lo revelan las encuestas- que la esperanza vencerá al miedo.
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Reforma al financiamiento de las universidades: ¿un paliativo?
Edilberto Rodríguez Araújo - Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El 12 de abril la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, radicó en el Senado el proyecto de ley que reforma, parcialmente, la Ley 30 de 1992. El foco de la reforma es el financiamiento de las 32 universidades públicas, consignado en los artículos 86 y 87, y con el cual se aspira a incrementar los giros de $2 a $6 billones entre 2011 y 2019 (el presupuesto de defensa y policía, $ 23 billones, sobrepasa al de educación: $ 20 billones). Este proyecto, según Ascun, la asociación que agrupa a 82 universidades colombiana, presuntamente, fue concertado con los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE).
De los nueve artículos propuestos, tres son los que inciden en las sostenibilidad financiera. Si se parte de la premisa que desde la expedición de la ley la cobertura se ha expandido exponencialmente (entre 2002 y 2009 fue de 112 por ciento), mientras que los recursos transferidos lo hicieron de manera inercial (61 por ciento), lo que ha forzado a elevar el autofinanciamiento a través del cobro de matrículas. Resulta ilustrativo de la inequidad que si el aporte por estudiante de la Nación a la UPTC en 1993 fue de 6,5 millones en 2008 haya sido de $ 3,7 millones. El Ministerio de Educación (MEN) desistió desmontar el artículo 86, que prevé la asignación de aportes incrementales –en pesos constantes, según el IPC-a estas instituciones, preservando el esquema anterior. Lo novedoso de este proyecto es que modifica el artículo 87, que suponía una “bolsa concursable” repartida por el MEN –que se convierte en un todopoderoso asignador de recursos-, reemplazándola por recursos adicionales que dependerían del desempeño de la economía colombiana: a mayor crecimiento del PIB mayores recursos, que cubre un rango del 30 a 50 por ciento. Además se adicionarían otras partidas, que estarían condicionadas a indicadores como ampliación de cobertura con calidad –que saltaría de 35 a 50 por ciento-, cualificación docente, productividad académica y proyectos institucionales de investigación e innovación.
Simultáneo a lo anterior, el proyecto deroga el descuento del 2 por ciento de los aportes estatales y que se transfería al Icfes, que en la UPTC el año pasado fue de $ 1.683 millones. Dentro de la poda que se le hizo al articulado de la propuesta inicial se encuentra el intento –dentro de la pretensión gubernamental de promover la educación técnica y tecnológica a expensas de la formación universitaria- de equiparar al Sena con las demás instituciones educativas.
La aparente unanimidad de esta reforma fue rota por la posición asumida por el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien el proyecto de ley “no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior”. La estructura de costos está rezagada de los restringidos ingresos, lo que ha derivado en un modelo de creciente autofinanciamiento y subsidio a la demanda, vía créditos educativos del Icetex y de instituciones bancarias, que no se compensa con el Fondo de permanencia estudiantil, que buscaría contrarrestar la deserción la cual supera el 45 por ciento.
OTROSÍ: La Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación afirma que no es cierto que el cumplimiento del programa de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2009, sea del 14,7 por ciento. Estamos de acuerdo. Hubo un gazapo estadístico. Este fue menor. El cumplimiento acumulado fue tan solo de 6,5 por ciento (página 174 del Balance de Gestión). El referente es el plan de cuatrienal de inversiones consolidado no el POAI.
POSDATA: Hay que desuribizar la campaña presidencial. A pesar de la neurósis furibista es inatajable la ola verde. Los $ 22.000 millones malgastados en los 305 consejos comunales no pueden desvirtuar –como lo revelan las encuestas- que la esperanza vencerá al miedo.
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