Sumas & restas
Boyacá: ¿para seguir creciendo?
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
Son tiempos de rendición de cuentas. Comienza la cuenta regresiva de las administraciones locales y departamentales y éstas se encuentran empeñadas en mostrar sus resultados, no siempre satisfactorios. El Gobernador Rozo y su equipo de colaboradores presentaron, en una maratónica jornada su “informe de gestión” sustentado en su plan de desarrollo “¡Para seguir creciendo!” (2008-2011), cuya inversión proyectada se situó en $ 2,7 billones, habiéndose ejecutado hasta el 2010 proyectos en los cuatro componentes o ejes –y los 22 sectores que los conforman- $ 2,3 billones, estimándose el grado de cumplimiento en 88,5 %. No obstante que el presupuesto del Gobierno departamental se ha venido incrementando hasta bordear el billón de pesos, como resultado del incremento de los recursos propios generados que representan alrededor de una quinta parte de los ingresos administrados, aún sigue siendo determinante los giros de la Nación, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y las regalías provenientes de la explotación y transporte de los recursos naturales no renovables, fuentes que acaparan el 75 por ciento del gasto público departamental. Dentro de la inversión comprometida la mayor proporción es absorbida por el denominado gasto social (educación, salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) equivalente al 84 por ciento.
Al juzgar el seguimiento y evaluación de los logros obtenidos, pese a que no se no se incluyen explícitamente los indicadores de producto ni de resultados –contrastando la línea base con la meta puntual, para efectuar su medición-, no habría motivo de preocupación, así existan rezagos en construcción de vivienda, recuperación del medio ambiente y fortalecimiento institucional, el plan arroja un cumplimiento del 75, 2 por ciento. Empero, si se analiza de cerca la composición del gasto se encontrará que, contrario a una conclusión simplista, el bosque no permite ver los árboles. Los cuatro componentes que estructuran el plan han tenido una ejecución desigual. En el componente de “desarrollo sostenible”, sólo se ha ejecutado el 50,6 por ciento de lo previsto en el sector agropecuario de la inversión cuatrienal, en tanto que uno de los pivotes de la administración departamental, el desarrollo económico, sólo se ha invertido el 32,2 por ciento. Si se presume que el destinatario de la inversión social es la población boyacense sorprende que en la dimensión “desarrollo social incluyente” dos sectores relevantes como el llamado “desarrollo social” y vivienda habían logrado un avance de 42,5 y 29,6 por ciento, respectivamente.
OTROSÍ: Aún no se conocen las cifras sobre el crecimiento de la economía departamental de los últimos dos años. Cuando asumió en 2007 el Gobernador Rozo la economía crecía a un ritmo de 9,4 por ciento; un año después, en 2008, el crecimiento descendió a 3,4 por ciento, lo que pone en entredicho su lema “¡Para seguir creciendo!”. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años? Baste decir que la inversión empresarial se contrajo en -7,2 y -52 por ciento, respectivamente. Todos los sectores, excepto la minería y la industria manufacturera, se desplomaron.
COLOFON: La reforma universitaria transformará a las universidades sin ánimo de lucro en sinónimo de lucro.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
martes, 19 de abril de 2011
Reforma universitaria a rajatabla
SUMAS & restas
Reforma universitaria a rajatabla
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno, a través del nuevo Plan de Desarrollo, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50 por ciento –siendo el mismo indicador fijado por el pasado Gobierno para 2019-, aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos). Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el MEN, de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de un millón a 1,5 millones (representando el segmento de universidades el 60,6 por ciento), significando un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5 por ciento. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos –nivel similar al que busca el actual Gobierno- se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8 por ciento. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 por ciento) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupante pues los profesores de planta son una proporción marginal) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55 por ciento, en promedio, de los profesores eran de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales (u ocasionales) y catedráticos. En las universidades públicas esta proporción era de 52,7 por ciento de los, aproximadamente, 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado, es, no sólo la renuncia del Estado colombiano de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
OTROSÍ: la exótica perla del proyecto: los consejos superiores de las universidades públicas nacionales, como la UPTC, estarán presididos por los gobernadores. El de Boyacá casi nunca asiste. ¿Qué pasará, entonces?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Reforma universitaria a rajatabla
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
El Gobierno, a través del nuevo Plan de Desarrollo, pretende aumentar la cobertura bruta en educación superior en los próximos cuatro años de 35 a 50 por ciento –siendo el mismo indicador fijado por el pasado Gobierno para 2019-, aumentando los cupos en 480.000 estudiantes (645.000, según los ajustes introducidos). Esta meta se entrecruza con la seudoreforma a la Ley 30 de 1992, cuyo núcleo duro es la menguante financiación estatal y las fuentes complementarias, en la que el MEN, de manera precipitada ha propuesto la constitución de instituciones educativas “mixtas” con ánimo de lucro, sin exceptuar el capital extranjero.
La premisa sobre la que se sustenta la meta gubernamental es que con la inclusión de inversionistas privados, como en cualquier servicio público dado en concesión, es posible ampliar la cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica. En el intervalo 2001-2009 la población estudiantil saltó de un millón a 1,5 millones (representando el segmento de universidades el 60,6 por ciento), significando un incremento en la cobertura bruta de 24,5 a 35,5 por ciento. Si para elevar en medio millón de cupos y once puntos –nivel similar al que busca el actual Gobierno- se requirieron ocho años, aumentarlo en quince puntos en cuatro años, es un sobredimensionamiento de las posibilidades. Algo más: de la matrícula total las instituciones oficiales contribuyen con tan sólo el 55,8 por ciento. Las 32 universidades públicas, foco de la eventual inversión privada, captaban cerca de 455.000 estudiantes (46,5 por ciento) del espectro universitario, el cual bordea el millón de personas.
La propuesta gubernamental soslaya una situación inobjetable: el crecimiento de la planta docente de pregrado (la de los posgrado es aún más preocupante pues los profesores de planta son una proporción marginal) va a la zaga de la expansión de la oferta de programas académicos. Sólo el 55 por ciento, en promedio, de los profesores eran de tiempo completo y medio tiempo, el resto es contratado como temporales (u ocasionales) y catedráticos. En las universidades públicas esta proporción era de 52,7 por ciento de los, aproximadamente, 20.000 profesores.
La intención del Gobierno de involucrar capital privado, es, no sólo la renuncia del Estado colombiano de garantizar la financiación pública, sino también la prevalencia de la lógica del mercado, restringiendo el acceso a la universidad de miles de bachilleres (en 2010 fueron 625.466). Contrario a lo que sostiene el MEN, la cooperación Universidad-Empresa-Estado viene de tiempo atrás en proyectos conjuntos de investigación y proyección social, siendo la docencia un territorio vedado.
Las universidades con ánimo de lucro traerán la proliferación de más universidades de garaje, en que la calidad será la primera sacrificada. Los fondos de becas en las universidades privadas son restringidos y el acceso al crédito educativo es laberíntico y oneroso.
OTROSÍ: la exótica perla del proyecto: los consejos superiores de las universidades públicas nacionales, como la UPTC, estarán presididos por los gobernadores. El de Boyacá casi nunca asiste. ¿Qué pasará, entonces?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
miércoles, 16 de marzo de 2011
El espejismo del plan de desarrollo
SUMAS & restas
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
EL ESPEJISMO DEL PLAN DE DESARROLLO
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
En los próximos días concluirá el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos 2010-2014”, anticipándose que el 5 de mayo sea aprobado, por parte de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes. Como ocurrió con los diez anteriores, se ha señalado que en los 170 artículos que propuso el Gobierno Nacional hay oculta toda especie simiesca de orangutanes, como la reforma al impuesto predial y la “resurrección” de las tan cuestionadas “vigencias futuras” (artículo 10).
Este plan prevé una inversión pública de $ 564 billones y busca, una vez más, corregir la brecha interregional para apostarle a la esquiva convergencia regional. La persistencia de las desigualdades entre los departamentos del país se ha vuelto un detalle paisajístico más de la cartografía del país. Derrotada la propuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de regionalizar al país, a partir del denominado Indicador de Desarrollo Endógeno (IENDOG) que agrupa a los 1.102 municipios en seis zonas “homogéneas”, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazorinoquía y Pacífico, se impuso la anacrónica división político-administrativa de los 32 departamentos más Bogotá D.C. Mientras la primera tipología se basaba en la figura del municipio, haciendo que municipios de un mismo departamento se adscribieran a “zonas” distintas; la segunda clasificación sustentada en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), fue la acogida. Prevaleció el pragmatismo sobre la utopía de una configuración en la que la figura de región sigue estando ausente y el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial es un comodín de los últimos gobiernos para apaciguar el malestar regional.
La distribución de la inversión pública para este cuatrienio continúa siendo inequitativa. No obstante que el referente es el indicador de NBI, el reparto de los recursos no favorece a los departamentos con mayores carencias y menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sino, por el contrario, a los más prósperos y con menor tamaño poblacional.
Para validar esta hipótesis, baste decir que mientras Boyacá con el 2,8 por ciento de la población del país recibirá el 3,1 por ciento de la inversión proyectada; Casanare, el departamento vecino con tan sólo el 0,7 por ciento de la población será receptor del 2,4 por ciento, con el agravante de que el PIB per cápita del primero es de $ 9 millones y el del segundo $ 40,7 millones. Sin embargo, el NBI del departamento petrolero se sitúa en 35,5 por ciento en tanto que el de Boyacá es de 30,8 por ciento.
De otro lado, el Gobierno Nacional considera como un componente de la inversión pública los recursos del sector privado (40 por ciento, cifra similar a la que corresponde a Boyacá) volcados hacia proyectos minero-energético, concesiones en infraestructura de transporte, telecomunicaciones y vivienda urbana, asociados a las “locomotoras del crecimiento”, tratándose de recursos complementarios e inciertos, pues dependen de la rentabilidad de los proyectos. De allí resulta que la cuantía de la inversión está inflada.
OTROSÍ: Dentro del PND el Gobierno aspira a elevar la cobertura en educación superior de 35 a 50 por ciento. En ese horizonte anunció que se recurrirá a la financiación privada convirtiendo así a las universidades en instituciones con ánimo (sinónimo) de lucro. ¿Privatización encubierta?
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
Lenta recuperación industrial
SUMAS & restas
Lenta recuperación industrial
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
No obstante que la industria manufacturera es el sector que mayor capacidad de arrastre tiene en la economía, paradójicamente, no es una de las cinco “locomotoras” del crecimiento propuestas por el Gobierno Nacional. Por primera vez, pese a que tienen una cobertura distinta, dos fuentes, una gubernamental y otra gremial, coinciden en sus estimativos. Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane el sector industrial creció en 2010 en 4,7 por ciento revirtiendo el pésimo comportamiento de esta actividad en el 2009 cuando decreció en -5,5 por ciento. De otro lado, la poderosa agremiación Andi, que agrupa a los grandes conglomerados del país encontró, a partir de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la producción de las empresas manufactureras aumentó el año pasado en 4,5 por ciento.
Pero, el desempeño de la producción no siempre va acompañada de un repunte en el empleo, el que va a la zaga del primero, debido a la reducida absorción de mano de obra en muchos procesos automatizados, en donde prevalece una relación capital/trabajo muy alta o debido a un creciente nivel de capacidad instalada ociosa (la que ha oscilado en 25 por ciento). Como evidencia de ello en el 2010 el empleo disminuyó en -1,1 por ciento. Como podría presumirse la trayectoria de las ventas debe estar alineada con la producción, salvo que se registren elevados niveles de inventarios. Es revelador de esta situación que tan sólo el 15 por ciento de los entrevistados reportaba niveles altos de acumulación de mercancías. Como un síntoma de la reactivación industrial las ventas aumentaron en 3,8 por ciento como resultado del repunte de las ventas de vehículos automotores. Las grandes empresas encuestadas por la Andi vendieron en 2010 4,9 por ciento más que el año anterior.
Indudablemente que el sector industria experimenta un buen momento. Esto se refleja en las expectativas empresariales. De acuerdo a la Andi –que quizá no se puede extrapolar a la pequeña y mediana empresa azotada por la revaluación del peso- el 70 por ciento de los empresarios consideraban su entorno de negocios como bueno; en contraste con los registrado en 2009 cuando esta proporción era de 57 por ciento. Los principales problemas identificados por éstos eran el manejo del tipo de cambio, la volatilidad de la demanda y la obtención de materias primas, factores que representaban un poco más del 40 por ciento. Al parecer la recuperación industrial va a permitir que la economía crezca en 2011 a un ritmo de 4,5 por ciento. En Boyacá resulta un indicio alentador el hecho de que la inversión neta en la industria haya aumentado en 2010 en 11,3 por ciento como consecuencia de la aceleración del crecimiento del capital invertido en Sogamoso.
OTROSÍ: En Tunja coincide una antifuncional ampliación de andenes y una malla vial deteriorada. Los megahuecos brotan, aquí y allá. El pavimento es de dudosa calidad y los contratistas ídem. La ineficiencia del Alcalde es proporcional a su incontinencia verbal. Como dice la canción: puro buchipluma na’má.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
Lenta recuperación industrial
Edilberto Rodríguez Araújo- Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC
No obstante que la industria manufacturera es el sector que mayor capacidad de arrastre tiene en la economía, paradójicamente, no es una de las cinco “locomotoras” del crecimiento propuestas por el Gobierno Nacional. Por primera vez, pese a que tienen una cobertura distinta, dos fuentes, una gubernamental y otra gremial, coinciden en sus estimativos. Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane el sector industrial creció en 2010 en 4,7 por ciento revirtiendo el pésimo comportamiento de esta actividad en el 2009 cuando decreció en -5,5 por ciento. De otro lado, la poderosa agremiación Andi, que agrupa a los grandes conglomerados del país encontró, a partir de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la producción de las empresas manufactureras aumentó el año pasado en 4,5 por ciento.
Pero, el desempeño de la producción no siempre va acompañada de un repunte en el empleo, el que va a la zaga del primero, debido a la reducida absorción de mano de obra en muchos procesos automatizados, en donde prevalece una relación capital/trabajo muy alta o debido a un creciente nivel de capacidad instalada ociosa (la que ha oscilado en 25 por ciento). Como evidencia de ello en el 2010 el empleo disminuyó en -1,1 por ciento. Como podría presumirse la trayectoria de las ventas debe estar alineada con la producción, salvo que se registren elevados niveles de inventarios. Es revelador de esta situación que tan sólo el 15 por ciento de los entrevistados reportaba niveles altos de acumulación de mercancías. Como un síntoma de la reactivación industrial las ventas aumentaron en 3,8 por ciento como resultado del repunte de las ventas de vehículos automotores. Las grandes empresas encuestadas por la Andi vendieron en 2010 4,9 por ciento más que el año anterior.
Indudablemente que el sector industria experimenta un buen momento. Esto se refleja en las expectativas empresariales. De acuerdo a la Andi –que quizá no se puede extrapolar a la pequeña y mediana empresa azotada por la revaluación del peso- el 70 por ciento de los empresarios consideraban su entorno de negocios como bueno; en contraste con los registrado en 2009 cuando esta proporción era de 57 por ciento. Los principales problemas identificados por éstos eran el manejo del tipo de cambio, la volatilidad de la demanda y la obtención de materias primas, factores que representaban un poco más del 40 por ciento. Al parecer la recuperación industrial va a permitir que la economía crezca en 2011 a un ritmo de 4,5 por ciento. En Boyacá resulta un indicio alentador el hecho de que la inversión neta en la industria haya aumentado en 2010 en 11,3 por ciento como consecuencia de la aceleración del crecimiento del capital invertido en Sogamoso.
OTROSÍ: En Tunja coincide una antifuncional ampliación de andenes y una malla vial deteriorada. Los megahuecos brotan, aquí y allá. El pavimento es de dudosa calidad y los contratistas ídem. La ineficiencia del Alcalde es proporcional a su incontinencia verbal. Como dice la canción: puro buchipluma na’má.
E-mail: palimpsesto@hotmail.com http://palimpsesto21.blogspot.com/
Twitter: @zaperongo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)